Vísperas de una nueva marcha indígena, la IX marcha para las estadísticas, la segunda fase de la VIII marcha para algunos dirigentes indígenas, o quizá la continuidad de la primera marcha iniciada en 1990, porque como aquella vez, con tanto cambio ocurrido en el mundo e incluso en el país en estas dos últimas décadas, los indígenas aún continúan defendiendo sus territorios y sus derechos colectivos amenazados. Es evidente que el respeto a la Constitución Política del Estado es un tema pendiente a lo largo de toda la historia de nuestro país.

Como nunca antes el tiempo transcurrido entre una y otra marcha indígena fue de apenas unos meses, pero además este periodo inter-marcha no fue de evaluación, ni de seguimiento a los acuerdos firmados, ni de reposición de fuerzas, como usualmente ocurría en las fases post marchas. Este fue un periodo de intensificación del contacto entre la dirigencia indígena con sus bases, fue un periodo de arremetida propagandística de parte del gobierno, fue un periodo de debate y confrontación de posturas en el que se involucraron líderes hombres y mujeres de distintos sectores y personalidades respecto al conflicto en torno al TIPNIS. Fue un periodo en que el TIPNIS continuó siendo el tema, el protagonista y el centro de atención del movimiento indígena, del gobierno, de la sociedad civil del país y por consiguiente continuó ocupando parte de los titulares en los medios de comunicación a nivel nacional.

Es cierto que hubo otras movilizaciones que también merecieron la atención del conjunto del país, tales como la conmovedora marcha de los discapacitados, el bloqueo de carretera en Yapacaní y su funesta represión, el bloqueo de los mototaxistas y el de los productores de arroz, o los más recientes como las movilizaciones del sector salud y educación. No obstante, es el conflicto del TIPNIS el que tiene pendiente al país y entre dichos y hechos, se va constituyendo en un ícono de la defensa de la dignidad y del medio ambiente, pero también va profundizando distanciamientos estratégicos como el que en el pasado lograron indígenas, campesinos e interculturales.

El proceso de este conflicto en torno al TIPNIS, de un lado activó entre la sociedad civil frentes de repudio e incluso de resistencia, vinculándolo con desaciertos del gobierno en materia medioambiental y de gestión del poder, pero de otro lado también movilizó el aparato de acción política del Estado con todo el poder disponible para contrarrestarlo mediante una fuerte arremetida mediática y contactos cuestionables con dirigentes de organizaciones intermedias. En parte a ello se debe que el conflicto ya lleve casi un año de vigencia ininterrumpida y tiende a prolongarse aún más porque los empecinamientos continúan intactos.

Como resultado de esta situación, el TIPNIS ha experimentado de lleno el contacto con el Estado, ha experimentado su abrumadora presencia con militares y con regalos, con intensiones y con pretensiones, con la ley 222 en una mano, con prebendas en la otra y con campañas dirigidas a consumar la construcción de la carretera (Villa Tunari-San Ignacio de Mojos) atravesando el TIPNIS. En el futuro, ¿cómo se verá en la historia esta coyuntura? Los regalos son un recurso colonialista, lo sabemos desde que llegó Colón a nuestro continente, los militares en el TIPNIS ¿acaso tendrán algo que ver con esa repudiable imagen de la zanahoria por delante y el palo por detrás para lograr la obediencia del burro?

Pero el estado de conflicto en torno al TIPNIS mereció también todo un despliegue de estrategias de acción (tema de la segunda parte de este artículo) tanto de parte del Estado como del movimiento indígena, en buena medida dirigidas a posicionarse lo mejor posible ante en la opinión pública.

Sin embargo también hubo desaciertos de ambos frentes que a su turno afectaron la imagen propia en sí misma del uno y del otro, y debilitaron sus argumentos frente al conflicto, como los acuerdos realizados por altos dirigentes indígenas con autoridades de la Gobernación como del Municipio de Santa Cruz, en el caso del movimiento indígena, o como la institucionalización de la represión policial y el intento de penalización de las movilizaciones sociales, la prebendalización de las relaciones con organizaciones indígenas, o recientemente el vínculo que le atribuyeron al gobierno en la intervención a una radio comunitaria indígena en San Ignacio de Mojos y los bloqueos a lo largo de la carretera Trinidad-La Paz dirigidos a evitar el inicio de la IX Marcha Indígena.

Es evidente que el conflicto en el fondo responde a una confrontación de lógicas en torno al desarrollo, y que el movimiento indígena ha fortalecido su capacidad de acción colectiva como para afrontar la arremetida gubernamental a sus derechos constitucionalizados. Por tanto aún resta camino por recorrer en la búsqueda de una solución definitiva en el marco de la vigencia plena de la pluralidad.

* Ismael Guzmán es sociólogo de CIPCA Beni.