Buenos Aires, (PL).- El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla admitió por primera vez que la dictadura militar entronizada en marzo de 1976 mató a siete u ocho mil personas, una cifra que -dijo- no conformaba a empresarios nacionales.

Las declaraciones de Videla, contenidas en el libro Disposición final, del periodista Ceferino Reato, figuran hoy en las tapas de todos los diarios y generaron la inmediata repulsa de organizaciones de derechos humanos.

Desde su calabozo en la cárcel de Campo de Mayo, el exteniente general de 86 años argumentó sobre el genocidio que “había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”.

Cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte, señaló con frialdad el represor, quien reconoció que no había otra solución y era ése el precio para ganar la guerra contra la subversión sin que fuera evidente para la sociedad. Denunció asimismo, aunque sin mencionar nombres, a empresarios nacionales, a quienes atribuyó recriminaciones respecto a que la cifra de desaparecidos resultaba insuficiente.

“Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a 10 mil más”, afirmó el general golpista haber escuchado decir a quienes luego “se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer‘ y luego nos dieron con todo”, reseñó el diario Página 12.

En otra parte de la extensa entrevista, de 20 horas de duración, el ex gobernante de facto reconoció que desde el punto de vista estrictamente militar el golpe del 24 de marzo fue un error, pues resultaba innecesario.

No podíamos pedir más ni necesitábamos más, manifestó antes de cuestionarse ¿Para qué el golpe de Estado, entonces? Nuestro objetivo, puntualizó, era disciplinar a una sociedad anarquizada y también “al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.

Con relación a las palabras que dan título al libro, explicó que la frase solución final (para referirse a los desaparecidos y asesinados) nunca se usó. “Disposición Final fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”, aclaró.

Las revelaciones de Videla generaron inmediata repulsa en organismos de derechos humanos, como las Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta Estela de Carlotto, deploró la falta de arrepentimiento del genocida. Por su parte, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, deploró que “le sigan permitiendo hacer declaraciones públicas y salir en un libro”, y consideró necesario tomar medidas al respecto, porque no se trata de un tema de libertad de prensa, sino que se está hablando de un genocida.

No tiene derecho a que se publiquen sus provocaciones. Lo que reconoció sobre los desaparecidos no es necesario escucharlo de su boca, porque ya se sabe. Lo único que falta es que se le agradezca porque reconoce las atrocidades que hizo, que ya se saben y ya las ha reconocido y reivindicado, acotó.

Mientras, el director del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier, estimó que las declaraciones “tienen un valor de confesión, porque es la primera vez que (Videla) habla de la desaparición sistemática de personas tan explícitamente y con un valor tan brutal”.

El pasado 24 de marzo, Argentina conmemoró con actos y marchas en todo el país el trigésimo sexto aniversario del último golpe de Estado que dejó un saldo de 30 mil detenidos desparecidos. Alzar la voz para reclamar justicia por los crímenes de la dictadura y denunciar las complicidades civiles y de los grupos económicos con quienes el 24 de marzo de 1976 tomaron el poder por la fuerza, fueron algunas de las motivaciones que animaron ese sábado a los participantes en la conmemoración.

También exigieron la derogación de la recientemente aprobada Ley 26.734, conocida como Ley antiterrorista, según la cual cualquier persona que cometiere un delito con el afán de aterrorizar a la población o coaccionar a las autoridades, la pena se le aumentará al doble.

Por su parte, el jefe de Gabinete argentino Juan Manuel Abal Medina manifestó que la conmemoración del Día de la Memoria será una jornada de reflexión para recordar a todos aquellos que murieron “a manos de la más despiadada dictadura que hayamos conocido”.

El aniversario del golpe de 1976 fue conmemorado por las Madres de Plaza de Mayo en su tradicional ronda por ese lugar, en la cual su presidenta Hebe de Bonafini denunció los nexos de parte de la sociedad civil, de la iglesia y del “periodismo genocida” con la dictadura militar. Mucha parte de la sociedad silenció, se calló. El silencio que se hizo fue mortal, porque cuando uno no habla siguen matando, deploró la veterana luchadora social.

281 represores condenados

El pasado 22 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de Argentina desestimó por inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa del ex dictador Reynaldo Bignone, juzgado por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura militar. El pedido cuestionaba la decisión del Tribunal Oral Federal Seis (TOF6) de rechazar una solicitud de nulidad a partir de la citación a juicio de dos querellantes que no habían efectuado previamente el requerimiento de elevación, informó la agencia de noticias Telam.

El TOF6 lleva adelante desde febrero de 2011 el juicio oral por el robo de 35 bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio, y en el cual comparecen como acusados además de Bignone el también ex dictador Videla, el ex general Santiago Omar Riveros, el ex capitán de la Armada Jorge “El Tigre” Acosta; el ex almirante Antonio Vañek; el ex prefecto Jorge Antonio Azic; el ex marino Rubén Franco y el médico de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) José Luis Magnacco.

Todos ellos fueron imputados por más de 30 robos de bebés cometidos en la maternidad clandestina de la ESMA, en Campo de Mayo y en otros centros encubiertos de detención. Entre los casos incluidos en la causa están los de la nieta del poeta uruguayo Juan Gelman y el nieto de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

El 26 de marzo otros cinco represores de la última dictadura militar, incluido un ex comandante, fueron condenados a prisión perpetua, en sendos juicios finalizados en las ciudades de Rosario y Córdoba. En Rosario, el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2) dictó la pena máxima al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone y al ex oficial de la policía José Rubén Lo Fiego.

Díaz Bessone fue sancionado por los delitos de homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos aplicados contra presos políticos, mientras Lo Fiego debió responder por dos homicidios, privaciones ilegales de la libertad, tormentos y asociación ilícita.

En la propia causa fueron condenados a penas de 25, 12 y 10 años de cárcel común otros tres ex policías acusados de delitos de lesa humanidad: Mario Alfredo “El Cura” Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, en ese mismo orden. El civil Ricardo Miguel Chomicky, quien era señalado como cómplice de la represión ilegal, resultó absuelto.

Por otra parte, el TOF2 de Córdoba condenó a prisión perpetua a los ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía provincial Pedro Nolasco Bustos, José Olivieri y Jorge Woroná, encontrados culpables del fusilamiento, el 2 de junio de 1976, de Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Desde el regreso de la democracia en 1983 a la fecha suman 281 los represores argentinos condenados por cometer delitos de lesa humanidad. En 2012 terminaron cuatro juicios en los que fueron juzgadas 142 personas, de las cuales sólo 43 tienen sentencia firme, detalló la Unidad fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado.

Según la fuente, en los próximos meses serán procesadas al menos otras 98 personas, quienes se encuentran imputadas en las ocho causas con fecha de juicio fijada. En los juicios programados para 2012 se contabilizan al menos 460 víctimas de delitos de lesa humanidad, anticipó el organismo.

Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que hubo un “plan sistemático” perpetrado por una “maquinaria de horror” para el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban presas ilegalmente durante la dictadura militar. Existen “innumerables pruebas de la sistematicidad de los robos de niños que luego fueron criados en la mentira”, enfatizó el abogado Alan Iud, durante los alegatos finales en el juicio.

Fue un “plan general de exterminio de militantes políticos” que implementaron métodos crueles y perversos. Para el letrado, ese crimen formó parte del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura militar argentina.

Lud explicó que los represores recurrían “a la aberrante práctica de hacer desaparecer a las madres para que los bebés jamás llegaran a manos de sus familiares”. Lamentó que con la dilación del proceso, las abuelas muchas veces se vieran sin respaldo institucional. Esa demora permitió que “fallecieran impunes” Eduardo Emilio Massera, Carlos Suárez Mason y Cristino Nicolaides, entre otros responsables de esos crímenes.