A lo largo de 65 días, cientos de mujeres y hombres indígenas representantes de 34 pueblos del oriente, chaco, amazonía y Tierras Altas marcharon junto a sus esposos, hijos e hijas, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas a la cabeza de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) en la VIII Marcha Indígena en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Durante seis días la Marcha fue privada de agua y alimentación, con un bloqueo conjunto entre colonizadores de Yucumo y policías enviados por el Gobierno “para evitar enfrentamientos” en la localidad de San Miguel de Chaparina. Ante esta situación desesperada, el 24 de septiembre, las mujeres reaccionaron frente a la presencia del Canciller David Choquehuanca que sin oír las demandas de la Marcha fue a ratificar que la posición del presidente Evo Morales para construir la carretera “quieran o no quieran”. Ante esta situación, las hermanas indígenas lo tomaron del brazo y lo obligaron a marchar junto a ellas para pasar el bloqueo policial rodeado de mujeres y luego dejarlo ir pacíficamente sin provocarle daño alguno.

Frente a esto, el ex Ministro Wilfredo Chavez, el ex Ministro Sacha Llorenti y la ex ministra Nilda Copa hicieron una denuncia ante el Ministerio Público por el “secuestro” del Canciller; mientras el Canciller declaró a medios internacionales y nacionales: “Las mujeres me han rodeado y luego ya ha habido problemas. Ha habido algunos amagos y me han forzado, me han obligado a caminar”, y por lo tanto no habló de “secuestro” ni de “rehenes”, como las otras fuentes gubernamentales. A partir de ese momento el Gobierno utilizó esta acción para acusar a la Marcha de violenta.

A las cinco de la tarde del 25 de septiembre llegó la orden de represión y dispersión de la VIII Marcha, aproximadamente 600 policías cercaron a las y los marchistas, gasificaron el campo que ocupaban junto a sus hijos, mujeres, ancianos, que a esa hora descansaban, y violentamente los redujeron para subirlos a una caravana de buses y dispersarlos. Los y las marchistas fueron enmanilladas, arrastradas, perseguidas, insultadas, obligadas a esconderse en el monte, a saltar al río, despojadas de sus hijos e hijas, alejadas de sus esposos, privadas de sus pertenencias que fueron destruidas. La cadena de mando del Gobierno que secuestró, torturó, agredió física y verbalmente a las y los marchistas en ese entonces correspondía a Sacha Llorenti (Ministro de Gobierno), Marcos Farfán (ex viceministro de Régimen Interior), Boris Villegas (todavía director de Régimen Interior).

Ahora, por medio del Órgano Judicial, el Gobierno boliviano ha iniciado un proceso judicial contra 26 de las y los protagonistas de la VIII Marcha bajo amenaza de cárcel, acusándolos de por “tentativa de homicidio y lesiones graves y leves” al canciller David Choquehuanca. En la lista de convocados por el Ministerio Público figuran siete mujeres y los principales dirigentes de la marcha.

Por tanto:

Rechazamos el proceso judicial seguido a las 26 personas entre dirigentes y dirigentas, mujeres indígenas y activistas participantes de la “VIII Marcha indígena en defensa del TIPNIS” bajo el delito de “tentativa de homicidio y lesiones graves y leves”, por estar basadas en falsas acusaciones que tienen como único fin amedrentar al movimiento indígena, iniciar una persecución judicial y criminalización del movimiento indígena en defensa del TIPNIS y criminalizar el derecho constitucional a la protesta.

Apoyamos plenamente la Resolución de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM–B) contra el amedrentamiento, persecución política y judicialización de dirigentes y dirigentas indígenas, de diputados y diputadas, y de activistas que apoyaron la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) contra la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a través de este parque.

Exigimos que el Gobierno boliviano a la cabeza del presidente Evo Morales y el Ministerio Público esclarezcan la violenta y cobarde represión de Chaparina, sancionando con pena de cárcel a las y los autores materiales e intelectuales de la intervención policial, gasificación, secuestro, tortura y agresión física y verbal a las y los más de mil civiles integrantes de la VIII Marcha.

Interpelamos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos indígenas nacionales e internacionales a pronunciarse ante este atropello a los derechos humanos, a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a los derechos de la mujer.

Las y los compañeros que han sido sumados a este manido proceso son:

1. Durimar Merelis Genaro, presidenta de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP); 2. Rosa Chao Roca, presidenta de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO); 3. Berta Bejarano Congo, presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni (CPEMB); 4. Melba Hurtado Áñez, presidenta de la Central de Mujeres Indígenas de Beni (CMIB); 5. Jenny Suárez Parada, presidenta del Comité de Marcha; 6. Nelly Romero López, vicepresidenta de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); 7. Amparo Carvajal, Fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB); 8. Rafael Quispe, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ); 9. Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral del TIPNIS; 10. Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB; 11. Pedro Vare, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB); 12. Jorge Mendoza Valdéz, de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); 13. Marcelo Marupa, de la Subcentral del TIPNIS; 14. Felipe Mayer Roca, presidente del Gran Consejo Chimán; 15. Celso Padilla Mercado, de la APG; 16. Tomás Candia, secretario de Juventudes de la CIDOB; 17. Eladio Uraeza, presidente del Comité de Marcha; 18. Félix Flores; 19. Roberto Rivera; 20. Walberto Baraona, del CONAMAQ; 21. Óscar Olivera; 22. Alejandro Almaraz, el ex viceministro de Tierras 23. Lino Villca ex senador, y 24. Bienvenido Zacu, el diputado indígena del MAS.