Los militares argentinos emprendieron una guerra sucia en la década de los setenta, que llegó a irradiarse incluso hasta la década de los ochenta, afectando la interpretación buscada en la década de los noventa. Se habla de 30 mil desaparecidos. Si el Estado se sustenta en el concepto de fuerza mayúscula, en la excepción misma que pone en suspenso los derechos fundamentales, la acción militar actúa en el sentido de la desaparición de los sujetos de derechos. En el mapa de estos recursos violentos tenemos los medios de la descalificación y de la denigración, como parte de una guerra psicológica. No es casual que ahora se emplee estos medios contra las organizaciones indígenas y sus dirigentes.

El Estado, los hombres de Estado; el gobierno, los métodos de gobierno; no conocen otros recursos para afrontar una crisis, la crisis de su propia legitimidad y gubernamentalidad. Son viejos procedimientos, no se necesita genialidad para ejecutarlos, sino rutina, hombres sin pudor para decir y ejecutar. Los dirigentes y las organizaciones indígenas confrontan estos procedimientos y a esta clase de personajes.

¿Cuál es la lógica en todo esto? ¿La pretensión de los descalificadores es hacer creer a la gente en la veracidad de sus denuncias? ¿Eso esperan? ¿O mas bien se trata de actos de guerra, denigrar, descalificar al enemigo, hundirlo, convertirlo en un monstruo, pasible de la descarga más violenta de la acción de limpieza estatal, justificada? Es difícil aceptar la hipótesis de que quieren convencer; este ya no es un problema en un mundo mediatizado, donde ya no importa la objetividad o la correspondencia con los hechos sino las escenificaciones. Tampoco se puede esperar que los que emiten estas acusaciones lo crean; lo hacen porque están persuadidos de que tienen que hacerlo. Tienen que atacar, demoler, destruir.

El único lugar inocente donde paree circular cierta credibilidad sobre estas cosas es el espacio donde se inscribe el discurso, espacio blando, moldeable, que acepta todo lo que se imprime; empero este espacio comunicacional, de difusión y circulación, es un espacio sin sujeto. En cambio los que perciben el mensaje son sujetos; ellos son sometidos al bombardeo sistemático de la descarga ideológica. ¿Cuántos de los sujetos creen? Ya acostumbrados a esta guerra mediática, es difícil esperar que la mayoría caiga en la ingenuidad de creer. Por lo menos se duda. Ahora bien debe haber una variedad de perfiles en relación a la percepción y recepción de la comunicación. En este mapa de perfiles debe haber un grupo, afín, que dice que cree y lo rarifica. Esta postura es no solamente condescendiente sino cómplice. Empero, no hay que olvidar que no se trata de una lucha por la verdad; esta relación ética y cognitiva se encuentra fuera de estas preocupaciones por imponer la versión oficial. Es un problema de fuerzas; de lo que se trata es de crear la atmósfera correspondiente de desprestigio para justificar una acción; por ejemplo, la ocupación militar del TIPNIS.

Lo que está en juego son las fuerzas, la correlación de fuerzas; la movilización de la IX marcha indígena y las acciones que pueda realizar el gobierno para detener, descalificar, diseminar, dividir a la movilización misma. Los discursos son dispositivos de poder en estos escenarios de la coyuntura. En esta perspectiva lo que desplaza el gobierno son acciones de guerra. Imponer una consulta extemporánea, es decir, un cuestionario; desplegar juicios a los dirigentes indígenas; amenazar, chantajear, presionar, por todos los medios a las comunidades del TIPNIS; descalificar a sus dirigencias; ocupar militarmente el TIPNIS; preparar la consulta con toda la logística estatal, incumpliendo con la Constitución, los convenios internacionales, el consentimiento, la condición de previa, libre e informada; no es otra cosa que actos de guerra, la guerra del Estado-nación contra el germen del Estado plurinacional comunitario y autonómico, que se encuentra en la Constitución y es defendido por las naciones y pueblos indígenas.

Estos actos de guerra se complementan con otros procedimientos que podemos identificar como de desinformación y manipulación abierta. La presidenta de la cámara de senadores despliega toda una exposición justificativa de la ley de consulta, dice que cumple con la Constitución, con los convenios internacionales, con los requisitos del consentimiento y las condiciones de previa, libre e informada. Lo dice de una manera rutinaria, incluso acudiendo a James Anaya, responsable en Naciones Unidas de la unidad encargada de los derechos de los pueblos indígenas. También acude a Bartolomé Clavero, un defensor de los derechos indígenas, conocido por su apoyo y difundida escritura de análisis sobre los tópicos problemáticos de la garantía y cumplimiento de los derechos indígenas por parte de los estados. Lo que se observa en esta desesperada utilización es que se desconoce la posición de estos connotados caballeros; Bartolome Clavero ya ha escrito y hecho conocer su posición crítica al incumplimiento por parte del gobierno sobre la consulta previa y NNUU ha hecho conocer su preocupación por la suspensión de los derechos indígenas en torno a los pleitos desatados por la expansión extractiva. ¿Por qué se lo hace? ¿Se considera que tanto Anaya como Clavero no van a escuchar y leer estas reminiscencias? ¿Se quiere hacer creer a los bolivianos que la ley de consulta está bien estructurada y recibe incluso el apoyo de connotados defensores de los derechos indígenas?

Este discurso si quiere convencer, se desenvuelve como retórica; tampoco aquí se trata de lograr la verdad, como en filosofía, ni tampoco el rigor, como en lógica; se trata simple de convencer. Ahora bien, uno de los requisitos de la retórica para con su auditórium es la empatía, otro es la seducción, también podemos hablar de la forma de la exposición y el orden, de un preámbulo y de unas conclusiones, en el medio la argumentación. De ninguna de estas condiciones gozan los expositores del gobierno. Tampoco les va bien con la retórica, menos con la política, que además de ser un juego práctico de las relaciones de fuerza, también hace la conjunción y articula en el uso del lenguaje y de los lenguajes, incluyendo al lenguaje de la imagen, a la retórica, a la lógica, de alguna manera a la filosofía y porque no un uso particular de las ciencias. En resumidas cuentas, la exposición retórica del congreso no convence.

Tenemos entonces dos ejes de despliegue político del gobierno, las acciones de guerra y la retórica, la preparación del terreno para las acciones de despliegue y lo que debería ser el arte del convencimiento. La pregunta es ¿cómo abordar esta problemática, tanto desde la perspectiva de la comprensión así como desde la perspectiva de la resistencia política? Ante todo no se puede caer en creer que el problema se resuelve en la discusión diferida sobre la verdad, quién tiene la verdad. Esto no le interesa al gobierno, no le interesa al aparataje del Estado, no les interesa a los órganos del Estado, a los llamados poderes, tampoco se espere que le interese a la administración de justicia, que está totalmente cooptada y forma parte, como un aditamento, de una estrategia de disuasión y de criminalización de la protesta.

Ciertamente a los únicos que les interesarían la dilucidación de la correspondencia con los hechos son las víctimas. Son las únicas que estarían interesadas en el esclarecimiento. Empero se encuentran lejos de los recursos del poder como para defenderse adecuadamente, sólo pueden recurrir a la potencia social, a la resistencia, a la movilización, a la defensa de sus derechos. Entonces la verdad en este caso vendría a ser problema del encubrimiento, del ocultamiento, de la forma como se encapsula en la experiencia dramática de las víctimas. Experiencia que por sí mismo no puede ser muda, pues en todo caso quedan los testimonios, los testimonios de la violencia; también la memoria, la memoria devenida de la experiencia del sufrimiento, pero también de la alegría de las luchas. Las victimas no se callan, hablan; este es un grave problema para el poder.

Si bien hay que afrontar a las fuerzas de la represión con fuerzas de la resistencia, si bien hay que enfrentar a la mala retórica del congreso con exposiciones claras, no se puede dejar encerrada a la verdad en el lugar más espeso de la memoria, en el lugar más dramático de la experiencia, en la huella que deja en los cuerpos. Es menester liberar este ámbito de la experiencia y de las relaciones de los saberes con ella, es menester expresar la verdad desde la experiencia de las naciones y pueblos indígenas, desde las comunidades, desde la perspectiva de las comunidades de la TCO del TIPNIS. La lucha por la verdad viene a ser una lucha por la develación y la revelación, además de contener ribetes filosóficos. Esto es importante, porque la apropiación de ese lugar de la dominación, desde donde se dice supuestamente la verdad, que no es más que un simulacro del poder, porque la toma de la colina, desde donde se observa el paisaje, debe ser una conquista de las y los que resisten, las y los que luchan, las y los que combaten. Este puesto debe ser arrancado de los que han monopolizado los manejos discursivos; la verdad debe dejar de ser un producto del poder.

La experiencia de las comunidades de la TCO del TIPNIS tiene que ver con aquello que los llevó un día a lanzarse a la primera marcha indígena en defensa del territorio y la vida, con todo lo que ha acontecido desde entonces hasta ahora, en plena convocatoria a la IX marcha indígena. Es la experiencia de sufrimientos, pero también de luchas, devenida en perspectiva propia, amazónica, de reconstitución y reterritorialización, devenida en derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, devenida en el horizonte abierto por la visión del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La verdad de las comunidades de la TCO del TIPNIS tiene que ver con la alternativa concebida como ñandereco, ivimarey, suma kausay, suma qamaña, traducida al castellano como vivir bien.

Una verdad que interpela la ilusión del desarrollo y de la riqueza fácil, que interpela por lo tanto la construcción de la carretera que atravesaría el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure; carretera que destruiría el bosque, el territorio indígena y el parque, por lo tanto que destruiría el ecosistema. Esta experiencia y esta verdad están sometidas a una prueba dura; el gobierno ha decidido el 2008 construir la carretera, ha intentado desde entonces imponer su voluntad extractivista. Después de un sinuoso recorrido de comportamientos ambiguos y contradictorios en torno al TIPNIS quiere imponer un cuestionario, al que le llama consulta, sin consentimiento de los pueblos indígenas. La novena marcha indígena busca defender su verdad, ampliar la experiencia de las luchas, convocando al pueblo boliviano a la reconducción del proceso.