(Red Erbol).- El juez Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz René Delgado condenó a dos años y medio de prisión al periodista Rogelio Peláez por la publicación de una nota referida a cobros ilegales en el Fondo Complementario de la Administración Pública, que involucraba al abogado Waldo Molina. El sentenciado pidió hoy al Vicepresidente Álvaro García Linera la fiscalización del presunto tráfico de influencias registrado en su caso.

La sentencia fue conocida el miércoles de la semana pasada por Peláez, director de “Larga Vista”, quien lamentó que la justicia ordinaria lo sancione con la cárcel por los delitos de “difamación, calumnia y propalación de ofensas”. Ratificó que hubo cobro indebido de honorarios por parte de Molina, abogado del Comité de Defensa de los Aportes al Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP), y esposo de la abogada Mary Carrasco.

De acuerdo a la publicación de La Razón, Peláez dijo que el daño de esa estafa, fijado por el juez Aníbal Miranda, es Bs 141.065.304 para el Focssap; Bs 29.406.802 para el FREP; y Bs 3.247.177 para otras personas y entidades públicas. Según el periodista, Molina ganó el proceso de Bs 3.247.177 para 285 empleados públicos, afectados en aquel entonces.

Según el periodista sentenciado, después de la estafa al Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap), y al FREP; los empleados públicos que aportaron contrataron al abogado Molina para recuperar sus recursos en 1988.

Mediante una misiva dirigida a García Linera, Peláez aseguró que ha sido condenado por la “corrupción judicial” y que él sólo habría establecido periodísticamente un caso “corrupción pública”. Por ello, pido “fiscalizar el pago de honorarios profesionales ordenado por el entonces juez Aníbal Vicente Miranda Balboa y el monto cobrado por Waldo Molina Gutiérrez, abogado patrocinante de 285 ex aportantes del entonces Fondo de Retiro del Empleado Público – FRED”, indica el documento.

Señaló que su caso es un hecho de criminalización del trabajo periodístico documentado que se circunscribió a establecer la verdad de los hechos, dentro del proceso denominado FOCSSAP II-FREP promovido por el Estado contra Dante Benito Escobar Plata y otros.

Peláez fue sentenciado por los delitos de “difamación, calumnia y propalación de ofensas” después de que denunció en su medio impreso que hubo cobro indebido de honorarios por parte de Waldo Molina.

Según una pasada publicación de La Razón, en 1988, luego de la estafa al Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap), y al FREP, los empleados públicos aportantes contrataron a Molina para recuperar sus ahorros.