Señora Ministra: El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, primera Institución de Bolivia que ofrece apoyo psicológico, atención médica a las luchadoras y luchadores sociales – sustituyéndose asía los deberes del Estado- ha realizado investigaciones sobre las secuelas psicosociales que deja la represión, la tortura y el exilio tanto a nivel individual como colectivo, y considera que la situación actual en la que se encuentran los y las luchadoras sociales frente a Ministerio de Justicia es altamente injusta y preocupante de parte de un gobierno que se dice servir al pueblo.

Tanto el modo en que se cometieron las violaciones, como buena parte del trato que luego han sufrido las personas afectadas, en especial la situación de impunidad, conllevan un efecto en su dignidad como personas. Esto tiene consecuencias en la comprensión de la experiencia que han vivido las personas afectadas, para poder valorar el daño que generalmente se identifica como “daño inmaterial”, y para la determinación precisa de las medidas de reparación que deben brindárseles y a las cuales tienen derecho.

El reconocimiento del daño sufrido tiene una dimensión individual, familiar y social, especialmente cuando las violaciones conllevaron una criminalización de las personas afectadas. Otras experiencias traumáticas incluyeron el exilio o desplazamiento forzado de las personas afectadas y sus familiares.Estas experiencias constituyeron fuente de nuevas violaciones como la violación al derecho a decidir libremente dónde asentar la vida y el desarraigo social y cultural.

Sra. Ministra, para las personas afectadas por la tortura y otras formas de violencia de Estado, es esencial ser escuchadas y creídas, porque las experiencias traumáticas que vivieron son frecuentemente negadas y, en la mayor parte de las ocasiones, no hay informespruebas de la misma en el momento que se produjeron.

Estos luchadores y estas luchadoras sociales que ya llevan más de un mes de vigilia frente al Ministerio de Justicia pertenecen a una generación de militantes revolucionarios en vías de desaparición. Una generación que hizo de la lucha política un compromiso de vida, donde el pan de cada día había que ganárselo realizando otros trabajos, que no siempre permitían una vida digna. El compromiso con la revolución iba de la mano con una vida de sacrificios y de privaciones. Es deber moral del Estado reconocerles esa calidad.

Pensamos que usted al ser hija de persona afectada conoce la gravedad del agravio que sufrieron estos y estas revolucionarias y sabe también que el desagravio debe ser en la misma medida que fue el agravio, a nivel del reconocimiento de las autoridades.

La pretensión de las personas afectadas de un resarcimiento, hace visible que en ellas y ellos subyace un sentido de justicia retributiva. Esto ayuda a entender las necesidades de reconocimiento y los criterios bajo los cuales este debería hacerse, en la percepción de las personas afectadas, así como también las reacciones normales de cuestionamiento cuando estos no responden a sus expectativas.

¿Cómo se reconoce un pueblo que lucha por sus derechos, que sufre las consecuencias de su lucha, con el exilio, la cárcel, la tortura, el desempleo, la persecución, la pobreza, el trauma, la desintegración familiar?. Estamos seguros, Sra. Ministra, que se lo reconoce dándoles la reparación necesaria que les permita su reinserción en la sociedad, dando a las personas que fueron tratadas como delincuentes el justo reconocimiento como luchadoras y luchadores por una sociedad más justa.

Si el Estado plurinacional reconoce su responsabilidad da lugar a que las personas afectadas puedan ser reconocidas públicamente en su lucha y que la sociedad boliviana sepa reconocerse en su historia.

Por lo tanto, las medidas de reparación económica NO SON SOLO LEGITIMAS, SINO UN DERECHO HUMANO y hacen parte muy importante de aquellas que pueden restituir las pérdidas materiales, los gastos ocasionados, o los recursos perdidos como consecuencia de las violaciones. Estas expectativas de reparación económica están ligadas a las posibilidades de mejorar la vida y enfrentar las consecuencias de los hechos vividos, lo que puede llevar a frustraciones cuando dichas valoraciones no son tenidas en cuenta y mas grave aun, a una retraumatización.

Queremos también llamar su atención sobre el hecho que una comisión de análisis de los dossiers de las personas afectadas debe estar compuesta por profesionales con una FORMACION SOCIO POLITICA E HISTORICA QUE LES PERMITA UNA EVALUACION JUSTA DE LOS DOSSIERS. Por los requerimientos que esta comisión ha impuesto a las personas afectadas parece que no ha sido el caso.

Sabemos que el principal argumento expresado por el gobierno es que: “No hay plata”. El problema no es que “no hay plata”. El problema es la ausencia de una política de Estado que reconozca a los y a las protagonistas de las luchas sociales en Bolivia. Llegamos a la conclusión que también en este gobierno, como a lo largo de nuestra historia, se utiliza al pueblo cuando se lo necesita y se lo olvida cuando ya no se lo necesita. Y el olvido es la peor ofensa que un gobierno puede hacer a los hombres y mujeres que con su lucha hicieron posible la democracia.

Estos hombres y estas mujeres actualmente se encuentran en vigilia frente al Ministerio de Justicia porque el gobierno no cumple con su obligación de resarcimiento y porque no está dispuesto a realizar una revisión de los casos que han sido rechazados, tratando a estas personas con una incompetencia vergonzosa. Como en el caso de cualquier ciudadano que ésta en deuda con el Estado, si un Estado está en deuda con sus ciudadanos tiene que cumplir con esa deuda caso contrario tiene que ser juzgado.Esperando que nuestra carta tenga la atención debida, reciba usted Sra. Ministra nuestros saludos respetuosos.

cc: Sr. Evo Morales Ayma PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

cc. Sr. Álvaro García Linera VICEPRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

* Dipl. Emma Bolshia Bravo Cladera COORDINADORA EJECUTIVA; Dr. Andrés Gautier DIRECTOR; Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI).