(CCS).- En España hay en marcha más de 350 mil procesos de ejecución hipotecaria y, desde 2007, se han ejecutado más de 300 mil. En plata: cientos de miles de personas se han quedado sin vivienda por no poder pagar la hipoteca y se quedarán sin hogar muchos miles más. Mientras tanto, hay tres millones de pisos vacíos que no se venden. Pero lo peor, tras quedarse sin casa, es que quienes han sufrido un desahucio aún deben grandes cantidades a los bancos.

Por ello, una reivindicación fundamental de la ciudadana Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es que la entrega del piso cancele la deuda. La dación. Ahora el Gobierno del Partido Popular dice que abre la puerta a esa dación en pago. Pero es un brindis al sol. Porque no es una ley que obligue sino un código de buenas prácticas al que los bancos pueden acogerse. O no. Según la PAH, ese código es una falta de respeto hacia los perjudicados por ejecuciones hipotecarias porque con los requisitos necesarios para poder cancelar la hipoteca entregando el piso, la inmensa mayoría de familias afectadas quedan fuera. Requisitos como que toda la familia esté en el paro, cuota hipotecaria superior al 80% de ingresos familiares netos, una deuda de cierta cantidad…

La dación en pago existe en otros países; si se implantara de verdad (no con las trampas del código del Partido Popular), ¿qué pasaría con las 300.000 personas ya desahuciadas, muchas de las cuales continúan soportando una considerable deuda hipotecaria?

Como ha denunciado Raquel Rolnik, relatora especial de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda, el problema (que no es un problema español ni mucho menos) está en que “la vivienda se ha convertido en una mercancía para acabar siendo un activo financiero. Pero la vivienda no es un activo financiero, la vivienda es un derecho humano”.

La cuestión de la vivienda no es algo aparte. Si hay más desahucios es porque aumenta la pobreza; casi un 22% de población en España. Tampoco es ajeno que millón y medio de familias tengan a todos sus miembros en paro. Además, entre quienes sufren pobreza, hay casi un millón de personas con empleo, pero aún así son y viven como pobres. Hoy los pobres aún son más pobres.

Paro, pobreza y vivienda no son solo problema de España. Por supuesto. A modo de muestrario, en Reino Unido las familias sin hogar aumentaron en 2011 un 14% y las que solicitaron ayuda tras ser desahuciadas por los bancos aumentaron un 44% el mismo año. Casi el 13% de las familias griegas no tienen ningún ingreso y desde 2008 son muchas más las personas sin hogar, un 25% más de ciudadanos sin techo; miles de griegos viven en la calle, personas con buena educación que tenían casa y trabajo hoy viven a la intemperie. El paro llega al 11% en Portugal y el 20% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza… Podríamos repasar toda la Unión Europea y hallar situaciones iguales o muy parecidas.

Sin embargo, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”.

Como asegura Rachel Rolnik, la vivienda es una cuestión de derechos humanos. Pues resulta que España, como casi todos los países de la Unión Europea, ha firmado y ratificado los acuerdos y tratados de la ONU sobre derechos sociales. ¿No presumía Europa de ser la tierra de los derechos humanos? Por cierto, firma y ratificación obligan tanto que esos tratados han de hacer cambiar, en función de su contenido, las leyes nacionales.

Confiar en los cerditos del dinero

“Tenía unos ahorros y se presenta el director en mi casa, a mediados de enero, sobre las siete y media de la noche”, cuenta Francisco Gutiérrez, un señor mayor. Se refería al director de la sucursal de su banco, que le ofreció “algo muy bueno, garantizado por el banco”. Pero se trataba de una de las “participaciones preferentes” que retienen los ahorros de más de un millón de españoles que, como él, firmaron. Muchos, como él, personas mayores.

Estas inversiones han perdido hasta el 60% de su valor. En España hay más de un millón de pequeños ahorradores afectados por las participaciones preferentes y otros productos financieros similares.

“¿Cómo iba un ahorrador, como el caso de mi padre, con 88 años, a meter un producto a perpetuidad?”, dice Pedro, un trabajador social, ante las cámaras de Televisión Española. La lucha continua contra la estafa a sus padres lo ha convertido en uno de los asesores financieros de Villanueva de Córdoba, un pueblo de 10.000 habitantes que tiene más de 400 afectados. Es decir, uno de cada 25, que se reúnen en la plaza y hacen fila en el centro municipal, donde una abogada les ayuda a presentar sus demandas.

“El producto en sí no es ilegal, pero se ha comercializado a personas que no tienen un perfil de inversor, a personas con minusvalía, que no saben leer ni escribir, que firman con la huella, que no saben lo que es una inversión, que no saben en qué consiste la bolsa”, comenta la abogada.

Los afectados se han movilizado desde que les dijeron que no podían disponer de su dinero porque las reglas de los mercados han cambiado y que su inversión era “a perpetuidad”, lo que se traduce en que el banco no tiene obligación de devolvérselo. Muchos han aceptado canjear sus “inversiones” por acciones del propio banco o por “deuda subordinada” que se puede recuperar al cabo de varios años, aunque pierdan dinero. Pero otras familias, que habían invertido sus ahorros de toda una vida y que se sienten engañadas, luchan por recuperar el total de su inversión.

Cuando la crisis y la morosidad amenazaron a bancos y a cajas de ahorros, algunos expertos en finanzas encontraron en las participaciones preferentes una manera de mantener la solvencia de sus entidades. Concebidos para grandes inversores corporativos, estas participaciones se comercializaron desde la red de sucursales a partir de 2009 para solucionar las restricciones de liquidez. Así fue como muchos bancos comenzaron a ofrecer a sus clientes inversiones con una rentabilidad más alta, pero de una complejidad que impedía comprender que equivalía a comprar acciones de la propia entidad sin derecho de voto y por tiempo indefinido. Los clientes desconocían que la rentabilidad estaría superditada a la obtención de beneficios y a las fluctuaciones de “los mercados”, pero no estaría está cubierta por el fondo de garantía de los depósitos.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha denunciado a 52 entidades bancarias ante la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CNMV) por estas prácticas. Más de 5.000 personas se han agrupado para presentar una demanda colectiva y recuperar sus ahorros.

En junio de 2010, la CNMV había denunciado por malas prácticas a varias entidades financieras y exigido que utilizaran “tests de idoneidad” cuando ofrecieran inversiones a sus clientes o éstos las solicitaran. Algunos usuarios denuncian que muchas casillas de esas pruebas estaban ya rellenas cuando se las entregaron en sus bancos.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros defiende la legalidad de comercializar esos productos y sostiene que los usuarios tenían la posibilidad de informarse antes de invertir, aunque muchos de ellos firmaran con la huella digital y no supieran leer ni escribir.

No deseaban hacerse millonarios, sino tener unos ahorros para afrontar imprevistos en la vejez, apoyar los estudios de sus hijos o tener un colchón para tiempos de recortes, de desempleo y de crisis. Acceder a estos ahorros equivaldría a un balón de oxígeno para muchas de estas familias que, convencidas de que muchos actos se definen por su intención y de que la buena fe confirma o invalida un trato, continuarán en su lucha.

* Caño es periodista y escritor y Miguélez es coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS).