Al rememorarse el sexto aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 01-05.06, el vicepresidente Álvaro García y el ex ministro del sector y hoy presidente de YPFB, Carlos Villegas, deberían responder estas preguntas:

¿Cuándo harán conocer el informe final de la Ryder Scott sobre nuestras reservas de gas y petróleo? El informe parcial fue entregado hace un año y siete meses, en cuya oportunidad, Villegas dijo que los volúmenes finales serían conocidos en dos semanas

¿Cuándo difundirán las auditorias a las petroleras, mantenidas en reserva desde hace seis años? ¿No debieron usarse las auditorias, que demuestran el manejo doloso de las compañías (inversiones no realizadas, utilidades no declaradas, venta de gas de Repsol a Petrobrás, a espaldas de YPFB), lo que hubiera permitido suscribir en otras condiciones los contratos de octubre de 2006?

¿Por qué no ordenan a Repsol y a la Asamblea del Pueblo Guaraní que hagan conocer el convenio que firmaron, en marzo de 2011, por el que se crea un Fondo de Inversión de 14.4 millones de dólares, del que los indígenas de la zona perciben 140.000 dólares mensuales? (Ningún parlamentario ha pedido un informe sobre el tema. ¿Para qué sirve la Asamblea Plurinacional?) Ese abusivo acuerdo, suscrito con el patrocinio de Nizkor (vinculada a Rockefeller y Soros), ¿no obstaculizará la construcción del vital gasoducto entre los mega campos y el salar de Uyuni? ¿El citado convenio no es consecuencia del reconocimiento constitucional de 36 inexistentes naciones indígenas y de sus respectivos territorios ancestrales, imposibles de delimitar?

¿Por qué YPFB es incapaz de llevar gas al Mutún para viabilizar la siderurgia? Tal incapacidad, ¿no demuestra que el Decreto de nacionalización del 01-05-06, que sostiene que Bolivia ha “recuperado el control total y absoluto de sus hidrocarburos”, es sólo papel mojado? ¿No refuerza lo anterior el haber otorgado la semana pasada una arbitraria subvención de 30 dólares a las compañías por cada barril de petróleo que produzcan, lo que significa una erogación de 50 millones de dólares al año? ¿Presentaron las compañías un cronograma de inversiones a cambio de semejante canonjía, el que, en caso de existir, no debería ser de conocimiento de la ciudadanía?

¿Por qué, a fines del 2009, se modificó el contrato de venta de gas al Brasil, razón por la que Bolivia, al comprometerse a continuar entregando el gas con alto valor calórico, ha anulado la posibilidad de desarrollar su propia petroquímica, lo que facilitó que el vecino país anuncie la inversión de 4.000 millones de dólares en Mato Grosso, a fin de ser autosuficiente en fertilizantes?

¿Por qué no se transformó a YPFB en una moderna empresa corporativa, como Petrobrás, cuyo funcionamiento esté basado en la transparencia informativa? ¿Por qué no se priorizó la reorganización de YPFB, en lugar de desperdiciar recursos humanos y económicos en impulsar más de una decena de mini empresas estatales de dudosa beneficio nacional?