Luego de que el gobierno decretara el incremento salarial del 8% para el 2012 y anunciara la “nacionalización” de la empresa transportadora de electricidad, el secretario político del Movimiento Sin Miedo (MSM) Edwin Herrera sostuvo que la primera medida expresa el “estatismo populista burocrático” del gobierno y señaló que lo ocurrido con el paquete accionario de la española SAU culminará en la venta de acciones con ganancias para esa compañía internacional.

“Este magro incremento salarial se explica en el estatismo populista burocrático del gobierno que se traduce en el incremento de más del 100% de los empleados públicos en el país, es decir de 76 mil a 150 mil funcionarios estatales entre el 2006 y el 2010, cantidad que significa un aumento en el gasto burocrático de más del 280%, de 7.379 millones de bolivianos en el 2006 a 20.766 millones de bolivianos el 2010, destinados al pago de sueldos y salarios de la burocracia estatal”, dijo Herrera.

Explicó que en “Las 12 tareas urgentes para el 2012”, presentadas por su partido a principios de este año se planteó al gobierno el “reordenamiento del gasto del Tesoro General del Estado” para frenar el incremento del gasto burocrático producto de la creación de nuevos empleos públicos, que es el motivo de fondo que impide mayores incrementos salariales para los sectores asalariados del país.

“Con esta decisión autoritaria se está abortando el proceso de diálogo con la Central Obrera Boliviana y se opta por la imposición de un porcentaje que no satisface las necesidades inmediatas de miles de trabajadores y trabajadoras del país”, comentó.

En cuanto a la “nacionalización” de la empresa transportadora de electricidad SAU, Herrera afirmó que se trata de una supuesta nacionalización que más temprano que tarde se traducirá en la compra de acciones, lo que constituye una expresión del “capitalismo burocrático del gobierno que está fracasando en el 90% de las empresas públicas por la falta de eficiencia y transparencia y porque se han convertido en mecanismos de prebendalización de sectores afines al MAS”.

“Esta última supuesta nacionalización no es una buena señal para la economía nacional porque se sigue postergando la construcción, tal como establece la Constitución, de una economía plural en la que tengan participación el sector público, el sector privado y el sector comunitario”, señaló.

Por su parte, dl diputado de Convergencia Nacional por Santa Cruz Carlos Subirana calificó como una falsa nacionalización la toma de las instalaciones de la Transportadora de Electricidad (TDE) de capitales españoles, considerando que se trató de una simple compra de acciones concretado de muy mala manera.

“Hay que dejar algo en claro, no es una nacionalización, es una compra de acciones, porque la empresa va a seguir operando como una sociedad anónima… no sabemos cuánto va a pagar el Estado boliviano por esas acciones, y va a ser lo mismo que pasó con los hidrocarburos o con Entel”, enfatizó Subirana.

El también presidente de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados lamentó la forma en la que el gobierno llevó adelante la toma de las instalaciones de la TDE en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, con un gran despliegue de uniformados policiales y militares, con equipos de combate y armas de fuego, hecho que no ameritaba porque se trató una acción comercial, y que sólo consigue el descredito del país en el contexto internacional, socavando la posibilidad de nuevas inversiones internacionales.

Subirana reiteró que en la empresa supuestamente nacionalizada, la TDE en este caso, con capitales españoles, la REE, seguirá operando como accionista, al igual que el Estado boliviano, “por eso no es una nacionalización, nos engañan comprando sus acciones no sabemos a qué precio y ahora pedimos transparencia y que el pueblo boliviano pueda saber cuánto se han pagado por esas acciones”.

El MSM plantea retomar la visión de economía plural

El MSM propuso al gobierno retomar la visión de la economía plural, establecida en la Constitución Política del Estado, ante el anuncio de cuatro nuevas empresas estatales y cumplir con su obligación constitucional de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que le brinde al país una mirada plurianual en cuanto a inversiones y presupuestos del Estado.

El principal dirigente del MSM Juan Del Granado dijo que el gobierno debe retomar la visión de la economía plural “en la que los bolivianos sepamos claramente qué hará la inversión pública en términos de promoción productiva, cómo se establecerá encadenamientos con la inversión privada nacional y extranjera, con el área de la economía comunitaria y con el área cooperativista”.

“El gobierno cree que la solución es invertir dinero en la creación de empresas estatales sin ningún tipo de proyectos, estudios de prefactibilidad y que, por lo mismo, devienen en proyectos deficitarios, prebendales, para dar empleos a los militantes del partido de gobierno, y con elementos de corrupción como ocurrió en Yacimientos, Papelbol y en otros lugares”, sostuvo el líder del MSM.

La nueva Constitución Política del Estado establece el despliegue de un sistema de economía plural y, en contra de lo dispuesto por la Carta Magna, el gobierno viene incentivando la creación de empresas estatales en una visión de “estatimo extremo” que, según Del Granado, aleja al gobierno de cualquier visión integral de desarrollo.

Del Granado recordó que el MSM reveló que el país no cuenta con una brújula económica porque concluyó la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011 y hasta la fecha no se aprueba otro plan que contenga una visión quinquenal o de mediano plazo para que el país conozca hacia dónde va en términos económico-productivos. “Además, le hemos exigido al gobierno un plan de inversión plurianual para que no solamente sepamos que este año tendremos una inversión de 5 mil millones de dólares, sino cuánto invertirá este gobierno hasta el 2014”, declaró Del Granado a Erbol.

Según el líder del MSM, sólo con el Plan Nacional de Desarrollo y la inversión plurianual, la comunidad sabrá qué proyectos estructurales en materia productiva, de industrialización, de generación de empleos y de infraestructura se cumplirán hasta el 2014 y “no a partir de improvisaciones como la que está debatiendo la Asamblea Legislativa de 1.200 millones de dólares adicionales para proyectos inventados en la Cumbre Social y en la reunión de gabinete”.