Este martes se reanuda el paro indefinido de los trabajadores de salud; los sindicatos de la COB cumplen una huelga de 24 horas el 11 de abril; perseguidos y torturados durante las dictaduras están dispuestos a inmolarse por un bono; el movimiento cívico de Tarija amenaza con insurreccionarse el 15 de abril, y cada vez más movimientos sociales urbanos confirman su participación en la IX Marcha Indígena que comienza el 25 de abril.

El gobierno de Evo Morales enfrenta desde esta semana una nueva escalada de movilizaciones y huelgas protagonizadas por al menos cinco frentes sociales en pie de lucha por revindicaciones sectoriales.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia Alfonso Barrios ratificó el paro indefinido a partir de este 10 de abril en rechazo al Decreto Supremo 1126 que extiende la jornada laboral de los trabajadores de salud de seis a ocho horas diarias.

El gobierno logró la suspensión de la huelga con la promesa de postergar la aplicación del decreto 1126, pero a pocas horas de firmar el acuerdo el ministro de Salud Juan Carlos Calvimontes se retractó y aseguró que el reglamento continúa vigente.

La trampa gubernamental enfureció a los trabajadores movilizados, y el Consejo Nacional de profesionales en Salud que agrupa a médicos, enfermeras, bioquímicos, odontólogos y fisioterapeutas de todo el país, resolvió radicalizar las medidas de presión a partir de las cero horas de este martes.

La radicalización de la movilización del sector de salud, motorizada por el sector más conservador como son los profesionales médicos, revela el profundo malestar en todas las capas de la clase media. Las protestas callejeras tienden a masificarse con la incorporación de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, de los trabajadores de la salud pública y de las facultades de medicina de todas las universidades públicas.

Los médicos rechazan la jornada laboral de ocho horas y exigen ser incorporados a la Ley General del Trabajo para gozar de los beneficios sociales que consagra ese instrumento legal. El ministro Calvimontes aseguró que el gobierno está dispuesto a reanudar el diálogo, pero advirtió que la aplicación del decreto 1126 no está en discusión.

“El gobierno miente e incumple su obligación de promover, respetar y proteger los derechos de la población. Solo nos pagan por seis horas y quiere que trabajemos dos horas más sin remuneración. Con ello busca devaluar nuestros salarios en un 25%”, argumentan los trabajadores de salud.

Según el gremio, “el gobierno no quiere aumentar el presupuesto de salud, no quiere invertir en infraestructura, equipamiento, insumos, ítems y salarios. Quiere tratarnos como a servidumbre, niega el carácter consensual de los contratos laborales, niega una justa remuneración y nos acosa laboralmente; burlándose de prohibiciones y derechos constitucionales”.

Los sindicatos del sector salud advirtieron que en caso de despidos, así sea de un solo profesional, se suspenderán todos los servicios de emergencia.

Por otro lado, la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el incremento salarial del 7% y del 15% al mínimo nacional ofrecido por el gobierno, y decretó un paro de 24 horas el miércoles exigiendo un aumento de sueldos y salarios de acuerdo a la canasta familiar que asciende a 8.300 bolivianos.

La dirigencia sindical de la COB dio un plazo de 15 días al gobierno para que mejore su oferta salarial, y ahora apuesta por “paros escalonados” y eventuales “mesas de diálogo” con el Ejecutivo.

Entre tanto, un grupo de víctimas de violencia política durante gobiernos dictatoriales cumple ya casi un mes de vigilia en puertas del Ministerio de Justicia en La Paz. Los activistas amenazan con inmolarse si el gobierno no les paga un bono de resarcimiento, tal y como manda la Ley 2640.

“Estamos llegando a esta extrema medida de inmolarnos para solicitar al gobierno a través de la ministra de Justicia Cecilia Ayllón que no se discrimine a las víctimas de la dictadura con la ley de resarcimiento”, declaró el dirigente del piquete Antonio Rojas.

De otra parte, el movimiento cívico de Tarija se declaró en pie de lucha en rechazo a un reciente estudio técnico de los campos petroleros Margarita y Huacaya, el cual mermará significativamente sus ingresos por regalías petroleras. El dirigente cívico de Tarija Jorge Lema anunció que el 15 de abril el departamento emitirá una “proclama” que definirá cambios “muy por encima de la aspiración autonómica”.

“Me privo un poquito de decir cuál va a ser el mensaje y lo que va a significar la proclama del departamento de Tarija el 15 de abril. No van a ser meros discursos, de ninguna manera, será una auténtica proclama que le estamos lanzando al país donde señalamos fundamentalmente que Tarija va a cambiar su estructura política y administrativa, que va a pasar muy por encima de la aspiración autonómica”, declaró el cívico a Radio Panamericana.

“El gobierno puede hacer lo que le dé la gana, puede anunciar que va a distribuir lo que quiera de nuestras regalías; pero lo que no vamos a aceptar como tarijeños es, para empezar, este informe de la Gaffney. No nos interesa que diga lo que diga, lo que tiene que interesarle al gobierno es medirnos por la reacción como pueblo que vamos a desatar en un proceso de lucha inclaudicable a partir de la marcha del 15 de abril”, advirtió Lema.

El dirigente cívico anunció que no será “una manifestación más, esto tiene connotaciones que pueden hacer temblar los cimientos del Estado boliviano y del propio gobierno. Así que si quiere provocar a Tarija de nuevo, con arrebatarnos lo que es legítimamente de los tarijeños, no se lo vamos a permitir. Ya nos robaron demasiado a lo largo de la historia, y todos los gobiernos”.

Por si fuera poco, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) ha ratificado la IX Marcha Indígena que comienza el 25 de abril, con la participación de pueblos originarios de tierras altas y bajas y de decenas de movimientos sociales urbanos.

Con el propósito de unificar esfuerzos en defensa del TIPNIS y apoyar a la IX marcha que partirá de Chaparina, se conformó un Comité permanente en defensa del TIPNIS en el primer “Encuentro Urbano indígena rumbo a la IX Marcha”, celebrado en La Paz. Integran el Comité organizaciones sociales, civiles y activistas independientes, entre ellos los Centros de Estudiantes de las Carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Derecho de la UMSA, la Coordinadora de Estudiantes de la UMSA, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y el grupo Mujeres Indignadas.

“Ante las estrategias del gobierno y sus esfuerzos por dividir a las organizaciones indígenas y urbanas que enfrentan su política extractivista, atropelladora, anti indígena y anti obrera, llamamos a la unidad y alianza de todos los sectores en lucha por la defensa de este territorio, ya que involucra el interés mayor de todos los territorios indígenas, pero también de las y los bolivianos, porque todas las afectaciones de los proyectos extractivistas históricamente no han beneficiado al pueblo boliviano sino a las transnacionales”, manifestó la Red de activistas independientes de La Paz y Cochabamba en un pronunciamiento público.

El gobierno responderá con mano dura

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan Del Granado alertó que el gobierno está preparando un “nuevo momento represivo de recorte de libertades democráticas, de acción antidemocrática en contra de la dirigencia indígena, tal como ocurrió durante la VIII marcha el año pasado”.

El ministro de Trabajo Daniel Santalla amenazó con declarar ilegal el paro médico, en su criterio una “medida criminal” porque atenta contra la vida de las personas, mientras que el ministro de Gobierno Carlos Romero coordina acciones con el Ministerio Público para desactivar las protestas y movilizaciones que cometan “excesos”.

“Vamos a reunirnos con el Ministerio Público para coordinar acciones como lo hicimos con la movilización de los discapacitados… hay un límite y nuestra misión es que las carreteras estén con flujo normal y las actividades sean normales”, precisó Romero. (ABI)

Por su parte, el Gobernador de La Paz Cesar Cocarico no descartó un posible cierre de los hospitales de tercer nivel si se cumple el paro médico. “Más allá de los intereses individuales tiene que verse el problema de manera institucional, los médicos no están viendo el otro lado de la factibilidad financiera de los hospitales, y lo que se está haciendo con estos paros es agravar la situación, temo mucho que podamos derivar en un cierre temporal de estos hospitales por al menos tres meses, que nos obligaría a cambiar la forma de administración”, advirtió.

Cocarico reiteró que se perdieron al menos 1.303.540 bolivianos en los hospitales de tercer nivel por los siete días de paro protagonizados la pasada semana por los médicos y trabajadores en salud.