(Plataformaenergetica.org).- El gobierno de Evo Morales otorgó dos concesiones petroleras en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), violando la normativa ambiental de las áreas protegidas y vulnerando la decisión indígena de no permitir actividades extractivas en su territorio, asevera la antropóloga y especialista ambiental Sarela Paz.

“El gobierno de Evo Morales tiene una política de desarrollo económico que prioriza los modelos extractivos energéticos, convirtiéndolos en política de Estado, en el eje económico de la política pública”, dice la especialista que formó parte del equipo que formuló la Evaluación Ambiental Estrategia del TIPNIS en 2011, por encargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

En partes salientes de un extenso informe sobre la temática del TIPNIS, Paz sostiene que “para el caso concreto del TIPNIS el gobierno de Evo Morales ha otorgado dos concesiones para exploración y explotación petrolera, desconociendo la normativa ambiental que rige en áreas protegidas, y violando la decisión construida por miembros del SERNAP y las organizaciones indígenas el año 2001, cuando se re categoriza el TIPNIS y se menciona que no podrá haber actividad petrolera en el territorio indígena y área protegida (Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001)”.

Dos han sido las concesiones otorgadas por Morales: “la primera mediante la Ley N. 3672 de abril de 2007 que aprueba el Contrato de Operaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con PETROBRAS BOLIVIA SA y TOTAL E&P BOLIVIE en el área de Río Hondo (bloque Ichoa), y la segunda mediante Ley N. 3911 de abril del 2008 con su adendum en julio del mismo año que aprueba el contrato de exploración y explotación entre (YPFB y YPFB PETROANDINA SAM (Evaluación Ambiental Estratégica-SERNAP 2011)”, precisa Paz.

En este marco, según la especialista, “es claro que el tramo carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos brindará condiciones para las operaciones petroleras de ambas concesiones. En la comprensión del negocio de hidrocarburos que manejan las transnacionales, las carreteras son ítems de inversión del Estado. Construir infraestructura para que los modelos extractivo exportadores operen con costos relativamente razonables, forma parte de la lógica de gobiernos y Estados ampliamente comprometidos con los modelos primario exportadores”.

Más áreas para exploración petrolera

Según Paz, “las políticas del gobierno de Evo Morales muestran mayor interés por abrir nuevas áreas de exploración y explotación hidrocarburífera (gas y petróleo) antes que generar políticas que permitan el desarrollo de una industria energética en Bolivia. Seguramente, de manera similar razonan las transnacionales petroleras que operan en Bolivia”.

La especialista reseña que desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos N. 3058 en mayo de 2005, el gobierno de Morales ha ampliado el número de áreas de interés hidrocarburífero destinadas a YPFB. “Lo que interesa resaltar en dicha política no es, por supuesto, que YPFB tenga más áreas de aprovechamiento hidrocarburífero, sino que dichas áreas tradicionales y no tradicionales han empezado a implicar a las áreas protegidas y territorios indígenas. Además, dichas áreas destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos están siendo concesionadas a YPFB pero bajo la figura de sociedad mixta con empresas transnacionales. Por tanto, no son áreas de operación exclusiva de la empresa petrolera boliviana”.

Basándose en el artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos N. 3058, el gobierno de Morales, mediante Decreto Supremo N. 29130 de mayo de 2007, propone reservar 21 áreas tradicionales y no tradicionales de interés hidrocarburífero a favor de YPFB. Paz recuerda que en dicho decreto encontramos el Bloque Sécure 19 y 20 como área no tradicional de interés hidrocarburífero reservado para YPFB. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N. 29226 promulgado en agosto de 2007, el gobierno modifica las áreas de interés hidrocarburíferas a favor de YPFB en un número de 33 bloques que son susceptibles de ser aprovechados bajo la figura de sociedad mixta.

Tres años después, en octubre de 2010, el gobierno de Morales promulga el Decreto Supremo N. 676, el cual amplía las áreas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB a un número de 56, y propone de manera directa permitir excepcionalmente actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, postulando en el parágrafo II del art. 2 que “las áreas reservadas a favor de YPFB, si se encuentran en áreas protegidas, se deberá garantizar el cumplimiento de emplear adecuadas tecnologías que permitan mitigar los daños socioambientales y culturales”.