El gobierno boliviano inició el 9 de abril el proceso de resolución del contrato de construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos. En su informe de descargos, la brasilera OAS asegura que fue la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) la que incumplió el contrato.

El gobierno de Evo Morales decidió anular el contrato de construcción de la carretera por medio del TIPNIS por incumplimiento de OAS en los trabajos de los tramos I y III de la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. El 9 de abril envió una nota formal a la constructora brasilera para informarle de la decisión. Luego de reunirse con la presidenta brasilera Dilma Rousseff en la Cumbre de las Américas, el Primer Mandatario aseguró que el impasse por la anulación del contrato “está superado”.

“Estamos frente a una declaración del Presidente que no corresponde a la realidad de los contratos y por tanto es engañosa y tiene el único propósito de mantener este estado de confusión en la población y especialmente desactivar la novena marcha indígena”, retrucó el jefe del Movimiento sin Miedo (MSM) Juan del Granado.

El Presidente dijo que el contrato de obra firmado el 4 de agosto de 2008 está en vías de anulación, pero según el líder del MSM dicho contrato “no habla de anulación sino de resolución”, un procedimiento claramente establecido por el mismo contrato en su clausula 19, acápite tercero: “El contratista o el contratante, para efectos de resolución del contrato, dará aviso mediante carta notificada a la otra parte, estableciendo un plazo de 15 días”.

Por tanto, aclaró Del Granado, “aquí no hay ninguna anulación sino una resolución, y esto obedece a un trámite que puede terminar en que la empresa OAS arregle las deficiencias que ha anotado el Primer Mandatario. En segundo lugar, el contrato no habla de tramos y sin embargo el Presidente Morales solamente se ha referido a los tramos I y III, o sea que creyéndole al Presidente el tramo II queda en vigencia”.

“En tercer lugar, y de manera mucho más significativa, hay otro contrato de financiamiento del 22 de agosto de 2009, que no solamente lo establece el BNDES con el Ministerio de Planificación de Bolivia, sino también OAS y ABC. El Presidente no ha dicho nada de este contrato, que en su cláusula primera establece la existencia de tres subcréditos y el tercer subcrédito por 139 millones de dólares es precisamente para la construcción del tramo II”.

A la luz de las declaraciones del Presidente –resaltó del Granado– cualquier modificación del contrato de obra supone un grave incumplimiento del contrato de financiamiento, y por ende el enjuiciamiento del Estado boliviano ante los jueces de Rio de Janeiro.

Si OAS inicia un proceso judicial por la resolución del contrato de obra, esté será ventilado en tribunales bolivianos. Sin embargo, el contrato de financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) dispone que ninguna cláusula puede ser modificada sin autorización de la entidad financiera de Brasil, explicó la abogada del MSM Aida Camacho.

La cláusula 13 inciso E del contrato de financiamiento indica textualmente que cualquier alteración sin previa y expresa anuencia del BNDES en los términos del contrato comercial que puedan afectar la finalidad del contrato y la capacidad de cumplimiento del prestatario o de las obligaciones resultantes del contrato o de los pagares, será motivo de controversia en tribunales de Río de Janeiro.

Ocurre que “estos dos contratos (de construcción y de financiamiento) están íntimamente ligados, el uno depende del otro y no podemos simplemente decir que cualquier controversia la vamos a resolver en tribunales bolivianos, que sí es cierto con respecto al contrato de obra, pero no con el contrato de financiamiento”, subrayó la abogada del MSM.

¿Danza de cifras para confundir?

El Vicepresidente Álvaro García reveló que OAS habría entregado una boleta de garantía por 29 millones de dólares que cubrirían la totalidad del contrato de obra, pero según Camacho la totalidad del contrato se cubre con el 100% del monto de la obra, es decir 415 millones de dólares.

Posteriormente, el presidente de la ABC José Quinn informó a Erbol que una vez que se cumpla el plazo de 15 días para que OAS presente descargos, el gobierno ejecutará dos boletas de garantía, la primera de 29 millones de dólares y la segunda de 16 millones, sumando en total de 45 millones de dólares.

Por otro lado, el Vicepresidente aclaró que el gobierno pagó como anticipo a OAS no el 20% del contrato sino el 20% de la contraparte que le corresponde al Estado boliviano (aproximadamente 16,6 millones de dólares). Sin embargo, la abogada del MSM lo desmintió con documentos en mano.

“El Estado a través de la ABC ha realizado cuatro desembolsos por concepto de anticipo. Un primer desembolso de cinco millones de dólares se hizo en junio de 2009; otro desembolso de 2,5 millones de dólares en diciembre de 2009; el tercer desembolso de cinco millones de dólares en junio de 2011 y en ese mismo mes se entregó 66 millones de dólares, lo cual suma 83 millones de dólares”, detalló Camacho.

La abogada mostró como pruebas de sus afirmaciones las cartas envidas por el gerente general de OAS Ricardo Martinz a la ABC solicitando los desembolsos, y la planilla obtenida del sistema de información institucional que confirma la entrega de al menos 83 millones de dólares a la empresa brasilera.

Camacho también se refirió al Protocolo del Crédito aprobado mediante Ley 005, al que se refirió García Linera para justificar el pago de un primer desembolso por 7,5 millones de dólares a favor de OAS. “Resulta que el protocolo fue aprobado el 7 de abril de 2010 y los desembolsos fueron realizados antes de la promulgación de la Ley 005; es decir que se hicieron dos desembolsos a favor de OAS sin que exista ley ni contrato vigentes”.

La abogada Camacho preguntó “¿por qué no muestra al país el señor Vicepresidente o quien corresponda las boletas de garantía o las pólizas de seguro que se han entregado? No existe hasta el momento una actitud transparente respecto a lo que tenemos como garantía o no hay como garantía”.

“El gobierno nos ha introducido en un mar de cifras y millones; nos hablan de 16 millones, de 29 millones, el Presidente ha mencionado 30 millones y lo que queremos saber es cuánto finalmente se ha pagado a OAS y cuánto se va a ejecutar en boletas de garantía. Lo que corresponde ahora es que el Presidente instruya a las autoridades correspondientes que procedan con transparencia exhibiendo la boleta de garantía producto de la clausula de ‘buena ejecución del anticipo’”, enfatizó el secretario político del MSM Edwin Herrera.

OAS acusa a la ABC

Este martes y en aplicación del plazo de 15 días, la brasilera OAS entregó a la ABC el informe de descargos por el supuesto incumplimiento en la ejecución de trabajos en la vía del TIPNIS. La constructora asegura que no incumplió el contrato, ya que habría efectuado obras por un monto superior a 75 millones de dólares, cuando el gobierno asegura que pagó solo 16,6 millones de dólares correspondientes al 20% de la contraparte nacional.

“OAS hizo conocer que realizó una inversión mayor a 75 millones de dólares; entonces resulta que habría financiado la carretera y que el Estado boliviano no habría aportado con el 20% que le correspondía”, dijo Aida Camacho. En su criterio, el desembolso fraccionado del anticipo está relacionado de manera directa con la “Orden de Proceder”, la misma que se hace efectiva cuando se recibe la cancelación de la totalidad del anticipo, es decir el 20% de los 415 millones de dólares que cuesta la vía.

“Si entregaron los 16,6 millones de dólares como anticipo, tendríamos que conocer cuál es la fecha de la´Orden de Proceder´, sabiendo que el dinero se dio por partidas desde 2009 hasta 2011. No sabemos si existe o no esa orden que se hubiera efectivizado en el momento de la entrega del anticipo”, observó.

La tercera duda planteada por Camacho se refiere a las boletas de garantía, que según las autoridades gubernamentales serían por la buena ejecución del anticipo y la ejecución del contrato. “No conocemos que exista la boleta de garantía de correcta inversión del anticipo, es decir del 20% entregado. Ésa sería una acción benevolente del Estado de recibir fraccionadamente boletas o que la empresa OAS habría recibido un anticipo en montos fraccionados”.

Otra duda que surge de la respuesta de OAS es que según las cláusulas del contrato de construcción de la carretera, la ABC tenía que contratar a una empresa para que efectúe el control y monitoreo del avance de las obras, “pero no se sabe hasta el momento quién es la autoridad, la persona o la institución que avala que efectivamente OAS ha incumplido con el avance de la obra”.

Según Camacho, “más allá del incumplimiento del Estado boliviano, hay una actitud benevolente y al margen de la Ley respecto a las actuaciones de la ABC y OAS porque ambas realizaron acciones administrativas al margen del contrato y de las normas de Contratación de Bienes y Servicios”. La abogada reiteró que la contratación de OAS para la construcción de la cuestionada carretera fue llevada adelante de manera “irregular e ilegal” porque no hubo pasos previos como los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y tampoco se hizo un cálculo adecuado del precio de la vía.

Ante este panorama, es necesario que el país conozca todos los documentos sobre la contratación de OAS, y si el BNDES brasileño dio su anuencia para la modificación del contrato comercial. Para Camacho “es importante que no den información fraccionada y que la población sepa que esta intención de resolver el contrato es para hacer creer a la población que ahora ya no hay contrato y por tanto la consulta (indígena en el TIPNIS) es previa”.