Buenos Aires, (PL y Telam).- La presidenta argentina Cristina Fernández dispuso hoy mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia la intervención de la empresa petrolera YPF Sociedad Anónima, y envió al Senado un proyecto de ley que expropia el 51% de las acciones de esa entidad, desde 1999 en manos de la española Repsol.

El Estado argentino reclama desde tiempo atrás a las petroleras que operan en ese país un claro, taxativo y preciso plan de inversión para revertir la situación actual, caracterizada por una sistemática declinación de la producción del petróleo y gas que llevó al país a importar parte del combustible requerido para sostener el crecimiento económico.

Según reconoció la propia presidenta Cristina Fernández, en 2011 Argentina se vio obligada a importar combustibles por un monto de 9.397 millones de dólares, 110% más que el año anterior, y casi igualando el volumen del superávit comercial (10.437 millones de dólares).

En enero de este año Fernández afirmó que las empresas petroleras deberían invertir en esa nación austral, en lugar de llevarse las riquezas de los recursos naturales a sus casas matrices. Ese mismo mes, su gobierno denunció a Repsol-YPF, la estadounidense Esso, la anglo-holandesa Shell, Petrobras de Brasil y Oil Combustibles de Argentina por “abuso de posición dominante en el mercado de combustibles”.

El 27 de enero de 2012 la Secretaría de Comercio Interior argentina ordenó a cinco petroleras, cuatro de ellas transnacionales, a vender el gasoil para el transporte público a un precio no mayor que el ofrecido en las estaciones de servicio y a suministrar el gasoil en condiciones no discriminatorias.

La decisión resulta de las investigaciones emprendidas tras una denuncia de las ocho cámaras de transporte de pasajeros y de carga en el sentido de que Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras Argentina y Oil les venden gasoil a granel a precios hasta 30% más altos, aprovechándose de su posición dominante en el mercado de combustibles.

El 9 de febrero, las máximas autoridades de las provincias que conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) subrayaron igualmente su alineación con el gobierno nacional para conseguir una mayor producción de hidrocarburos.

El 28 de febrero los mandatarios de las 10 provincias de la Ofephi exigieron nuevamente a las empresas del sector aumentar los niveles de inversión, y advirtieron sobre la posibilidad de revocar las concesiones de los yacimientos a las operadoras que no avancen en las proyecciones comprometidas, reportó la agencia de noticias Télam. Los representantes reafirmaron esa postura especialmente hacia YPF, de la española Repsol y el local Grupo Petersen, debido al decrecimiento de su producción e inversión durante los últimos años.

Un declive en la producción de casi 40% y de 52% en sus reservas a partir de 1999, cuando la española Repsol adquirió más del 57% de las acciones, dejan al descubierto el incumplimiento del programa de inversiones, la razón fundamental de la reversión hasta ahora de 11 concesiones de Repsol-YPF en áreas petroleras de seis provincias.

El quite de las concesiones El Trébol-Escalante y Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón Perdido en Chubut, donde se extrae alrededor del 30% del crudo de Argentina, representa casi un 7% de la producción nacional de la firma, indicó el sitio web Profesionalesonline.com. Mientras, las caducadas concesiones de Cerro Guadal Norte-Cerro Piedras y Los Monos en la provincia de Santa Cruz (que concentra el 20% de la producción nacional de petróleo) representan apenas el 0,7% de la extracción total de YPF en el país.

La merma en la producción tiene que ver con que Repsol-YPF “ha tenido una visión más orientada a lo financiero que a lo petrolero”, opinó el vicepresidente Amado Boudou, quien señaló que en la empresa “viven hablando de la importancia de las inversiones, pero cuando les toca jugar sacan el dinero fuera del país”.

De acuerdo con un informe publicado por el diario Página 12, hasta el año 2007 YPF distribuyó un promedio anual de mil millones de dólares de dividendos entre sus accionistas, y desde entonces se acerca a duplicar esa suma. YPF y sus sociedades controladas han tenido en estos años “ganancias anuales extravagantes”, que se acercan al 20% sobre sus activos y superan el 40% sobre su patrimonio neto. En el mismo lapso han contraído deudas que se aproximan a los cuatro mil millones de dólares. “Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos. Es el método del vaciamiento”, advirtió la publicación.

El 15 de febrero, el gobierno argentino prohibió a la petrolera YPF realizar cualquier tipo de exportación o importación hasta que pague una deuda tributaria de ocho millones de dólares por una diferencia en el pago del derecho de exportación de gas.

El secretario de Política Económica Axel Kicillof coincidió con Boudou en señalar que podría pensarse que el negocio de esta compañía no es extractivo, petrolero, sino especulativo. El funcionario acusó a la empresa de girar prácticamente todo lo que obtiene como ganancia hacia los propios accionistas y tal actitud “no parece ir en dirección de lo que la sociedad argentina necesita”.

Se abre el debate sobre el futuro de YPF

La rescisión de las concesiones puso sobre el tapete la discusión el futuro posible de la empresa argentina, fundada por el Estado en 1922 y privatizada siete décadas después por Carlos Menem. Al calor de los debates, el gobernador del Chubut y actual titular de la Ofephi Martín Buzzi reconoció que “estamos buscando una salida a lo Petrobras” para la explotación de las áreas petroleras revertidas recientemente a YPF.

Se trataría, explicó, de una empresa de energía que ensamble al sector público y el privado, y mantenga en manos del Estado una proporción alta de las propiedades de la empresa y toda la propiedad del subsuelo. De esta manera, las futuras unidades de negocio para la explotación de los hidrocarburos no serán las clásicas concesiones para pelear luego la regalía, sino que formarán parte de una empresa mixta.

Según el periódico Miradas al Sur, las opciones para que el Estado comience a recuperar el control de la política petrolera en el mediano plazo no son infinitas y a grandes rasgos se reducen a dos: la creación de una nueva empresa pública o la recuperación de YPF.

El diario Página 12 reveló que el Gobierno debate internamente el camino para asumir el manejo de la petrolera, en el cual predominan dos grandes líneas: la expropiación o la intervención, con compra de una porción de las acciones. En ambos casos, previa aprobación del Congreso de una ley que declare de interés público la producción de petróleo y gas.

Según la fuente, quienes favorecen la expropiación valoran sobre todo el rédito político que conllevaría una acción de este tipo. “Sería, dicen, simbólicamente muy fuerte que el Estado recupere YPF en su totalidad”. Mas, en contra de esta idea se menciona “el alto riesgo de litigiosidad” por la tensión que provocaría con España, pero también con México y Estados Unidos, con inversiones en la empresa.

La otra salida, que en estos momentos dominaría la escena, es intervenir la empresa, comprar una porción de las acciones y nombrar un gerente estatal. En este caso habría un duro escollo que salvar: el estatuto de YPF que obliga a quien quiera comprar más del 14,9% de las acciones a ir por el total de la firma y además conseguir el visto bueno de la asamblea de accionistas.

El gobierno interviene YPF

El 16 de abril de 2012 la presidenta Cristina Fernández dispuso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia la intervención de la empresa petrolera YPF Sociedad Anónima. La iniciativa declara de interés público nacional y objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización y comercialización “a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social”.

Establece como principios de la política hidrocarburífera argentina la promoción del empleo de estos recursos y sus derivados como factor de crecimiento y desarrollo económico de las provincias y regiones. Estipula además la integración de capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales.

El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo Federal de Hidrocarburos encargado de promover la actuación coordinada del Estado nacional y los provinciales a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados. Para asegurar que la iniciativa pueda llevarse a cabo, declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF SA”, representado por igual porcentaje de las acciones D pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.

La norma prohíbe asimismo la transferencia futura de las acciones expropiadas, sin el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Nación. Por último, estipula que el gerenciamiento de la empresa se realice “a través de una gestión profesionalizada”, y encarga al interventor adoptar las acciones y recaudos necesarios para garantizar su operación, la conservación de sus activos y el abastecimiento de hidrocarburos.

El gobierno argentino designó como interventores de YPF al ministro de Planificación Federal Julio de Vido y al viceministro de Política Económica Axel Kiciloff. La agencia Telam informó que la designación fue refrendada este mismo lunes en Casa de Gobierno por el escribano general de la Nación Natalio Etchegaray.

Fernández confirmó además que su gobierno envío al Senado de la Nación un proyecto de ley que establece la expropiación del paquete accionario, actualmente en manos de la española Repsol, con el fin de asegurar la soberanía hidrocarburífera del país.

La mandataria destacó que el proyecto de ley tiene “más de 50 páginas de fundamentos claros y precisos” que avalan la decisión de volver a tomar el control estatal sobre la entidad para recuperar el dominio de recursos que no sólo son estratégicos, sino vitales.

Fernández pormenorizó detalles de la situación de la empresa, 17 años después que Repsol adquiriera por 13.158 millones de dólares la mayoría de las acciones. Puntualizó que entre 2001 y 2011 las reservas se redujeron en un 50%, mientras la baja producción obligó a que el pasado año Argentina se convirtiera, por primera vez, en importador neto de gas y petróleo.

La jefa de Estado contrastó que, pese a todo esto, Repsol-YPF logró más que duplicar las ventas de 2003 a la fecha “por aumento de precios”, mientras sus utilidades netas entre 1999 y 2011 ascendieron a 16.450 millones de dólares. De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción ni exploración, nos tornaríamos en un país inviable como consecuencia de políticas empresariales y no por falta de recursos, apuntó.

El artículo 7 del Capítulo 1 de la iniciativa declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje de las acciones de Clase C de dicha empresa pertenecientes a Repsol/YPF S.A”.

El proyecto de ley establece que “el 49 por ciento restante de las acciones se distribuirá entre las provincias productoras” de hidrocarburos. Con la medida, el Gobierno argentino busca “la recuperación del control de YPF y poner fin a la privatización del petróleo”.

“No hemos elegido un modelo de estatización, sino de recuperación de recursos” dijo Fernández y precisó que la empresa continuará siendo una sociedad anónima que tendrá como socio comercial a la brasileña Petrobras. De ese modo pretendemos ayudar a que América del Sur se convierta en una región autoabastecida y “de ahí la necesidad de incorporar a Venezuela al Mercosur para cerrar el anillo energético”.

La expropiación del 51% de las acciones de YPF debe ser sólo un primer paso hacia el control total de los recursos hidrocarburíferos, opinó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero del Sur. Sin embargo, acotó, no avanza en dirección al control total de los recursos, ni en las regulaciones que deben acompañar la explotación de los mismos. Habría que pensar, además, en las medidas a tomar respecto al resto de las petroleras (Shell, Exxon, Apache) “que también están preparando su juego”, señaló en declaraciones a Prensa Latina.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados radicales Ricardo Gil anticipó en declaraciones amplificadas por la agencia de noticias Telam que no acompañarán la propuesta del Poder Ejecutivo y, en cambio, presentarán una propuesta alternativa. La Coalición Cívica-ARI criticó también en un comunicado el envío del proyecto por considerar que una empresa mixta tampoco podrá resolver el problema energético, si no existe un plan nacional sustentable y racional.

Con información del periodista Moisés Pérez Mok, corresponsal de Prensa Latina en Argentina.