Representantes indígenas, trabajadores, estudiantes, movimientos ecologistas y decenas de organizaciones sociales urbanas reunidas en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz conformaron la primera “alianza indígena-urbana” anticapitalista. El gobierno de Evo Morales busca desesperadamente acuerdos sectoriales con las regionales de la Cidob y con los sindicatos de la COB, en un intento de fracturar “desde adentro” al inédito frente popular articulado en torno a la IX marcha indígena que comenzará el 25 de abril en Chaparina.

En el primer Encuentro Urbano Indígena celebrado en marzo se planteó elaborar un pliego de demandas conjunto. “Creemos que existe una muy buena posibilidad de alianza, porque se trata de sectores que ya están luchando en las calles, como los maestros, los médicos, los estudiantes y los indígenas también. A esta alianza hay que encaminarla estratégicamente para que todos los explotados de este país tengan en claro que la lucha es anticapitalista”, explico Javier Huarachi, del Comité de apoyo al TIPNIS de Chuquisaca.

“Hay temas comunes que deben unir a todos los bolivianos: la defensa de los derechos humanos, los derechos colectivos, los recursos naturales, la Constitución, la Agenda de Octubre de 2003, y la nacionalización de los recursos naturales”, comentó la ex autoridad del CONAMAQ Rafael Quispe.

“Las luchas sociales que se realizan en el país y en América Latina son contra el capital financiero que penetra estos países para saquear sus recursos naturales. Por eso, la lucha por el TIPNIS y la defensa de los recursos naturales va encaminada a preservar la autodeterminación de los pueblos indígenas. Ante la ausencia de un movimiento obrero, se presentan los indígenas para guiar al movimiento, pero hay que tener en claro que los indígenas con su propiedad colectiva, así como los campesinos con la pequeña propiedad, no pueden emprender una lucha eficaz contra el capitalismo; hace falta una alianza férrea entre obreros, campesinos e indígenas: esa es la base fundamental para esta alianza”, argumentó Huarachi.

“Me parece importante la línea de acción que quieren tomar (los sectores urbanos). No podemos recurrir a la Justicia porque está cooptada, entonces nos queda la acción directa. En toda la historia, en la colonia, desde antes de la república, con la acción directa se han defendido los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, colectivos”, dijo Quispe.

En la reunión, dirigentes de la CIDOB y CONAMAQ y representantes de juntas vecinales, federaciones de maestros y estudiantes, trabajadores de salud, grupos ambientalistas y activistas de otras organizaciones urbanas de todo el país conformaron la primera “alianza indígena-urbana”.

La inédita alianza defenderá el TIPNIS, la autodeterminación de los pueblos indígenas, los derechos a la salud, educación pública de calidad y un trabajo digno debidamente remunerado, y por la recuperación de los recursos naturales y la expulsión de las empresas transnacionales.

El gobierno intenta desarticular al movimiento popular

El gobierno intenta desarticular la movilización popular “desde adentro”, mediante la suscripción de acuerdos sectoriales con las organizaciones afiliadas a la Cidob y a la Central Obrera Boliviana (COB).

Hasta ahora el régimen de Morales ha suscrito convenios con las centrales indígenas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chiquitanía, Región Amazónica, Guarayos y las Capitanías Weenhayek y Tapieté. De manera simultánea, brigadas oficialistas recorren todo el país regalando cédulas de identidad, certificados de nacimiento, bienes y enseres, y pagado los bonos para ganarse la confianza de los originarios de base.

Por otro lado, irigentes de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (militantes del PC estalinista) intentan desbaratar la unificación de los conflictos sociales en torno al pliego único de la COB, el cual reivindica el incremento de sueldos y salarios de acuerdo a la canasta familiar de 8.300 bolivianos. La cúpula dirigencial afín al MAS instruyó masificar desde este lunes la huelga de hambre seca iniciada hace cinco días por Federico Pinaya y Adrían Quelca, exigiendo la nivelación salarial del magisterio urbano y rural.

Las últimas conferencias nacionales del gremio docente resolvieron reiterativamente la necesidad de una lucha unitaria en torno al pliego único de la COB, pero ahora la burocracia sindical pide “nivelación de salarios” con el magisterio rural y el cumplimiento de convenios anteriores, como por ejemplo el pago de la deuda histórica de ítems y la reposición de bonos de frontera y de zona.

Según el dirigente trotskista del magisterio de Cochabamba Miguel Lora, “la burocracia estalinista de la Confederación acude al tapiado de dos de sus dirigentes enarbolando reivindicaciones sectoriales, con la clarísima finalidad de separar al magisterio urbano del pliego único de la COB. Se trata de una maniobra urdida con la complicidad del gobierno, que busca desbaratar la lucha unitaria que se torna en una poderosa amenaza que pone en peligro la estabilidad del Estado burgués”.

Las Federaciones de maestros de La Paz, Cochabamba y Oruro creen que la maniobra está orientada a revertir la maltrecha situación de los dirigentes oficialistas que han perdido toda posibilidad de mantener el control de la Confederación en el próximo congreso ordinario del sector. A pesar de ello, se plegarán desde este lunes a la huelga y al “tapiado”, pero reivindicando los objetivos generales del movimiento obrero y las demandas sectoriales del magisterio contenidas en el pliego de la COB. Advirtieron que se opondrán radicalmente a cualquier intento de desmarcar al magisterio de la lucha de todos los trabajadores.

Varios sectores radicalizados recomendaron a la cúpula de la COB no desgastar más a los sindicatos con la declaratoria de paros escalonados, en la práctica inefectivos porque muy pocos los acatan. Consideraron que sería una irresponsabilidad declarar huelga general indefinida en el próximo ampliado de la COB. La experiencia enseña que el peor enemigo de esa medida en los sectores de servicio (salud y educación) es el tiempo y el gobierno se limita a esperar a que los huelguistas se desgasten internamente, tratando se volcar a la opinión pública en su contra.

La COB debiera definir un cronograma de movilizaciones (marchas, bloqueos de calles y caminos, mitines, debates, etc.) orientado a engarzar con la IX marcha indígena que, incuestionablemente, se convertirá en el polo convergente de todos los movimientos sociales del país.

Con datos de la Comisión de Comunicación de la IX marcha indígena.