Se podría afirmar que al interior de la mayoría de gobiernos progresistas de América Latina, en diferente grado, las facciones que apostaban a una transformación profunda del modelo social y económico de sus países están quedando en minoría, mientras emergen corrientes que buscan un cambio mucho más pragmáti­co, más afines a una simple modernización del capitalismo.

La múltiple crisis que atraviesa el mundo se ha agudizado en los últimos años: los mercados financieros han logrado debilitar hasta las economías más fuertes de los países industrializados. El acapa­ramiento de tierras agrícolas para la especulación financiera o la producción de agrocombustibles agudizan el encarecimiento de los alimentos y nos llevan hacia una crisis alimentaria.

Las tec­nologías aplicadas para extraer hidrocarburos y minerales de los últimos rincones del planeta son cada vez más caras, arriesgadas y depredadoras de la naturaleza: se perfora el fondo del mar a ki­lómetros de profundidad, se explotan arenas que contienen un porcentaje de alquitrán para luego transformarlo en petróleo, se infiltran químicos en las capas geológicas para liberar gas natural, se excavan cráteres gigantescos para extraer tan solo el 0,1 % de cobre que contiene el suelo. Estas prácticas resultan imprescin­dibles para sostener un modo de vida específico, que constituye el imaginario de éxito y felicidad planteado desde el Norte global para la humanidad, y cuya hegemonía es actualmente indiscutible.

Las consecuencias de esta arremetida capitalista contra los úl­timos territorios del planeta, que aún subsisten por fuera de la lógica de acumulación sin fin, se hacen sentir sobre todo en las regiones periféricas del mundo. Es ahí donde los campesinos ex­pulsados de sus tierras, ahora destinadas a usos más “rentables”, pasan directamente a la pobreza o a la indigencia; y es ahí donde un encarecimiento de los alimentos básicos se traduce inmediata­mente en hambre. Es ahí también donde el calentamiento global produce millares de muertos mediante sequías, desertificación, inundaciones o tormentas. Aunque en este libro no se aborda este tema específicamente, la crisis climática, invariablemente, tiene graves consecuencias sociales y económicas, agudizando otras crisis, creando nuevos mercados especulativos, y de esa manera, genera un círculo aparentemente interminable de crisis.

Desde la periferia, esta múltiple crisis se ha reconocido como crisis civilizatoria. Los movimientos sociales del Sur global no solo resisten a la arremetida en curso de acumulación por desposesión, sino que expresan la urgencia de buscar alternativas fundamentales al sistema mundo actual. Urgencia, sí, porque la destrucción del planeta bajo el mantra del crecimiento económico es cada vez más acelerada, ya que las lógicas de los mercados financieros exigen ga­nancias en plazos cada vez más absurdamente cortos.

Sin embargo, el imaginario colectivo dominante no toma en cuenta ni los límites físicos del planeta −y en consecuencia los límites de su capacidad de absorción de contaminación y dese­chos− ni la inevitable finitud de los bienes naturales que el sistema capitalista tiene a su disposición. Nos sigue ofreciendo más expansión, más crecimiento, y soluciones de cada vez más alta tecnología ante los desastres naturales y la crisis energética. Con la economía verde, el sistema ya trazó el camino hacia su próximo salto modernizador: la mercantilización de la naturaleza misma y de su conservación, la venta de derechos de contaminación, las inversiones en energías renovables o en tecnologías de mitigación de daños, en donde todo aquello promete jugosas ganancias en los mercados del futuro. Como siempre, en el capitalismo cada crisis es una oportunidad: habrá perdedores −probablemente más numerosos que nunca– pero el sistema en sí se regenerará, y con ello buscará afirmar su superioridad sobre cualquier alternativa.

En este panorama mundial, América Latina presenta constela­ciones políticas excepcionales. Tan solo en la región andina, cua­tro de cinco países cuentan hoy con gobiernos que se propusieron una ruptura con el modelo neoliberal, y con la lógica de saqueo desvergonzado que practicaban las viejas élites hasta hace poco. Tres países, Bolivia, Ecuador y Venezuela, construyeron colecti­vamente nuevas Constituciones. Los nuevos gobiernos solamen­te pudieron ganar elecciones al cabo de largos procesos de lucha social, cuyos protagonistas no fueron las izquierdas tradicionales ni los partidos, sino movimientos de campesinos, de mujeres, de pobladores, de indígenas que lograron trascender sus demandas sectoriales y esbozar nuevas propuestas de país.

En ningún caso, los gobernantes progresistas se apoyaron en partidos tradicio­nales, sino en formaciones políticas nuevas o alternativas. Esta nueva clase política fue la primera en décadas, en preocuparse realmente por el destino de sus países, por la educación, por la disminución de la pobreza y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. También fue la primera en plantear nuevas reglas del juego a las transnacionales que solían servirse deliberadamente de los bienes naturales nacionales, en proponer nuevas visiones de integración regional, más independientes de los diversos postulados neocoloniales. Ofrecieron construir alternativas econó­micas a la lógica extractivista, en vigencia desde hace más de cin­co siglos, según la cual América Latina es tan solo la reserva de materias primas para la riqueza del Norte global.

Con las Asambleas Constituyentes en los tres países, estos pro­cesos de transformación encontraron su momento más democrá­tico, más efervescente y más participativo, en el que la tarea con­sistía en nada menos que refundar el país, y en el caso de Ecuador y Bolivia, de transformar el Estado en plurinacional, es decir, la transformación del Estado colonial a partir de la diversidad de las nacionalidades y los pueblos.

Sin embargo, ni los propios proce­sos constituyentes, y mucho menos la posterior implementación de los nuevos preceptos constitucionales, pudieron salvarse de las enormes presiones resultantes de la inserción de estos países en el sistema mundo actual. Esto incluye presiones internas y externas en el campo económico, y otras, resultantes de la pesada herencia de Estados profundamente coloniales y excluyentes en su diseño y en sus prácticas, y a la vez altamente hábiles en la apropiación de energía social transformadora para sus propios fines.

Hoy en día, después de algunos años, los procesos de trans­formación en Ecuador, Bolivia y Venezuela siguen marcando una ruptura importante con la época neoliberal, pero también se hacen evidentes sus contingencias y limitaciones. Están atravesados por graves conflictos internos que incluso, en la apreciación de algu­nos, podrían llevarlos a su fin, al menos en términos electorales.

Lo que está en juego en estos conflictos nos remite directamen­te al panorama de crisis civilizatoria enunciado anteriormente. Los nuevos preceptos constitucionales y legales, de derechos colectivos, territoriales, de consulta previa para los pueblos indígenas, y de de­rechos de la Naturaleza y respeto a la Pachamama, chocan frontal­mente con la demanda agresiva de materias primas formulada des­de los viejos y nuevos centros hegemónicos del mundo. El notable aumento en la inversión social para mejorar la educación, la salud, la infraestructura y luchar por la inclusión social de los más pobres requiere de financiamiento inmediato que se consigue expandiendo el viejo modelo extractivista, o adquiriendo nuevamente una deuda externa.

Conflictos sociales como aquellos vividos en el Ecuador a raíz de la nueva Ley de Minería y la Ley de Aguas del 2009, o como el reciente conflicto en Bolivia en torno a la carretera interdepartamen­tal prevista para atravesar no solo el parque nacional TIPNIS sino un territorio indígena ancestral, ejemplifican las profundas contra­dicciones que obstaculizan la transformación. Estas contradicciones marcan líneas de división en el seno de los propios gobiernos progre­sistas, que lejos de ser bloques homogéneos, son campos de dispu­ta entre facciones con diferentes intereses y aliados, que pelean por una variedad de proyectos de país. Es así que los propios gobiernos terminan violando aquellas Constituciones que hace poco represen­taban su mayor éxito político; (1) y terminan enfrentándose, en escalas más o menos graves, a partes importantes de la propia base social que las llevaron al poder, no solamente mediante su voto, sino por el acumulado histórico de sus luchas.

Actualmente, se podría afirmar que al interior de la mayoría de gobiernos progresistas, en diferente grado, las facciones que apostaban a una transformación profunda del modelo social y económico de sus países están quedando en minoría, mientras emergen corrientes que buscan un cambio mucho más pragmáti­co, más afines a una simple modernización del capitalismo.

Sin embargo, como bien dice Boaventura de Sousa Santos, como fruto de los procesos constituyentes en estos países: “Te­nemos hoy conceptos, ideas que no teníamos hace 10 años y que no se pueden desperdiciar, como el concepto del Buen Vivir, el concepto de Pachamama, de derechos de la naturaleza, también la legalización de tierras comunales originarias (…) La idea de que la propiedad no es solamente la propiedad estatal o individual ca­pitalista sino también otras formas de propiedad es una novedad grande (…) En Bolivia está la idea de que tenemos tres formas de democracia, la representativa, la participativa y la comunitaria, que tienen sus propias lógicas y se deben coordinar. Tenemos instrumentos nuevos para un combate ideológico.” (2)

A esto habría que agregar las declaraciones de Bolivia y Ecua­dor como Estados Plurinacionales en sus respectivas Constitucio­nes, que abren la posibilidad importante de construir de manera legítima sociedades e instituciones descolonizadas, que reflejen en sus estructuras, en su producción de saberes, en sus prácticas, la diversidad existente.

Sobre esta base, las izquierdas plurales, más allá de criticar y resistir la arremetida depredadora del capitalismo actual, tienen la tarea de elaborar nuevas propuestas y visiones, de interpelar aquel imaginario colectivo que aún anhela la simple inclusión en el modo de vida de consumo desmesurado, de resquebrajar su hegemonía. La tarea de plantear nuevos debates, acerca de qué podrían significar, desde otra perspectiva, conceptos tan vitales como la felicidad o la calidad de vida, y de transformar otro mundo en algo imaginable.

Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo

Es con el propósito de contribuir a esta tarea que desde comien­zos del 2010, se conformó en la región andina el Grupo Perma­nente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, coordinado por la oficina regional de la Fundación Rosa Luxemburg en Quito. El grupo de trabajo aglutina mujeres y hombres de ocho países de América Latina y Europa, aunque se centra en los análisis de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Se busca articular la producción de varias disciplinas académicas y corrientes de pensamiento −eco­logista, feminista, economista anticapitalista, socialista, indígena y occidental subalterno− que cuestionen el concepto mismo de desarrollo y busquen construir alternativas al actual modelo de desarrollo hegemónico.

Este grupo de trabajo constituye un esfuerzo para practicar una ecología de saberes, a partir de la confluencia de experiencias concretas, no solamente generadas por la militancia en varios te­rrenos de la sociedad civil, sino también aquellas experiencias del trabajo en las instituciones del Estado heredado, de los saberes ancestrales de culturas indígenas que han subsistido al margen del sistema hegemónico, y del pensamiento crítico de intelectua­les de distintas disciplinas.

Este libro constituye un primer resultado del trabajo de dicho grupo. Sus debates se edifican sobre un acuerdo base, que consis­te en que el horizonte de transformaciones y estrategias políticas vaya más allá de los límites de alternativas propuestas dentro del concepto hegemónico de desarrollo. En este sentido, el nombre del grupo “alternativas al desarrollo” marca una posición política frente a este concepto que históricamente, en los países latinoa­mericanos, suele percibirse como algo positivo.

Simbólicamente, el desarrollo está ligado a una promesa de bienestar, de felicidad, de calidad de vida. Sin embargo, los inte­grantes del grupo de trabajo consideramos que el desarrollo nos ata irremediablemente a un imaginario determinado, occidental, capitalista y colonial; ya que pretende que los excluidos sigan un camino pretrazado por el Norte global para lograr su inclusión en el modo de vida hegemónico.

Históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de un nuevo modelo de relaciones Norte-Sur que rele­vó las viejas relaciones coloniales, se empezó a dividir al mundo en países desarrollados y otros subdesarrollados. El desarrollo, siguiendo la teoría de Michel Foucault y el análisis de Arturo Es­cobar (3), es un dispositivo de poder que reorganizó el mundo, rele­gitimando la división internacional del trabajo en el contexto ca­pitalista, mediante un enorme conjunto de discursos y prácticas. El desarrollo se transformó en objetivo de las políticas públicas, se destinaron presupuestos y se crearon múltiples instituciones encargadas de impulsar al desarrollo, a escala local, nacional e internacional. En las universidades, aparecieron un sinnúmero de carreras para formar especialistas en desarrollo, sea rural, soste­nible, internacional, etc.

En los países del Norte, lo que antes eran políticas económicas frente a las colonias se resignificó en tér­minos de “cooperación internacional” al desarrollo. El desarrollo nos ata además a un instrumentario tecnocráctico, cuantitativis­ta y economicista, que ha permeado las políticas públicas en el mundo entero, y a unas prácticas depredadoras de la naturaleza, que nos han llevado a los límites actuales del planeta. Otro efecto del dispositivo es perpetuar la desvalorización de los múltiples modos de vida y relacionamientos sociales y saberes existentes en el Sur como “atrasados”. Por consecuencia, la introducción de la categoría subdesarrollo también forjó subjetividades “subdesarrolladas” en el Sur global.

Tanto el modelo económico capitalista como la gran propues­ta alternativa del siglo XX se afincaron en el desarrollo. Los gobiernos del socialismo real en Europa del Este, así como la ma­yoría de actores de las izquierdas latinoamericanas, se enfocaron en la crítica al imperialismo y al capitalismo como tal pero acep­taron tácitamente el concepto de desarrollo como el rumbo hacia el “progreso” de los pueblos. No lo analizaron como uno de los dispositivos claves para afianzar y expandir el capitalismo y su lógica de producir colonias, que ata el bienestar solamente a la capacidad de consumo de la gente.

Sin embargo, posteriormente esto cambió: desde los años 1970, se formularon importantes críticas al concepto de desarro­llo, y en los últimos años con el debate sobre el buen vivir, está emergiendo un horizonte de pensamiento por fuera del dispositivo desarrollista, modernista, economicista y lineal. Eduardo Gudynas nos da cuenta de ello en su texto “Debates sobre el desa­rrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía hete­rodoxa” en el presente libro. Un segundo capítulo, “Pensar el feminismo: Críticas y alternativas al desarrollo”, complementa este análisis desde una perspectiva feminista.

Paralelamente a estos cuestionamientos teóricos y académi­cos, existieron una serie de resistencias locales al imaginario de­sarrollista, que llevaron a la construcción de prácticas alternativas en diferentes contextos: planes de vida, redes agroecológicas de producción y comercialización, redes de trueque, formas alterna­tivas de organización y reivindicación barrial en las ciudades, etc. Estas experiencias constituyen una base importante para cual­quier proyección de transición concreta, y algunas de ellas son representadas en el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alterna­tivas al Desarrollo, que se propone explorar más a profundidad los aprendizajes que ellas hacen posibles.

Finalmente, en los últimos años, las luchas sociales en Améri­ca Latina se han reconfigurado en un giro ecoterritorial alrededor de la defensa del territorio y de los recursos naturales, como lo analiza Maristella Svampa en su capítulo “Extractivismo neode­sarrollista y movimientos sociales. ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?”

En los debates del Grupo Permanente de Trabajo, un tema cen­tral es la llamada “paradoja latinoamericana”, con la que se hace referencia al hecho de que los gobiernos progresistas de América Latina, que buscan proyectarse como gobiernos revolucionarios, avalan y promueven el extractivismo –en particular, la minería a gran escala y los hidrocarburos− como modelo base de desarrollo de sus economías. En el grupo se plantea que en el contexto ac­tual, es fundamental hacer referencia también al agronegocio y los agrocombustibles, que fomentan una lógica extractivista a través de la consolidación de un modelo exportador de bienes natura­les, la expansión de las fronteras de explotación y la tendencia al monocultivo. Otra de las características del modelo extractivista en la región, es que en su aplicación acrítica está conduciendo a la consolidación de economías reprimarizadas con base en econo­mías de enclave, con escasos encadenamientos locales o nacionales y una presencia determinante de compañías transnacionales con pocas responsabilidades tributarias, a pesar de las experiencias de nacionalización desarrolladas.

Como lo menciona Alberto Acosta en su capítulo “Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición”, es una actividad en la que el valor de los pro­ductos obtenidos no incluye los costos sociales y ambientales, que son costos externalizados, asumidos por una sociedad sin derechos democráticos dentro del mundo corporativo transnacional. Acosta analiza el estrecho vínculo que existe, para América Latina, entre las pretensiones de desarrollo y el extractivismo, así como las con­secuencias políticas y sociales de este vínculo.

Profundizando el debate acerca de la paradoja latinoamerica­na, Edgardo Lander, Ulrich Brand y Raúl Prada analizan el papel que puede jugar el Estado en los procesos de cambio, ya que tanto los procesos de Bolivia, Ecuador y Venezuela se caracterizan por la recuperación del papel regulador y gestor del Estado, pero esto no lleva necesariamente a superar el modelo de desarrollo here­dado. Tener gobiernos con alta legitimidad popular no significa que el Estado haya cambiado su razón colonial. Los debates del grupo sugieren reiteradamente la necesidad de diferenciar entre las actuales administraciones públicas de los tres países, y los proyectos de transformación del Estado, para avanzar hacia una construcción social posdesarrollo.

¿Qué tipo de transformacio­nes serían deseables y posibles en el marco del horizonte del Es­tado Plurinacional? ¿Es al interior del Estado que se pueden real­mente impulsar estas transformaciones? ¿Los Estados mineros, rentistas, extractivistas pueden ser efectivamente instrumentos o actores de un proceso de cambio? ¿Cuál es la heterogeneidad de los aparatos del Estado, qué aparatos apoyan procesos de cambio y cuáles los obstaculizan?

Como el Estado tiene un papel tan central en el discurso trans­formador de los nuevos gobiernos, se vuelve crucial analizar qué disputas tienen lugar en este terreno y qué intereses se imponen a su interior.

La última parte de libro busca trazar caminos de transición hacia la construcción de alternativas, tomando como horizonte utópico el concepto del buen vivir o vivir bien, desarrollado en este libro por Raúl Prada y Floresmilo Simbaña, desde Bolivia y Ecuador, respectivamente. Este concepto, en su acepción de críti­ca al desarrollo, se plantea como un horizonte de transformación en construcción que nos estaría colocando en otros horizontes civilizatorios que esbozan nuevas formas de vida y que apuntan a romper el cerco de la racionalidad actual, cuestionando las bases ideológicas de una historia lineal de progreso y de desarrollo.

El buen vivir se proyecta desde acciones que articulan lo individual en lo comunitario, en relación directa y desde proyectos políti­cos de descolonización y despatriarcalización. En esta vía, se ha insistido en el grupo la necesidad de pensar un horizonte del buen vivir desde experiencias concretas, desde la multiplicidad de contextos, diversidad de identidades, situaciones y referencias. El texto de Elisa Vega es un ejemplo de ello, tanto por su expe­riencia personal como mujer indígena, así como su experiencia en la construcción de políticas públicas desde la Unidad de Despatriarcalización, que forma parte del Viceministerio de Desco­lonización en Bolivia.

Finalmente, en el marco del horizonte de las transformaciones anheladas, Eduardo Gudynas traza un camino de posibles transi­ciones en su segundo texto “Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo”, al plantear una estrategia gra­dual de salida del modelo extractivista que permitiría transitar un camino en etapas desde su fase actual de extractivismo depreda­dor, pasando por una fase intermedia denominada extractivismo sensato, para llegar a un fase final de extractivismo indispensable.

Este libro tan solo constituye un primer aporte en la construc­ción de alternativas al desarrollo, un camino que compartimos con cada vez más actores sociales en América Latina, conscientes de la necesidad de buscar salidas a la crisis civilizatoria. Uno de los retos más importantes que debate el Grupo Permanente de Trabajo y que será abordado en publicaciones futuras, es cómo construir el buen vivir en espacios urbanos, que constituyen el hábitat de la mayoría de la población y al mismo tiempo, el ba­luarte del modo de vida hegemónico.

Esta tarea de construcción de propuestas, de búsqueda de caminos, es particularmente desafiante para una izquierda cuyo fuerte históricamente ha sido la crítica, que suele definirse ex ne­gativo, por el deslinde y la demarcación. Sin embargo, los tiempos históricos actuales exigen lo contrario: el unir esfuerzos, el buscar las fortalezas y no las debilidades en el otro, para pensar lo que hasta ahora parecía impensable.

Notas:

1. Por ejemplo, varios ex Constituyentes del Ecuador afirman que la Ley de Minería aprobada en 2009 viola la Constitución de 2008, mientras la Corte Constitucional declara en 2010 su constitucionalidad condicionada e impo­ne realizar consultas prelegislativas.

2. Entrevista a Boaventura de Sousa Santos en “El cuento de la economía verde” (América Latina en Movimiento, septiembre-octubre, 2011, Quito, Ecuador).

3. Ver el trabajo de Foucault sobre los dispositivos del poder, así como la obra de Arturo Escobar, La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo (Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana, 2007).

* Directora de la Fundación Rosa Luxemburg Oficina Región Andina; doctora en Sociología de la Universidad Libre de Berlín, con espe­cialización en Estudios de Género, y una Maestría en Estudios Latinoame­ricanos. Prólogo del libro Más allá del desarrollo; Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala; Ecuador 2011.