Como si dijera la verdad, el Presidente afirmó que los conflictos sociales de estos días son nada. Por su parte, el Vicepresidente poco menos que saludó las acciones de los trabajadores y profesionales de la salud, en particular, las que considera apropiadas en la hora de cambios.

Lo menos que esperamos del primer ciudadano boliviano es que lea bien y muy bien la realidad, para lo que podría recibir ayuda de sus consejeros, lo que no sería demérito alguno. Ante un conflicto, lo que aprendió el Presidente cuando ejerció como dirigente sindical le tendría que llevar a preocuparse (él prefiere hablar de ocuparse en vez de preocuparse); un conflicto concebido como oportunidad para solucionar problemas, según los que abrazan la teoría y la práctica del conflicto. Para nosotros, lo que vemos o protagonizamos estas semanas es un momento de la lucha de clases, teoría y la práctica que es una locomotora de la historia, pese a los que menosprecian o niegan ese factor esencial del desarrollo de la humanidad.

Lo que dice el Vicepresidente, a propósito de los conflictos, simula un optimismo que dudamos sea real de ese personaje; optimismo que sería avanzado si la política gubernamental no diera lugar a que la gente del pueblo luche, ahora, por la atención de sus peticiones o para ejercer sus derechos. Las movilizaciones actuales debieran desplegarse para respaldar las medidas gubernamentales. En tiempos de revolución o de reformas (éstas son las de este tiempo) mucho mejor que trabajadores y pueblo estén en movimiento permanente, y éste debiera ser el rasgo avanzado en la conducta de explotados y oprimidos, pero eso es lo que no sucede.

Arrecia la lucha de los de abajo en nuestro país porque el gobierno, a pesar de su autodefinición como democrático y popular, desarrolla una política que sirve abiertamente a los pequeños y medianos propietarios (los que es dudoso que quieran la propiedad social de los medios de producción, como de la tierra), en perjuicio de los indígenas que buscan preservar la propiedad colectiva sobre el territorio, como el TIPNIS. El gobierno actual, formalizó una alianza con los empresarios grandes y los dueños de las transnacionales como los que invierten y ganan a raudales en mina San Cristóbal, con lo que el Presidente consiguió socios en vez de patrones, y entre los resultados de ese entendimiento, en desarrollo tácito desde hace tiempo, se cuentan las utilidades dobles o triples de los empresarios, de los banqueros, según el Vicepresidente. El Presidente se ha dado la tarea de articular la nueva mayoría, la que debe interpretarse como la alianza con todos los que voten por su reelección a cambio de cuidar los intereses de los concernidos en la convergencia, alianza y unidad.

Los conflictos de estas semanas, a los que ningunea el Presidente, revelan que los actores de esas acciones ya no aceptan vivir con las restricciones de hace décadas, aunque se los convoque a que renuncien a legítimas reivindicaciones para aportar a un proceso de cambios y a un gobierno a los que, con certeza, sienten cada vez más ajenos y cada vez más contrarios a sus intereses. Además, el Presidente desestima llamar al pueblo a que trabaje sin paga, es decir, voluntariamente, como se lo hizo en verdaderos procesos revolucionarios (sábados rojos, trabajo voluntario; las mitas como aporte de los mineros bolivianos de otro tiempo).

Al contrario, el habitante del Palacio Quemado las últimas horas ha dicho que los trabajadores de la salud (médicos y salubristas) se niegan a trabajar 8 horas, pero no dijo que los dos bloques se niegan a laborar en forma gratuita porque no renuncian a ese principio nada nuevo de que por cada hora trabajada se debe pagar. El Presidente llegó a un extremo inadmisible cuando dijo que los que no quieren laborar las 8 horas en los hospitales se deben buscar otro trabajo. Añadió que más del 80 por ciento de ellos trabajan y que pocos sostienen una huelga contra 9 millones de bolivianos que la padecen. Y claro, el Presidente, como quien distribuye regalos que nada le cuestan, avisó que puede suspenderse la aplicación del reglamento de las ocho horas de trabajo en ese sector pero que el decreto supremo que pretende imponerlas sigue en vigencia. Sin el menor respeto por los huelguistas de hambre dijo que éstos hacen postas, que comen para que no sufran sus familiares, como lo hacían dirigentes de la COB en otro tiempo. Ante una omisión suya tendríamos que deducir que la única huelga de hambre real fue la de sus socios políticos del máximo sindicato de los profesores urbanos, los que sin que se haya aprobado el decreto supremo, que disponga la nivelación de los ingresos entre educadores de las ciudades y del campo, fueron destapiaron, abandonaron su ayuno y recibieron atención médica inmediata.

Nadie está obligado a trabajar gratis. Ese tipo de servidumbre acabó en Bolivia hace mucho tiempo y la nueva Constitución Política recoge ese principio que, como otros, es irrenunciable. Además, comprendemos cada vez mejor que una reforma de la salud tendrá, como uno de sus elementos, más tiempo de trabajo de médicos y salubristas, mayor número de los unos y de los otros, más recursos públicos para la construcción de más hospitales, más infraestructura médica, más remedios, más horas de trabajo y mejores sueldos y salarios. En realidad, la lucha de médicos y salubristas de estos días son datos, entre tantos otros, que ni siquiera se mencionan De otra parte es inaceptable que se pretenda, desde el gobierno, empezar una reforma de la salud con más horas de trabajo sin renumeración del personal de ese servicio por las dos horas adicionales.

El Presidente, aunque lo niegue, cree que los enfermos, los familiares de éstos y los seguidores suyos, sordos y ciegos, deben alzarse en contra de la huelga de médicos y salubristas, con el argumento de que los dirigentes de los huelguistas son de ultraderecha y, por tanto, opositores a los cambios y al gobierno.

Si de veras el conflicto del que escribimos es una oportunidad, el Presidente debe discutir a fondo el contenido y la forma de una reforma de salud con los actores de ese servicio. Y al menos debemos someterlo a otra prueba al primer mandatario para lo que le decimos: busque salidas democráticas y populares a la crisis de la salud.

Sobre la demanda de reposición salarial y/o aumento de ingresos que exige la COB, el Presidente ha dicho que el límite es el 8 por ciento de incremento salarial y que las finanzas públicas no permiten otro mayor. No queremos, a fin de este año, prestarnos dinero de algún organismo financiero internacional para pagar aguinaldos, ha dicho el Presidente.

Frente a esa realidad, que no la ponemos en duda, por qué los gobernantes han excluido de su lenguaje la necesidad de convocar a los verdaderos productores, los trabajadores, a ganar la batalla de la producción. Será más creíble que el fisco no tiene mejor capacidad para un aumento salarial superior al 8 por ciento si el Presidente suprimiera la mitad en sus viajes —y los gastos por tanto— dentro y fuera del país y si se evitan gastos en un museo de la revolución o en nuevas dependencias del palacio de gobierno porque esas obras son prescindibles en este momento.

Vemos que los conflictos son mucho más que nada y que el Presidente no tiene que alentar enfrentamientos entre grupos para solucionarlos. Y el principio: hora trabajada hora ganada, debe materializarse para salir del conflicto con el personal de salud. Servicio público para el que los gobernantes deben destinar más recursos y apuntar hacia una reforma de ese servicio.

* Periodista. Fuente: http://www.semanarioaqui.com