(Comisión de Comunicación de la IX Marcha).- En un encuentro con expertos de la ONU, dirigentes indígenas bolivianos demostraron que el gobierno de Evo Morales pretende ejecutar el 15 de abril una consulta a plan de balas, palos, matonaje político y vergonzosas campañas prebendalistas protagonizadas nada menos que por el Presidente del Estado Plurinacional.

Representantes del gobierno nacional, de las Naciones Unidas y de varias organizaciones campesinas e indígenas se reúnen en la ciudad de Santa Cruz y próximamente en La Paz en las “Jornadas sobre Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígena Originarios en el marco del Derecho Internacional”. Cuatro estudiosos de la materia socializan experiencias sobre la aplicación del derecho a la Consulta en otros países.

Para la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ), este encuentro implica un nuevo intento del Presidente Evo Morales de dar legitimidad a la ley 222, con la que tratará de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El Presidente Morales dijo en conferencia de prensa que la empresa brasileña OAS ya no construiría la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Es su última estrategia para lograr que las más de 60 comunidades del TIPNIS permitan el tendido del asfalto dentro de su propiedad. El presidente de la Subcentral de ese territorio Fernando Vargas Mosúa dijo que el reciente anuncio gubernamental “es una distracción. Lo que debe hacer Morales es anular la ley 222, porque está viciada de nulidad”.

Mientras tanto, CIDOB y CONAMAQ ultiman detalles para comenzar una nueva marcha el 25 de abril próximo, desde Chaparina, en Beni, hasta la ciudad de La Paz, en defensa del TIPNIS (otra vez) así como todos los territorios indígenas del país. A su vez, el gobierno nacional no cede ni un minuto del día ni de la noche en su empeño por desbaratar esta Novena Marcha Indígena, que contaría con amplio apoyo de organizaciones urbanas, a diferencia de las marchas indígenas precedentes desde 1990.

Públicamente, el gobierno nacional intenta sacarse una foto abrazado a la ONU y a las organizaciones del ex Pacto de Unidad, en un intento por rearmar su deslucida charla internacional de defensa ubicua de los derechos. Pero por lo bajo desestabiliza a las dirigencias indígenas del TIPNIS con la finalidad de construir su ansiada carretera.

El rol de la ONU

El ciclo de reuniones promovidas por la ONU se realizará del 9 al 13 de abril en las dos ciudades más grandes de Bolivia. El primer encuentro tuvo lugar en la sede de la Agencia Española de Cooperación para la Integración y el Desarrollo (AECID) de la ciudad de Santa Cruz. Hasta allí llegó una delegación del CONAMAQ con la tarea de denunciar la estrategia del gobierno para hacer valer su Consulta “trucha”. La CIDOB no iba a participar para evitar dar legitimidad a este espacio con su presencia. Pero al finalizar la tarde llegaron algunos representantes para -lo mismo que el CONAMAQ- manifestar ante las visitas que el Presidente Morales quiere imponer sobre el TIPNIS una ley 222 de Consulta que no es consulta ni previa ni libre ni informada ni mucho menos de buena fe.

“El CONAMAQ está presente para participar, no solamente escuchar ni estar sentado ahí. Queremos manifestar nuestra disconformidad con el Derecho a la Consulta que el gobierno quiere aplicar en el TIPNIS con la ley 222. Se trataría de una Consulta que no es libre ni informada ni previa ni de consentimiento libre. Al contrario, es una Consulta obligada, de mala fe, hecha de prebendalismo, eso queremos manifestar ante los expositores internacionales, quienes están viniendo a dar una charla sobre algunas otras experiencias de Consulta realizadas en América Latina como en otros países del mundo”, dijo David Crispín, de la organización matriz que reúne a los pueblos de la región andina de Bolivia.

“Queremos hacer conocer que en Bolivia el Derecho a la Consulta se va a aplicar de mala fe, a plan de balas y palos, para que la carretera pueda pasar por el centro del TIPNIS. Entonces no es una Consulta de buena fe, porque el Gobierno actúa de mala manera”, agregó el líder del pueblo Aymara.

En estas jornadas se encuentran las organizaciones de lo que fuera el Pacto de Unidad por primera vez desde agosto de 2011, cuando se inició la Octava Marcha. Antes eran cinco confederaciones nacionales afines al gobierno de Morales: tres campesinas (las trillizas) y dos indígenas: CIDOB y CONAMAQ. Pero en 2011 CIDOB y CONAMAQ terminaron de separarse del bloque monolítico de alabanza a todo acto del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para definir este quiebre, fue fundamental el rol de “las trillizas” durante la última movilización indígena.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ son llamadas “las trillizas”, porque obedecen partidaria y ciegamente toda determinación emanada del MAS. Durante la Octava Marcha, desde la CSUTCB tildaron a los habitantes del TIPNIS de “salvajes”; la CSCIB junto a la Policía Nacional bloqueó a la movilización indígena en Yucumo (lo que derivó en la represión policial del 25 de septiembre); y las Bartolinas formularon varias declaraciones públicas de apoyo a la construcción de la carretera en cuestión.

“La CSUTCB, la CSCIB, las bartolinas y la CONAFRO (Consejo Nacional Afroboliviano), que también está, son afines al gobierno, están conformes con lo que hace. Las únicas que no somo afines al gobierno nacional somos CIDOB y CONAMAQ, por eso estamos ahí (en el AECID) planteando nuestra disconformidad”, enfatizó Crispín.

CONAMAQ y CIDOB evidenciaron ayer sus objeciones sobre la ley 222 ante la ONU y sus sabios venidos de Canadá, Costa Rica, Dinamarca y España. Como respuesta, pidieron a estas matrices que sigan asistiendo a las jornadas hasta el 13 de abril para continuar la discusión.

“El gobierno quiere aparentar que el Derecho a la Consulta se está aplicando en Bolivia de buena manera, sin problemas ni conflictos. Quiere aparentar que su Consulta es constitucional, pero nosotros pusimos en conocimiento de la ONU y de sus expertos que la ley 222 es inconstitucional, es de mala fe”, aseveró el integrante del CONAMAQ.

Aunque los representantes de las Naciones Unidas en el país ya están al tanto de este conflicto entre los indígenas y el gobierno nacional, “me extraña sobremanera que la ONU, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y otras organizaciones parte de este evento se estén prestando al juego del gobierno. Ellas, como organizaciones internacionales, deberían estar actuando de manera neutral, como observadores, para ver si realmente el gobierno está cometiendo errores o si están en el marco de la constitucionalidad sus actos. Pero al parecer estas organizaciones internacionales se encuentran cooptadas por el gobierno y tratan de favorecerlo, financiando pasajes y toda esta logística, para concentrar gente y aparentar ante el mundo entero que las organizaciones internacionales están conformes con las malas actuaciones del gobierno en el marco jurídico”, dijo Crispín.

El protocolo

“Tengo un borrador del Protocolo de Consulta del Gobierno para ya iniciar la Consulta en el TIPNIS. Ese Protocolo da las pautas para el triunfo del ‘sí’, aún antes del inicio de la Consulta. Ese documento demuestra todo el chantajismo y la manipulación que hay de fondo. Porque a los hermanos del TIPNIS les están ofreciendo bombas de agua, motores fuera de borda para que digan ‘sí’ en la Consulta. Y aquellos que se opongan no recibirán nada. Desde el momento en que el gobierno empieza a regalar una gorra, una libra de azúcar o una posta sanitaria, ya es prebendalismo. Por lo tanto, de lo inconstitucional que ya es la ley 222, en la práctica se está inconstitucionalizando peor. Esto que hace el gobierno se llamaría ‘desnaturalización de la Consulta’”, sostuvo Crispín.

Mientras así pasaba el tiempo en el AECID, en la sede de la Subcentral Sécure en Trinidad tenían que soportar el asedio de un directorio paralelo conformado por el gobierno nacional con el objetivo de asegurar la prevalencia del ‘sí’ en la Consulta que se realizaría según la ley 222.

“Han formado un nuevo directorio en un encuentro ilegal de corregidores realizado en la comunidad de San José. Ha sido un encuentro ilegal porque no fue convocado a través del directorio de la Subcentral Sécure”, dijo el presidente legal de esta subcentral Emilio Noza Yuco.

En la mañana de ayer, el directorio paralelo se presentó en la sede de la Subcentral Sécure con la intención de inventariar los muebles y otros bienes que hay allí, de cara a un supuesto traspaso de mando. Noza contó que “hemos tenido una reunión con ellos (los ‘truchos’), y consensuamos convocar a un nuevo encuentro de corregidores, que va a elegir a un nuevo directorio”. Por el momento, este presidente reconocido por las comunidades aún tiene las llaves de las oficinas.

Noza confía en que “las comunidades del TIPNIS nunca van a ser manejadas por un partido político. Este tipo (Carlos Fabricano Moye, presidente ‘trucho’) ha sido nombrado por el gobierno para asumir, pero solo lo apoyan unas cuantas comunidades. La mayoría de las 23 comunidades de la Subcentral Sécure ha manifestado un total rechazo a este directorio que se ha conformado ilegalmente. Pero esto ya se definirá en el próximo encuentro de corregidores. Y sea quien sea elegido, no queremos que sea manejado por un partido político”.

Según informes extraoficiales, el gobierno prepara un encuentro en Trinidad –si es que no lo hace en este momento- con los corregidores del CONISUR (Consejo Indígena del Sur, aliado al MAS) y los corregidores que apañan al directorio chuto de la Subcentral Sécure, a la cabeza de Carlos Fabricano. Juntos avalarían el “Protocolo de Consulta” (que ya circula por Internet) descaradamente redactado por el gobierno para construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos adentro del TIPNIS.

“Es muy triste ver cómo el gobierno está manipulando a hermanos inocentes chimanes y yuracarés. Para que se pongan a decir ‘sí’ a la carretera les han hecho llegar motores fuera de borda, paneles solares, pero nosotros sabemos que el territorio no tiene precio”, recalcó Noza.

“Estos hermanos no tienen ningún argumento contra el actual directorio de la Subcentral Sécure, conformado legalmente. No tienen de qué acusarme. No puede ser que el gobierno nos complique tanto, solamente porque estamos defendiendo nuestra casa. Me quieren sacar por obedecer el mandato de las bases y estar firme en el rechazo a la construcción de esta carretera por dentro del TIPNIS”, reclamó el dirigente del pueblo Mojeño.