(ABI).- El fiscal general del Estado Mario Uribe instruyó el martes a los fiscales generales y de materia de todo el país iniciar una investigación penal con el fin de identificar a los presuntos responsables de la suspensión de los servicios de salud. La ministra de Comunicación Amanda Dávila negó una supuesta persecución política.

Desde el 28 de marzo los médicos y trabajadores del sistema de salud pública cumplen un paro indefinido en rechazo a la restitución de las ocho horas de labor diaria. El viceministro de Salud Martín Maturano informó que cada día al menos 70 mil personas son perjudicadas por el paro médico que les “priva de atención médica”.

El ministro de Gobierno Carlos Romero anunció que coordinará acciones con el Ministerio Público a fin de evitar que los sectores movilizados cometan “excesos” y luego el diputado oficialista Galo Bonifaz solicitó al fiscal general Mario Uribe que inicie un proceso penal contra el presidente y vicepresidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios y Bernardino Fuertes, respectivamente.

Bonifaz solicitó formalmente al Fiscal General que procese penalmente a “esos malos dirigentes que están cometiendo un acto criminal que es instigar a la no atención de un servicio básico como es la salud, un derecho básico reconocido por la misma Constitución Política del Estado”.

El diputado del MAS exigió a la Fiscalía que actué con “celeridad y drasticidad” contra esos dirigentes acusados de atentar “contra la seguridad interna del Estado, la tranquilidad pública, la integridad corporal y la salud de la población boliviana”. Advirtió que “a partir de esa denuncia que estamos haciendo cualquier deceso será entera responsabilidad de los dirigentes que están instigando a ese paro médico ilegal”.

El fiscal Mario Uribe atendió el pedido de Bonifaz y este martes instruyó iniciar la investigación, aunque aclaró que la indagación no atentará contra el derecho a la huelga de los trabajadores del sector salud. Horas después la fiscal de Distrito de La Paz Betty Yañiquez anunció que el Ministerio Público, como protector de la sociedad, investigará de oficio la restriccióndel derecho a la salud de la población por el paro médico.

“El Ministerio Público actuará una vez que exista el ilícito de estos hechos, cumpliendo la instrucción de la Fiscalía General del Estado, pero eso no quiere decir que inmediatamente existan aprehensiones”, recalcó Yañiquez.

La autoridad judicial recordó que la Fiscalía tiene una misión concreta, claramente establecida en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que “es persecutor del delito, no es preventivo, y por ello actuará una vez que se consume el ilícito”.

Además, dijo que la Carta Magna indica claramente que la Policía es la institución encargada de preservar el orden público; por consiguiente, el Ministerio Público actuará en estricta sujeción al ordenamiento jurídico, es decir que perseguirá el delito una vez que se constate.

Yañiquez reconoció que el derecho a la protesta está consagrado por la Constitución. Por esa razón garantizó que el Ministerio Público evaluará el caso antes de proceder y prometió que en este y otros casos la Fiscalía de La Paz actuará con responsabilidad, en apego estricto a las leyes y a la Constitución.

Por su parte, la ministra de Comunicación Amanda Dávila aseguró que los dirigentes sindicales y de organizaciones indígenas tienen “todas” las garantías del Estado para plantear sus demandas sectoriales, y negó una supuesta persecución política, como denunció el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez.

Dávila explicó que el gobierno pretende garantizar los derechos de los ciudadanos, sin vulnerar los derechos de los dirigentes. “Acá los dirigentes pueden decir lo que quieren, tienen todas las garantías del Estado y yo ratifico y reafirmo el compromiso del Presidente de toda la vida, de dar absolutamente las garantías para que todos puedan criticar como quieren criticar al Presidente”.

La ministra de Comunicación consideró que las movilizaciones sociales son parte del proceso de cambio, por lo que no deben entenderse como un problema, sino como una oportunidad para modificar estructuras.

“No tenemos que tener miedo al conflicto, sobre todo en un gobierno que está encarando un proceso de cambio, que tiene que mover estructuras, y que obviamente afecta a distintos sectores en los intereses y privilegios que siempre han tenido y que tienen que defender frente algunas propuestas del gobierno que quiere cambiar”, fundamentó.

En esa línea, Dávila instó a los sectores sociales en conflicto, como el Colegio Médico de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB), a acudir a las mesas de diálogo convocadas insistentemente por el gobierno para concertar soluciones a sus demandas.