Se evidencian progresos en la situación de los derechos humanos en Bolivia, especialmente en la lucha contra el racismo y la pobreza; pero se agravó la crisis judicial y se estancó la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, concluye el Informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.

La oficina en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue establecida por un acuerdo firmado en febrero de 2007 entre la Alta Comisionada y el Gobierno de Bolivia, aprobado por el Congreso el 13 de julio de 2007. Sus principales actividades son brindar asistencia técnica a las instituciones públicas y sociedad civil, promover los derechos humanos, y monitorear y elaborar informes sobre la situación de los derechos humanos en el país.

En su informe anual de actividades de la gestión 2011, el Comisionado destaca que Bolivia continúa avanzando en el proceso de transición hacia la implementación de reformas proyectadas por la Constitución Política de 2009, y se aprecian progresos significativos en la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación.

El representante internacional valora sobre todo los resultados de las políticas estatales en materia de derechos económicos y sociales, como el derecho a la salud de las mujeres y el derecho a la educación, y la reducción de los índices de pobreza e indigencia. Sin embargo, expresa su preocupación por el agravamiento de la crisis de la administración de justicia; el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas; y la continua violación de los derechos humanos.

“Durante el periodo se incrementaron reclamos alegando violaciones al derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Varios proyectos han sido aprobados e implementados por el Estado, sin la consulta previa de conformidad al derecho internacional. La oficina en Bolivia constata que, no obstante, este derecho haya sido reconocido en la Constitución y en la ley que incorporó en el marco normativo nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Estado no cuenta aún con un marco legal especifico (salvo en materia de hidrocarburos) o con mecanismos institucionalizados que garanticen la observancia del derecho a la consulta”, subraya el Informe.

El año pasado, la oficina de la ONU en Bolivia recibió denuncias por falta de consulta o de consentimiento libre, previo e informado sobre exploración y explotación de recursos naturales en La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz, al igual que sobre el proceso de elaboración de nuevas normas.

El Comisionado advierte que en la gestión pasada se registraron diversas manifestaciones populares en las principales ciudades del país, algunas de las cuales fueron reprimidas con el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Ese fue el caso de la movilización de maestros rurales golpeados en La Apacheta de La Paz y de la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, reprimida en la localidad de Yucumo, Beni.

La represión policial a la marcha indígena desató “una seria crisis política y un intenso debate público, motivando la renuncia de dos ministros y otros altos funcionarios. El Presidente Evo Morales pidió públicamente disculpas repudiando los excesos y abusos de la Policía al señalar que no fueron ordenados por su gobierno y luego promovió la aprobación de la Ley N. 0180 para vetar el proyecto de carretera al interior del parque nacional”, rememora el Comisionado.

De ahí que “la realización de los derechos de los pueblos indígenas evidenció estancamiento, en particular respecto al derecho a la consulta sobre proyectos y medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles”. Además, “siguieron sin implementarse medidas efectivas para la protección de los pueblos indígenas altamente vulnerables”.

El Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina aún no ha presentado un proyecto de ley en materia de protección; y hasta la fecha las actividades realizadas por instituciones estatales y de derechos humanos no lograron un impacto efectivo en la disminución del grado de vulnerabilidad de estos pueblos, observa el Comisionado.

El representante internacional “está preocupado por el serio deterioro de las condiciones de algunos de estos pueblos, debido a la falta de medidas pertinentes para garantizar el derecho a la salud, a la educación y los derechos colectivos a sus territorios, entre otros”. Es el caso del pueblo yuqui, cuyos miembros continúan afectados por enfermedades prevenibles como la tuberculosis.

Por otro lado, “persiste la preocupación por la ausencia de programas gubernamentales de apoyo humanitario a las comunidades del pueblo guaraní sometidas a servidumbre”, pese a que se reportaron avances en el proceso de reversión de tierras en Alto Parapetí, aún cuando los terratenientes afectados lograron retrasar la titulación de tierras comunitarias.

Recomendaciones

Para enfrentar los retos en materia de derechos humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos recomienda al Poder Ejecutivo, al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “analizar detenidamente el reciente proceso de elección a los altos cargos judiciales a fin de revisar el procedimiento de preselección de los postulantes y el proceso de información para los votantes sobre las candidaturas”.

También sugiere a las nuevas autoridades judiciales elegidas que contribuyan a la “consolidación de la independencia judicial” y coadyuven a la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de administración de justicia.

De otra parte, el Alto Comisionado insta al gobierno de Evo Morales a “garantizar el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados, según lo establecido por la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y adoptar una legislación correspondiente”.

Asimismo, recomienda realizar una investigación imparcial de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la “operación policial de represión de los marchistas por el TIPNIS, respetando los derechos al debido proceso de los eventuales acusados”. Sugiere tomar en cuenta la investigación realizada por el Defensor del Pueblo, la cual identifica a varios altos jefes policiales y funcionarios del gobierno, incluyendo al ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, que participaron en la planificación y ejecución del operativo.

Por otro lado, el Comisionado alienta a la ALP a reformar la Ley 0174 de Deslinde Jurisdiccional, adecuándola a la Constitución, y sobre la base del resultado de la consulta del Anteproyecto de Ley que cuenta con el consentimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas originarios. Reitera además su anterior recomendación al gobierno y a la ALP de eliminar el delito de desacato de la legislación penal.

Fuente: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.21.Add.2_sp.pdf