El 27 de febrero dos diputados del MSM presentaron en Sucre una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 222 de “consulta previa”. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tenía 10 días de plazo para admitir o rechazar la demanda; sin embargo, transcurridos 12 días hábiles, el recurso ni siquiera fue revisado por la Comisión de Admisión y continúa trabado en la ventanilla de “ingreso”.

Los diputados del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yacsik y Marcela Revollo presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 222 promulgada el 10 de febrero, alegando que violan artículos de la Constitución Política del Estado y dos convenios internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas.

“Esta es la primera prueba que tiene el Tribunal Constitucional posesionado en enero para demostrarle al país si se trata de un tribunal independiente del poder político o si sigue los dictados de un gobierno autoritario, antiindígena y claramente contrario a su propia Constitución”, desafió el líder del MSM Juan del Granado, uno de los dirigentes políticos opositores que impulsó la campaña por el voto nulo en las elecciones judiciales para evitar el “cuoteo masista”.

La abogada del MSM Ayda Camacho advirtió que si la Comisión de Admisión del TCP no se pronunciaba sobre la acción abstracta de inconstitucionalidad en los plazos previstos, incurriría en “denegación de justicia”.

Según el artículo 54 de la Ley del TCP, la Comisión de Admisión de ese órgano judicial tiene 10 días de plazo para admitir o rechazar demandas, pero hasta ahora no ha revisado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el MSM, el cual se encuentra trabado en la ventanilla de ingreso del TCP desde el 28 de febrero.

El TCP “ha inventado un procedimiento ilegal y burocrático que establece tres pasos previos a la admisión del recurso: ingreso, registro y recién la comisión de admisión. Son 12 días de dilación, estamos ante una violación de la norma y, lo que es peor, ante prácticas dilatorias mayores a las que tuvo antes el Tribunal Constitucional. ¿De qué nueva justicia constitucional hablan los voceros del gobierno si está claro que estamos frente a una retardación de justicia?”, cuestionó el líder del MSM Juan Del Granado el 12 de marzo.

“Hoy (12 de marzo) estamos presentando el memorial correspondiente ante el Tribunal Constitucional pidiendo la inmediata agilización (del trámite de admisión); caso contrario vamos a llevar adelante las acciones pertinentes si fuera el caso contra el propio Tribunal Constitucional”, amenazó Del Granado.

¿Justicia imparcial?

Por otro lado, la abogada del MSM Ayda Camacho denunció que continúan paralizadas las investigaciones en torno a la doble demanda penal presentada por el MSM al Ministerio Público el 27 de septiembre de 2011, por un presunto sobreprecio en la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos y por la violación a los Derechos Humanos en la represión policial a la marcha en defensa del TIPNIS.

“Desde el 6 de diciembre del año pasado hasta el día de hoy no se ha realizado ningún acto investigativo poniendo en grave peligro el que se lleve adelante la ejecución de una obra que tiene un sobreprecio de las magnitudes que se han denunciado en el momento preciso”, alertó Camacho.

La abogada explicó que la paralización ilegal de los actos procesales fue ordenada por los fiscales Patricia Santos y Ángel Ponce, quienes llevan la investigación de la represión policial a los indígenas en la localidad de Chaparina y de la contratación irregular y con aparente sobreprecio de la empresa brasileña OAS para la construcción de la polémica vía.

Camacho informó que el 26 de enero el MSM presentó un nuevo memorial al fiscal Ponce en el que se reclama por la paralización ilegal de la investigación, bajo el pretexto que habían planteado una incompetencia a un juez de la localidad de San Borja. “Esto pone en serio riesgo el proceso de imputación y lo único que se está demostrando es que hay una actitud de encubrimiento para una posterior impunidad de todos los actores políticos y no políticos que han intervenido tanto en la represión a los marchistas del TIPNIS como en la contratación de la carretera”, reclamó.

Según Camacho, “los fiscales Ponce y Santos están priorizando la investigación sobre el supuesto secuestro o tentativa de homicidio al Canciller, que no tiene la misma naturaleza de la denuncia del MSM”. Recordó que hasta la fecha no se han emitido citaciones oficiales para los acusados. Explicó que la intención del Ministerio Público es “diluir” la doble demanda del MSM contra las autoridades de gobierno y de la Policía, acusadas de la presunta comisión de los delitos de corrupción y genocidio por desplazamiento violento de niños y adultos, desaparición forzada de personas, privación de libertad, vejaciones y torturas, allanamiento y violación de al menos cinco artículos del Código Niño, Niña y Adolescente.

Respecto a la denuncia de sobreprecio de la carretera del TIPNIS, Del Granado informó que su partido presentó un memorial al Ministerio Público ampliando la demanda penal contra el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Luis Sánchez Gómez, acusado de conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y otros delitos penados hasta con ocho años de cárcel.

El MSM decidió enjuiciar al presidente de la ABC por haber pagado 7,5 millones de dólares a la constructora brasileña OAS antes de que entre en vigencia el contrato de construcción de la carretera, “una clara conducta antieconómica contra el Estado y un claro incumplimiento de contrato”.

Del Granado explicó que el contrato firmado por la ABC y OAS el 4 de agosto de 2008 estaba en suspenso mientras la Asamblea Legislativa no avale el contrato de financiamiento de la obra mediante ley. Dicha Ley recién fue aprobada en abril de 2010, pero Sánchez hizo un primer pago el 1 de septiembre de 2009 por 5 millones de dólares y un segundo desembolso por 2,5 millones de dólares el 31 de diciembre de 2009.

El jefe del MSM consideró que el Vicepresidente Álvaro García Linera, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa que refrendó el contrato de financiamiento, debe ser el primero en comparecer ante el TCP en el marco de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 222 de “consulta previa”.

“El Tribunal Constitucional tiene que ordenar el apersonamiento del señor García Linera para que informe por qué de la fragante violación de la Constitución y por qué actúa como abogado oficioso de OAS”, exigió Del Granado. El aludido replicó que la demanda del MSM es un “recurso contra la democracia”.