(ABI y PL).- Los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron un “incremento racional” de tarifas de importación y exportación de productos bolivianos por el puerto de Arica, en un rango de entre 2 y 7%. Los administradores privados chilenos querían elevar las tarifas en más de 100% y cobrar con carácter retroactivo, violando de manera flagrante el Tratado de 1904.

Se estima que casi el 70% de la carga anual que transita por el puerto de Arica en Chile, equivalente a 1,8 millones de toneladas, procede de Bolivia. Arica es el “puerto líder” en recepción y envío de carga boliviana, superando a otras terminales del Pacífico y del Atlántico utilizadas por empresarios bolivianos, según el ejecutivo de la Empresa Portuaria Arica Mario Moya.

En los últimos seis años el tráfico de carga por el puerto de Arica aumentó 130%, 127% atribuido al comercio exterior boliviano. En 2011 se movilizaron por ese puerto 2,6 millones de toneladas mercadería, 25% más que en 2010.

Desde que el puerto de Arica fue concesionado a un operador privado los costos de operación en esa terminal y en Antofagasta se incrementan de manera sostenida, y es más dificultoso el tránsito de mercadería “cada vez que se indispone la relación política” entre Bolivia y Chile a causa del conflicto marítimo, denunciaron el vicepresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) Guillermo Pou Mont y el presidente de la Cámara de Transporte Internacional de El Alto Gustavo Rivadeneira.

Percibimos “un incremento sistemático en los costos de operación, ya sea por aumentos tarifarios o por ciertos condicionamientos para el paso de mercadería, como por ejemplo las verificaciones de los contenedores, que también tienen un costo y dañan la mercadería”, explicó Pou Mont. Se quejó por la dificultad que tienen los exportadores nacionales para obtener un tarifario oficial y explicaciones sobre el incremento gradual de costos. Los chilenos modificaron las normas de control de mercadería; en el pasado revisaban dos de cada 10 contenedores y ahora verifican ocho de cada 10.

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde denunció que Chile aplica una “política de estrangulamiento” a la carga boliviana, e incumple de forma recurrente y sistemática el Tratado de 1904. Paradójicamente, Santiago apela a ese tratado para rechazar la reivindicación marítima de Bolivia.

En virtud del Tratado de 1904, Chile reconoce a perpetuidad en favor de Bolivia “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. Sin embargo, “tenemos una serie de elementos muy fuertes que demuestran que Chile ha ido estrangulando y asfixiando el comercio y el libre tránsito a Bolivia con una serie de medidas unilaterales”, afirmó el vicecanciller Alurralde.

“Percibimos hace más de cuatro años una serie de trabas y problemas y conflictos que son estrategias de dilación permanente y constante para mantenernos siempre sometidos a sus políticas y legislación interna, violando el espíritu del Tratado” que garantiza el libre tránsito de personas y carga bolivianas por puertos chilenos, reclamó Alurralde.

Citó como ejemplo “la desaparición de la gratuidad en el almacenaje que teníamos por 365 días”. En 2011 se cobró por el almacenamiento de containers en el puerto de Arica. Por otro lado, la Gobernación marítima de Arica restringió la capacidad de almacenaje de mercadería boliviana y decidió que la capacidad máxima para el almacenaje de nitrato de amonio, materia prima para la fabricación de explosivos, es 1.200 toneladas.

Por si fuera poco, ahora “dicen que prohibirán el ingreso de buses en la madrugada y los bolivianos ya no pueden llegar en la madrugada a Iquique. Todos estos actos unilaterales violan de manera flagrante el libre tránsito”, criticó el Vicecanciller boliviano.

En los últimos días al menos 120 tráileres y camiones fueron retenidos por funcionarios del Control de Viabilidad de Chile y devueltos a territorio boliviano, supuestamente por falta de un permiso “injustificado”, reclamó el presidente de la Cámara de Transporte de El Alto, tras ratificar que “Chile constantemente está vulnerando el Tratado de 1904 y tomó represalias luego de que el gobierno boliviano anunció que acudiría a los tribunales internacionales para resolver el problema marítimo”.

Según Alurralde, “la política de Chile es que tengamos una menor presencia en el puerto con la ejecución de una serie de actos y normas unilaterales; prueba de ello es que Chile ha empezado a ofrecer a Bolivia recintos extra portuarios a varios kilómetros de la costa”.

El año pasado las empresas privadas que administran el puerto de Arica quisieron aumentar las tarifas portuarias en más de 100%, y en diciembre comunicaron al gobierno boliviano que cobrarían por el servicio de almacenaje de contenedores con carácter retroactivo.

“Ello significaba una deuda del Estado boliviano de más de un millón de dólares y eso era realmente un insulto; denunciamos esto y advertimos que no íbamos a aceptar un incremento de tarifas excesivo, unilateral y violatorio del Tratado de 1904”, dijo Alurralde.

Luego de más de un año de peleas y conflictos, el 30 de marzo de 2012 se firmó un acta de entendimiento, según la cual Chile cesa en sus pretensiones de incrementar tarifas de manera desmesurada, y de cobrar tasas retroactivas por la permanencia de contenedores en el puerto. Ambos gobiernos acordaron en Santiago un ajuste de entre 4 y 7% en las tarifas portuarias, que el Ejecutivo y los exportadores bolivianos consideran racional.

“Con estas medidas empezamos a recuperar lo que habíamos perdido y logramos evitar mayores arbitrariedades y actos unilaterales por parte de Chile”, destacó Alurralde. El vicepresidente de la Caneb destacó la intervención de la Cancillería que evitó los cobros “abusivos”.

Además, el acuerdo incluye una serie de “logros, ventajas y éxitos” para el Estado boliviano que tienen validez desde abril de 2012 hasta diciembre de 2013, como por ejemplo el análisis de las bases de relacionamiento del puerto como un instrumento jurídico, para que Bolivia pueda ejercer control, fiscalización y supervisión de las condiciones de calidad y eficiencia del servicio.

Ese trabajo se realizará de manera continua y a través de un mecanismo político que permitirá resolver el conflicto del puerto de Arica “hasta que Chile traspase la administración del puerto a manos bolivianas”, reveló Alurralde.

El diplomático recalcó que “ya no vamos a hablar más con empresas privadas del puerto de Arica en Chile. Las negociaciones serán ahora de Estado a Estado y vamos a empezar a reivindicar poco a poco nuestros derechos”. Insistió en que el acuerdo fue firmado excluyendo a la operadora monopólica del puerto, consolidando de esta manera la responsabilidad de que los servicios portuarios le corresponden a la administración gubernamental y no a una empresa privada.