El Parlamento paraguayo y la Alianza Parlamentaria por la Democracia de América (APDA) que aglutina a legisladores de nueve países condenaron las “persecuciones políticas” del gobierno de Evo Morales, y el acoso al diputado Adrián Oliva, quien preside la APDA desde el año pasado.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución presentado por la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), solicitando el envío a la Comisión de Ética a los parlamentarios Norma Piérola y Adrián Oliva de la alianza opositora Convergencia Nacional (CN), acusados de haber “mal informado a la comunidad internacional”.

En una reciente visita a Paraguay, ambos legisladores opositores lograron que la Cámara de Diputados del vecino país apruebe el 14 de marzo de 2012 una resolución pidiendo respeto a los derechos humanos en Bolivia y el cese de las persecuciones políticas. “El detonante de la persecución fue la resolución de la Cámara de Diputados del Paraguay, mediante la cual se condena la violación de derechos humanos en Bolivia y se señala la existencia de numerosos presos y perseguidos políticos en ese país”, aseguró la APDA en un comunicado emitido hoy en Bogotá.

Dicha resolución “se basó en información recabada por la propia Cámara de Diputados y en el testimonio presentado en Asunción por Adrián Oliva, acompañado por la diputadaNorma Piérola y por familiares de presos políticos bolivianos”, dice la APDA, creada el año pasado por diputados y senadores de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con el objetivo de defender la democracia, las libertades y los derechos humanos en América Latina.

La Alianza parlamentaria considera que la persecución contra Oliva no se debe sólo a su actuación en el Paraguay, sino principalmente a las denuncias que este diputado viene haciendo contra el gobierno de Morales, que incluyen hechos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y, más recientemente, torturas y ejecuciones contra tres ciudadanos extranjeros en el sonado caso del Hotel Las Américas, ocurrido el 16 de abril de 2009.

“Llama la atención que el hostigamiento contra Adrián Oliva se lleve a cabo justo antes de un viaje que este diputado tiene planificado hacer para la ciudad de La Haya, en donde presentará ante la Corte Penal Internacional graves acusaciones contra Evo Morales y otros altos funcionarios gubernamentales por delitos de lesa humanidad”, subraya el comunicado de la APDA.

Por su parte, el diputado Oliva aseguró que su procesamiento “se convierte en la mejor confirmación de la veracidad de nuestras denuncias, en el sentido de que existe una judicialización de la política y una represión contra las opiniones disidentes”. El jefe de la bancada de CN en la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado ratificó su “total respaldo a los legisladores perseguidos por cumplir sus funciones constitucionales de fiscalización. Denunciar abusos contra los DDHH o violaciones contra el debido proceso es parte de esas funciones”.

En 20 de marzo, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una declaración camaral en la que rechaza enfáticamente las denuncias de Oliva y Piérola por supuesta persecución política en Bolivia, e invita al presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay a visitar el país con la finalidad de comprobar que dichas denuncias son falsas. Aclara que el Estado Plurinacional está sustentado en un “gobierno democrático, participativo, representativo y comunitario donde rige plenamente el estado de derecho, y donde existen órganos constituidos que administran justicia en el marco de la Constitución Política del Estado”.

El documento subraya que los diputados paraguayos aprobaron su declaración en presencia de Pamela Fernández, hija del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido por la masacre ocurrida en el municipio de Porvenir departamento de Pando, donde se tuvo que lamentar la muerte de al menos 20 personas. También hace referencia a la investigación que llevó a cabo la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) sobre estos hechos, habiendo llegado a la conclusión de que eran crímenes de lesa humanidad.

En ese contexto, la presidenta de la Cámara Baja Rebeca Delgado explicó que “la búsqueda de igualdad y justicia social y el cambio de estructuras es totalmente diferente a lo que es la violación de derechos humanos, la masacre de campesinos, la corrupción, hechos que están siendo investigados en diferentes departamentos del país, no hay comparación”.