El Ministerio Público Federal (MPF) de Río de Janeiro denunció formalmente ante la justicia de Brasil a 17 ejecutivos de las petroleras Chevron Brasil y Transocean por el derrame de 2.400 barriles de petróleo en Campo de Frade en noviembre de 2011, un delito tipificado como crimen ambiental y daño al patrimonio público. Por otro lado, Chevron y su socia Texaco se niegan a pagar más de 16 mil millones de dólares de multa por contaminar la Amazonía ecuatoriana.

Chevron Brasil inició actividades de exploración y explotación de petróleo y gas en la Bahía de Campos en 1997, luego de que el gobierno brasilero autorizó la inversión privada en el sector. Desde entonces, la empresa norteamericana emprende tres proyectos en aguas profundas de Brasil. La petrolera actúa como operadora solo en el Campo de Frade (posee 51,7% del paquete accionario), situado a unos 370 kilómetros de la costa noreste del estado de Río de Janeiro.

El 8 de noviembre de 2011 fue detectado un escape de entre 521 y 882 barriles de petróleo del Campo de Frade, en la Bahía de Campos, operado por Chevron Brasil y Transocean. Con el pasar de los días, la mancha de oleo abarcó unos 163 kilómetros cuadrados, y el 21 de noviembre el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) impuso a los operadores del campo una primera multa de 28 millones de dólares por el escape de unos 2.400 barriles de petróleo.

El presidente de Ibama Curt Trennepohl reveló que su entidad estudiaba aplicar una nueva multa ascendente a unos 5,5 millones de dólares por fallas en la contención del salidero de hidrocarburo. Posteriormente, el director general de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) Haroldo Lima abrió dos procesos de infracción contra la petrolera norteamericana porque no entregó todas las imágenes de monitoreo del escape y omitió decir que no poseía equipos considerados fundamentales para detener la fuga.

El 23 de noviembre, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió realizar una auditoría para verificar la posible responsabilidad de dos entidades brasileñas, la ANP y Petrobras, en el escape de óleo. El magistrado Raimundo Carreiro pidió la auditoria porque Chevron Brasil Upstrem no identificó el problema ni cumplió las acciones de contingencia previstas para ese tipo de accidentes.

El TCU quiere saber cómo la ANP realiza la fiscalización de los planes de emergencia de las empresas petroleras. Asimismo, verificará en la estatal Petrobras si existe previsión contractual de resarcimiento de gastos de la compañía por las acciones debidas al accidente. Los magistrados piden explicaciones sobre los cuidados adoptados para que las petroleras aliadas posean condiciones efectivas de detección y respuesta a accidentes ambientales.

El mismo 23 de noviembre, la ANP suspendió las operaciones de perforación de Chevron Brasil en el Campo de Frade hasta que sean identificadas las causas y los responsables del escape. El fallo incluye el cese de toda operación de perforación de la petrolera en territorio nacional. Asimismo, la directiva de la ANP rechazó pedido de la subsidiaria norteamericana para perforar un nuevo pozo en Campo de Frade con el objetivo de alcanzar los enormes yacimientos de hidrocarburo descubiertos a grandes profundidades en el atlántico brasileño, por debajo de la capa de sal (subsal).

Entretanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia brasileña Gilberto Carvalho aseguró que no faltará rigor en la investigación de las causas del escape. “No vamos a jugar con esa cuestión. Está en juego nuestro futuro en términos del subsal (grandes yacimientos de hidrocarburos descubiertos en el atlántico brasileño a grandes profundidades en el mar, por debajo de la capa de sal) y nuestro cuidado ambiental es muy grande”, dijo.

Hasta el 14 de diciembre, Chevron Brasil no conseguía controlar el escape de crudo, cuya mancha abarcaba ya 163 kilómetros cuadrados en el Atlántico. El procurador Eduardo Santos Oliveira consideró que Chevron y Transocean fueron incapaces de controlar los daños y no surtió efecto la técnica empleada para contener el derrame. De acuerdo con un reporte de la Agencia Brasil desde Río de Janeiro, la compañía admitió que hubo fallas de cálculo en la explotación del pozo y alegó que la presión del depósito era mayor que la estimada y la primera capa de roca era menos resistente de lo previsto por los técnicos.

Representantes de la empresa admitieron la permanencia de un escape de petróleo durante una audiencia pública realizada en Macaé, en el norte del estado de Río de Janeiro. El supervisor de medio ambiente de esa firma Luiz Alberto Pimenta indicó que “las cantidades (de petróleo escapado) son cada vez menores. La expectativa es que haya un control total de ese problema en algún tiempo, en el futuro”. Sin embargo, no supo precisar el tiempo en que va a cesar el salidero.

La ANP señaló que la causa del escape aún era desconocida, aunque la principal hipótesis es que una fractura provocada por un proceso de estabilización del pozo haya liberado el crudo que salió por un falla geológica. “La Chevron accionó su plan de emergencia y es enteramente responsable por la contención del escape. 18 navíos están en el área: ocho de la propia Chevron y otros 10 cedidos por (las compañías petroleras) Petrobras, Statoil, BP, Repsol y Shell”, explicó la institución.

El 14 de diciembre, el Ministerio Público Federal de Campos, en Río de Janeiro, pidió una indemnización de unos 11 mil millones de dólares a Chevron Brasil y a la contratista Transocean por los daños ambientales del escape de crudo. La entidad planteó también que la Justicia Federal conceda un mandato para suspender las actividades de las dos empresas en Brasil, so pena de multa diaria de 500 millones de reales.

El 21 de diciembre, la Policía Federal acusó ante la Justicia Federal por crimen ambiental a las dos empresas, así como a otras 17 personas. En declaraciones a la Red O Globo, el delegado Fabio Scliar aseveró que ambas empresas, por ganancia y conducta liviana de sus ejecutivos, recurren a perforaciones temerarias. El informe de la Policía Federal precisa que el salidero sucedió porque fue empleado exceso de presión en el pozo, pese a que la petrolera estadounidense sabía que estaba perforando en una zona de alta presión. Chevron Brasil y Transocean actúan o, por lo menos, actuaron de manera liviana e irresponsable. Estaban trabajando en el límite del límite, como fue admitido por varias personas que fueron a declarar, señaló Scliar.

El 23 de diciembre, el Ibama impuso una segunda sanción monetaria a la petrolera que asciende a unos 5,4 millones de dólares por incumplimiento del Plan de Emergencia Individual, aprobado en la licencia ambiental de la actividad de exploración y extracción de petróleo. Entre las fallas cometidas, Ibama menciona la falta de equipos en las embarcaciones de emergencia y la demora en la atención de la fuga inicial.

El MPF impulsó otra acción civil reclamando a Chevron Brasil el pago de una multa de 10,8 millones de dólares por daños ambientales y sociales causados, y el 21 de marzo de 2012 denunció formalmente a 17 ejecutivos de la petrolera. El portavoz del MPF Marcelo del Negri precisó que se presentaron cargos contra seis estadounidenses, cinco brasileños, dos franceses, dos australianos, un británico y un canadiense.

Según la imputación del MPF, el presidente de la compañía, el estadounidense George Raymond Buck III., y otros tres funcionarios deben responder por el delito de obstaculización de la acción fiscalizadora del Ministerio Público. También se les acusa de incumplir obligaciones de interés ambiental y de falsedad ideológica, ya que alteraron informes referidos a la fuga de petróleo detectada en noviembre del año pasado y presentaron un plan de emergencia engañoso.

Se solicitó la retención de todos los bienes de los denunciados y el pago de una fianza individual de aproximadamente 540 mil dólares, y de 5,4 millones de dólares por cada petrolera. En caso de ser condenados, la fianza servirá para pagar la indemnización material por los daños causados, la multa y los costos del proceso penal.

Las penas solicitadas por el MPF contra los acusados oscilan entre 21 años y 31 años. Además, 15 de los 17 ejecutivos y profesionales imputados tienen 24 horas para entregar sus pasaportes y están impedidos de salir del país sin orden judicial. El 17 de febrero, el juez de la cuarta Vara Federal Criminal de Río de Janeiro Vlamir Costa arraigó a los ejecutivos de la petrolera, tomando como base una investigación sobre el eventual delito cometido por la petrolera contra el medio ambiente.

El dictamen tuvo lugar luego de que la presidenta Dilma Rousseff pidió a las petroleras que operan en Brasil mayor responsabilidad y cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad para evitar desastres ambientales. “Las empresas que vengan a instalarse aquí, así como las empresas que ya están aquí, deben saber que los protocolos de seguridad existen para ser cumplidos por todas las empresas sin excepción”, aseveró Rousseff en la posesión de la nueva directora de la ANP Magda Chambriard.

La situación jurídica de los directivos y empleados de Chevron puede complicarse aún más porque a principios de marzo se detectó un nuevo escape de crudo en Campo de Frade. El director de Asuntos Corporativos de Chevron Rafael Jaen admitió que la fuga fue detectada el 4 de marzo en la misma zona del accidente de noviembre.

El 15 de marzo, Chevron Brasil suspendió temporalmente la extracción de hidrocarburos en Campo de Frade. Hasta ahora, la subsidiaria estadounidense fue multada varias veces por el daño ambiental causado y por incumplir medidas de seguridad, a la vez que fue impedida de operar en nuevos pozos en territorio brasilero.

El 17 de marzo, la Marina brasileña detectó una mancha de cerca de un kilómetro en Campo de Frade, a 130 kilómetros de la costa noreste de Río de Janeiro. El Ibama estima que el nuevo escape probablemente tiene relación con el registrado en noviembre del año pasado. La ANP interpuso un nuevo recurso contra Chevron por no atender notificación para presentar las salvaguardas solicitadas para evitar nuevos salideros en Campo de Frade.

Chevron-Texaco se niega a resarcir daños en Ecuador

La petrolera Chevron perdió el “juicio del siglo” en Ecuador. El 14 de febrero de 2011, el juez Nicolás Zambrano de la Corte de Sucumbíos le impuso una multa de 10 mil millones de dólares por los daños ambientales causados en la Amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992. Su delito fue verter 18 mil millones de barriles de agua tóxica en la Amazonia ecuatoriana y dejar 627 piscinas con desechos tóxicos, un desastre ecológico que afectó a unas 30 mil personas.

La sentencia precisa que Chevron deberá pagar 5.396 millones de dólares para limpieza de suelos, 1.400 millones para construir sistemas de salud, 800 millones para planes de salud y atención a los pacientes con cáncer, 600 millones para limpieza de aguas subterráneas, 200 millones para recuperación de especies nativas, 150 millones para proyectos de dotación de agua y 100 millones para reparar el daño cultural.

El juez Zambrano dictaminó que la transnacional norteamericana debe pedir disculpas públicas a las víctimas de la Amazonía ecuatoriana por el crimen cometido. Si Chevron se niega deberá pagar el 100% más del monto económico establecido, es decir una cifra superior a los 16 mil millones de dólares. La empresa apeló al fallo, pero la sentencia fue ratificada un año más tarde por un tribunal de apelación.

Sin embargo, la petrolera norteamericana se niega a pagar e intenta apelar ante un tribunal de arbitraje internacional, acogiéndose al Tratado Internacional de Protección Recíproca de Inversiones aprobado en 1997.

Según el subsecretario jurídico de la Presidencia de Ecuador Vicente Peralta, es una aberración jurídica intentar aplicar un tratado bilateral que no estaba vigente cuando ocurrió la catástrofe ambiental en la Amazonía ecuatoriana.

* Servicio de Noticias Ambientales del Fobomade, con información de las agencias PL y Andes.