Los antecedentes nos muestran que el presidente Morales, desde sus tiempos de dirigente cocalero, siempre propugnó la colonización de los pueblos indígenas de tierras bajas, combinada con la protección y defensa de los loteadores que invadían paulatinamente el parque Isiboro Sécure el cual -gracias a leyes promulgadas en anteriores gobiernos- goza de la doble condición de tierra comunitaria de origen y parque nacional.



Durante un largo período de su gobierno, se publicitó como el primer presidente indio, y se atribuía ser defensor de la Pachamama. Con ello ganó connotación internacional y elogios en todos los foros a los que concurrió en representación de nuestro país, principalmente en aquéllos organizados pro-defensa del medio ambiente. Así transitó los cinco primeros años de su gobierno, hasta concretar su reeleción.

No obstante lo exitoso del manejo simbólico de su condición de indio, y defensor de la Pachamama, su imagen dio un giro de 180° a raíz de su empecinamiento en construir una carretera por el TIPNIS, que generó la promulgación de la Ley N° 180 bajo presión de la VIII Marcha Indígena instalada en la sede de gobierno y de la ciudadanía en pleno.

A partir de aquél momento, se produjo una ruptura irreversible y de magnitud con el pueblo en general, y las organizaciones sociales y los pueblos indígenas en particular.

Coincidió el momento histórico cuando más obsesionados se hallaba el vicepresidente en concretar la construcción hegemónica, tomando como epicentro las nuevas burguesías (cocaleros, colonizadores) propietarios individuales de la tierra, empleadores de mano de obra, el transporte y el comercio; nuevas burguesías campesinas que en la dinámica de alianzas con las burguesías pre existentes como la banca, los agroexportadores, conforman el bloque de poder que sustenta al gobierno de Evo Morales.

A este bloque de intereses económicos no le preocupa el bienestar ni el devenir de los pueblos indígenas, de los maestros, de los médicos, de los trabajadores del sistema de seguridad social, de los estudiantes universitarios. Es esencialmente una alianza con fines estratégicos en el ámbito económico

Puesto que el presidente Evo Morales en su trayectoria sindical ha realizado la defensa de las plantaciones de coca, ha practicado la depredación del medio ambiente, al fomentar el capitalismo creciente de la hoja de coca, indudablemente está dispuesto a profundizar el modelo extractivista como única alternativa de producción económica para el país, olvidando los postulados del socialismo comunitario, del vivir bien, de la protección a la madre tierra.

Si bien el término estafa corresponde a un tipo penal previsto en la norma sustantiva vigente, caracterizado por el engaño o artificios de un sujeto provocando error en otro con fines de obtener un beneficio económico indebido para sí o para terceros, motivándole a realizar actos de disposición patrimonial en perjuicio de sí mismo (o de un tercero), que favorezca al sujeto activo del delito; empero, en su acepción común suele utilizarse como sinónimo de engaño, de mentira, de hacer pasar una cosa por otra.

De ahí que quepa afirmar que -según el análisis previos- en el discurso sostenido por el candidato Evo Morales a tiempo de postularse a la reelección, esmerandose en mostrarse como portador de los derechos indígenas, defensor de la madre tierra y representante de los pobres, predominó el engaño con artificios, lo cual por analogía, bien podría llamarse estafa ideológica.

Bajo estas consideraciones y visto el accionar del presidente Morales, se puede concluir que el Vivir Bien es otro de los términos con los cuales suele estafar desde la ideología, en la buena fe de las personas que le dieron su apoyo para la elección presidencial.

Extractivismo y Pachamama.

Al ser contrastados los postulados con las acciones asumidas durante el segundo mandato presidencial del Sr. Evo Morales, se observan ostensibles incongruencias. No tuvo que pasar mucho tiempo para que en el 2011 mostrara su verdadero rostro colonialista de pueblos indígenas, de vocación extractivista y representante-protector de la nueva burguesía cocalera.

Estas tres características no se presentan de manera aislada: corresponden a la misma línea capitalista-extractivista que ha implementado el gobierno actual, y en el curso de la ejecución de sus planes, se contradice ostensiblemente con los postulados del socialismo comunitario, del “vivir bien” y de la priorización a la “madre tierra”. Esta es la realidad objetiva del gobierno actual y de su presidente: una ostensible contradicción entre las acciones y los discursos, donde no cabe duda de las futuras acciones a seguir para ejecutar sus designios capitalistas a ultranza, todo lo contrario de la visión cósmica-práctica de los pueblos indígenas a los que dijo representar.

Es conocido que el extractivismo se sostiene en prácticas bio-depredadoras por excelencia, confrontadas a los derechos reconocidos en las legislaciones modernas, por lo cual afecta intereses de las naciones, los pueblos originarios y la naturaleza, generando tensiones sociales y violencia.

Lo evidente que las actividades extractivistas, al generar graves tensiones sociales en las regiones donde se realiza la explotación de los recursos naturales, provocan la división de las comunidades, la violación de derechos comunitarios y humanos, los incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de tierras, etc.

Donde hay extractivismo, hay violencia, desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, muchas veces transnacionales.

Esta violencia es legitimada como imprescindible para asegurar el bienestar de la colectividad, bajo el rótulo de “desarrollo”, y coincide en todos los discursos extractivistas, independientemente de la orientación ideológica de cada gobierno. Basta ver la represión en Yucumo (Bolivia) por defender el TIPNIS o la desatada por el gobierno de Alan García en el norte de la Amazonía peruana, en junio del 2009 o la que se produjo en Dayuma, en la región amazónica ecuatoriana, a fines del 2007.

Es evidente que los intereses del extractivismo son superiores a la ideología y esta certeza la obtienen los gobernantes una vez que se hallan inmersos en el juego de estos poderosos intereses, y generalmente, no pueden escapar de dichos compromisos, convirtiéndose en peones, fichas, engranajes de la maquinaria de las transnacionales y del capitalismo en su expresión más dura: el extractivismo.

Por ello, resulta inútil la postura antimperialista del presidente Morales y sus voceros de gobierno, desvirtuada por la práctica que sostiene un modelo económico que lo mantiene dependiente de los países eje, quienes refuerzan esta dependencia política y económica, con prácticas como la contratación con empresas extractivistas transnacionales, donde la única variable cualitativa que lo distingue de los gobiernos anteriores, son los ajustes tributarios, en procura de una mayor participación de la renta petrolera o minera.

En dicho contexto, la visión de protección a la madre tierra y a los pueblos indígenas, constituye un escollo para la economía de la coca, al ser el cocalero del trópico de Cochabamba lo opuesto de un protector de la naturaleza, pues le tiene sin cuidado que como efecto de cultivar la hoja de coca, se afecte irreversiblemente la biodiversidad existente, procediendo a la deforestación e inutilización de por vida de la tierra.

Empero, el presidente Evo Morales al defender las plantaciones de coca del trópico de Cochabamba, propiciando la depredación del medio ambiente y fomentando el capitalismo creciente de la hoja de coca, está dispuesto a profundizar el modelo extractivista como única alternativa de producción económica para el país, olvidando los postulados del socialismo comunitario, del vivir bien, de la protección a la madre tierra y, en suma, demostrando la incompatibilidad del modelo extractivista con el socialismo comunitario al ser éstos opuestos, epistemológica y funcionalmente.

La doble función de presidente y dirigente:

Dada la ascendencia moral y orgánica que tiene el presidente Morales -actualmente máximo dirigente de la Federación del Trópico de Cochabamba- sobre determinados sectores y personas, como Gumercindo Pradel, dirigente del CONISUR, residente del polígono siete y miembro del sindicato Villa Bolívar, afiliado a la federación de cocaleros del trópico de Cochabamba; esta influencia derivó en la organización de la contra-marcha del CONISUR, integrada mayoritariamente por propietarios a título particular de tierras en el TIPNIS, que renunciaron a ser parte del Territorio Comunitario de Origen, con la consigna de exigir la derogación de la Ley N° 180 y, consiguientemente, proporcionar al gobierno el justificativo para proseguir con la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

El CONISUR es el caballo de Troya del presidente Morales, en su intención de despojar paulatinamente a los pueblos indígenas de sus territorios.

De manera categórica, se puede afirmar que el CONISUR no representa ni tiene el reconocimiento de las comunidades del TIPNIS, desde el encuentro de corregidores en mayo del 2010 en la comunidad de San Miguelito, donde se emitió un Voto Resolutivo desconociendo al CONISUR. En consecuencia, el CONISUR no constituye parte de los actores legítimos y legalmente reconocidos por la Constitución, para ser consultados por las medidas legislativas y/o administrativas que afecten a los pueblos indígenas, como establece dicha norma fundamental, por carecer de legitimidad y representación, habiendo renunciado a la propiedad colectiva de los Territorios Comunitarios de Origen (TCOs) y convirtiéndose en propietarios individuales de parcelas destinadas en su mayoría al cultivo de la hoja de coca, no contemplados como parte orgánica de las organizaciones regionales integrantes de la CIDOB.

En esencia, el CONISUR fue creado para defender intereses particulares y sectarios de grupos que habitan la región del Polígono 7, y de ninguna manera los intereses colectivos del TIPNIS, ya que nunca promovieron la conservación del TIPNIS como área de doble protección constitucional, y tienen el propósito de contrarrestar las medidas destinadas a preservar la madre tierra y los pueblos que la habitan.

Consiguientemente, es inadmisible que el CONISUR de manera ilegal e ilegítima pretenda adjudicarse una representación del territorio colectivo y exigir o participar de una consulta cuando no existe fundamento legal para que demanden derecho propietario de la TCO, y al obteniendo por el contrario, la titulación de manera individual dentro del polígono siete (7) zona sur, renunciando a su derecho propietario de la TCO y poniendo en riesgo la integridad territorial colectiva.

Para que sea procedente la consulta bajo los parámetros constitucionales, el gobierno debería primero dejar sin efecto el contrato suscrito con la empresa brasilera OAS, y recién entonces sería aplicable la consulta previa, informada y de buena fe, en el marco del Artículo 30 numeral 15 de la Constitución Política del Estado y en el espíritu del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que en el Artículo 6° establece la forma, tiempo y condiciones para que la consulta sea idónea.

Esta figura atípica en las demandas sociales, donde los integrantes de una organización, sin tener el respaldo de derechos específicos, se atreven a demandar la abrogación de una Ley promulgada con legitimidad y, alternativamente, a exigir una consulta fuera de todo marco legal, con la seguridad del apoyo que recibirán, solo puede explicarse por la parcialización evidente del presidente Morales con la contramarcha, en su calidad de máximo dirigente de la federación de cocaleros.