Entre la octava y la novena marcha indígena, apenas transcurrieron seis meses y si bien el movimiento indígena no protagonizó ningún tipo de movilización en este periodo inter-marcha, su dirigencia se mantuvo muy activa tanto en las dinámicas orgánicas al interior del movimiento, como en las acciones enfocadas a contrarrestar la arremetida del poder gubernamental que busca materializar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos atravesando el TIPNIS.

La renuencia de parte del gobierno a emitir el Reglamento de la Ley 180 de protección al TIPNIS, reanimó las tensiones post octava marcha indígena. Pero el antecedente que motivó una nueva movilización de los pueblos indígenas a través de la novena marcha, fue la promulgación de la Ley 222 de consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, como decisión unilateral del gobierno en una fase extemporánea del proyecto carretero.

Desde entonces y hasta el inicio de la novena marcha, tanto para el gobierno como para la dirigencia indígena, fue un periodo de intenso despliegue de estrategias dirigidas a posicionar sus argumentos ante la opinión pública. Además, el gobierno buscó por varios medios evitar esta marcha, mientras que la organización indígena se esforzó en mantener el estado de alerta entre el movimiento indígena.

La estrategia del gobierno

La VIII Marcha Indígena fue una acción colectiva que pese a las vicisitudes sufridas en el trayecto de su recorrido, tuvo una culminación contundente, logro este que dejó al gobierno en una condición política incómoda. Ante esta situación, una primera contraofensiva del gobierno dirigida a despojar al movimiento indígena de su victoria, fue la de utilizar la marcha del CONISUR para intentar retroceder el conflicto a su punto inicial, manejando para ello una elaboración discursiva en sentido que una parte de los indígenas del TIPNIS piden carretera y otros se oponen a la misma, haciendo ver por consiguiente, que la (post) consulta es la única salida del conflicto.

Recordemos que la demanda de la marcha del CONISUR (comunidades indígenas en proceso de asimilación por el sistema sindical del sector cocalero), fue la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos a través del TIPNIS y para ello plantearon como condición previa la anulación de la Ley 180 de protección al TIPNIS. La postura de esta marcha en ningún momento planteó la consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS y por ello su disconformidad ante los resultados plasmados en la Ley 222. No obstante, el gobierno fue muy hábil en mostrar la (post) consulta como una propuesta de la marcha del CONISUR y por tanto como el argumento central para la implementación de la misma.

En base a esos antecedentes es que el gobierno ha iniciado su estrategia de consulta “previa” en las comunidades del TIPNIS, con todo un despliegue prebendal dirigido a lograr un resultado favorable a la construcción de la carretera a través de este territorio indígena. Sin lugar a duda, la presencia del Estado en las comunidades del TIPNIS, pese a que el gobierno señala que se trata únicamente de una reparación histórica de su ausencia en esta zona, está directamente vinculada a los resultados pretendidos por el gobierno en la implementación de la post consulta.

Pero además, este emprendimiento de prebendalización de las comunidades del TIPNIS, el Estado lo está encarando de manera articulada entre los tres niveles de gobierno formal, es decir, el gobierno nacional, el gobierno departamental del Beni y el gobierno municipal de San Ignacio de Mojos (municipio este donde se encuentra el TIPNIS), gobiernos estos que coincidentemente en la actualidad están controlados por el partido de gobierno (MAS). Tres niveles del Estado que suman recursos económicos y aúnan esfuerzos logísticos y humanos para incursionar en el TIPNIS por agua y aire, sin el menor intento de coordinación previa con las organizaciones indígenas matrices.

Sin embargo el gobierno no sólo concentró esfuerzos en aplicar la post consulta, direccionando los resultados a través de una costosa campaña al estilo electoral, sino que además desplegó una estrategia de carácter también prebendal, dirigida a neutralizar a las organizaciones indígenas, especialmente las de carácter regional. Con ese fin logró firmar los llamados “acuerdos programáticos” con varias de las regionales que conforman la CIDOB, los cuales consisten en acordar vía compromiso firmado, la implementación de políticas públicas específicas como si estas no fuesen responsabilidad permanente del Estado. Pero acordado así, el gobierno logra la abstención tácita de estas organizaciones a participar en la IX Marcha Indígena, como un plus a su favor. De ahí que muchos de los dirigentes indígenas de nivel regional que encaminaron con firmeza la octava marcha, ahora se muestran escépticos y algunos incluso críticos a esta nueva movilización, pese a que los objetivos de ambas marchas son prácticamente los mismos.

Con estas acciones el gobierno inaugura un nuevo episodio histórico, basado en la prebendalización de las relaciones Estado organizaciones indígenas, paradójicamente encarado por un gobierno que sabe mucho de las dinámicas orgánicas, puesto que fue precisamente a través de estos espacios organizativos que se erigieron políticamente. La finalidad inmediata de esta estrategia es sin duda debilitar el movimiento indígena y por esa vía deslegitimar la IX Marcha Indígena.

Es probable que la fracasada campaña mediática del gobierno dirigida a desprestigiar a la dirigencia indígena durante la VIII Marcha Indígena, ahora haya sido sustituida por la estrategia de cooptación velada de dirigentes a través de los señalados “acuerdos programáticos”, al parecer, en vista que no pudo destruirlos, ahora busca ponerlos de su lado. Pero también es claramente perceptible que el gobierno abandonó su discurso de hostigamiento a la octava marcha indígena, pues ahora exhibe un discurso de aparente tolerancia, enfatizando garantías a la marcha y reconociendo el derecho a la movilización, aunque este discurso se contradice con su actitud asumida con otras movilizaciones sectoriales que se dan en el país, donde no escatima la represión y la penalización de dichas movilizaciones.

Finalmente, el anuncio de la anulación del contrato con la constructora OAS y la modificación de la Ley 222 en sentido de ampliar el plazo de implementación de la post consulta en el TIPNIS, fue también un intento por frenar la IX Marcha Indígena, ante la evidencia que si bien logró neutralizar a dirigentes de organizaciones de nivel regional, algunas de las bases de estas organizaciones tomaron una decisión distinta.

La estrategia indígena

La dirigencia indígena continuó privilegiando en su agenda orgánica la defensa del TIPNIS y lo hizo enfocando acciones dirigidas tanto al interior del movimiento indígena como al relacionamiento con la opinión pública a través de los medios de comunicación y otros espacios de debate sobre la temática.

El contacto con las comunidades del TIPNIS fue priorizado por la dirigencia tanto de nivel territorial, regional y nacional, es decir la Subcentral Indígena del TIPNIS, la CPEM-B y la CIDOB. En ese sentido, la mayor parte de la dirigencia de estos tres niveles orgánicos, organizó un recorrido por las comunidades del TIPNIS con el fin de evaluar la VIII Marcha Indígena, socializar el alcance de la Ley 180 y recoger el punto de vista y la postura de la población de base respecto al conflicto de este territorio indígena.

Este desplazamiento por las comunidades del TIPNIS demandó a la dirigencia indígena un tiempo de dedicación ininterrumpida de cerca de un mes. Un primer resultado de este recorrido en favor de la organización indígena, fue la recuperación de su rol de vocería de estas comunidades, la cual había sido prácticamente arrebatada por el gobierno, recordemos que éste reiteraba que el conflicto del TIPNIS era un invento de la dirigencia, puesto que las comunidades estaban a favor de la construcción de la carretera y la población de este territorio más bien demandaba el paso de la carretera por sus respectivas comunidades, hecho que luego fue desmentido de manera contundente en el XXX Encuentro de Corregidores del TIPNIS.

Pero mientras la dirigencia de la CIDOB volcaba su esfuerzo al contacto con las comunidades del TIPNIS, el gobierno, valiéndose de su enorme capacidad logística y disponibilidad presupuestaria, no sólo contrarrestaba en este mismo escenario territorial a través de las acciones prebendales ya señaladas, sino que también intensificaba el contacto con organizaciones indígenas en otras regiones del país con el fin de hacerlas desistir de su participación en la IX Marcha Indígena, vía los “acuerdos programáticos”. Para la CIDOB, esta última situación quedó prácticamente fuera de control.

Una segunda acción emprendida por la organización indígena como resultado del recorrido por las comunidades del TIPNIS, fue la realización del XXX Encuentro de Corregidores del TIPNIS, este Encuentro prácticamente invalidó la agresiva campaña de desinformación realizada por el gobierno, en sentido que la (post)consulta establecida en la Ley 222, respondía a la demanda de las comunidades de este territorio. Pues el Encuentro de Corregidores del TIPNIS emitió su rechazo a la realización de dicha consulta por su carácter extemporáneo y en vista del empeño del gobierno por aplicarla con el fin de materializar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos atravesando el TIPNIS, este evento orgánico determinó la realización de la IX Marcha Indígena.

Otra de las estrategias asumidas por la organización indígena durante este periodo comprendido entre la octava y novena marcha, fue el fortalecimiento de sus alianzas con otros sectores orgánicos del país, como el CONAMAQ, la COB y otros, quienes comprometieron su participación en la IX Marcha Indígena. Esta acción sin duda fortalecerá la proyección nacional de la defensa del TIPNIS.

Un acierto de la dirigencia indígena en su contacto con la opinión pública, es que supo proyectar la dimensión medioambiental de la defensa del TIPNIS. Pues ahora más que antes, para la percepción de la población en general no sólo se trata de la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su hábitat, sino que es también una lucha por el medio ambiente en bien de todos. Por tanto el respeto del TIPNIS es cada vez más una demanda nacional.

Finalmente, la defensa del TIPNIS, tanto en su dimensión académica como ideológica y política, ya ha transcendido las fronteras del país y es por ello que en las reflexiones académicas y los debates medioambientales en distintos escenarios del planeta, tal como en su momento lo fue la guerra del agua, esta lucha se ha constituido en el caso TIPNIS, un ícono referencial de resistencia, de dignidad en la defensa de los derechos, de coraje por ponerse al frente del modelo de desarrollo que nos impone el sistema capitalista.

* Sociólogo de CIPCA Beni.