A las 10 horas del lunes, mujeres pertenecientes a varias organizaciones y colectivos sociales de Ecuador ocuparon pacíficamente la sede de la embajada China en Quito, como una muestra de rechazo a la firma del primer contrato minero a gran escala suscrito por el Estado ecuatoriano y la empresa Ecuacorrientes (ECSA). Ocho activistas fueron detenidas.

El gobierno de Rafael Correa y la minera china Ecuacorriente firmaron el primer contrato de explotación minera a gran escala en el yacimiento Mirador situado en la provincia de Zamora Chinchipe, con reservas de al menos cinco mil millones de libras de cobre. El emprendimiento situado en la amazonia ecuatoriana comenzará a operar a fines de 2013 y tendrá una vigencia de 25 años. El Estado ecuatoriano detentará el 52% de las acciones.

Ecuacorriente es filial de la canadiense Corriente Resources, controlada por las chinas Tongling Nonferrous Metals Group y China Railway Construction. Invertirá 1.400 millones de dólares en los próximos cinco años y prevé procesar 60 mil toneladas de material diarias. El gobierno de Correa estima obtener 4.458 millones de dólares en ganancias a valor corriente, además de recibir regalías anticipadas por 100 millones de dólares.

Hoy se inicia una nueva era en Ecuador, al dar un salto cualitativo con el desarrollo responsable del potencial minero, dijo Correa y consideró posible remediar el impacto ambiental del emprendimiento hasta en un 95%. Sin minería el mundo volvería a la época de las cavernas, hoy todo lo que usamos habitualmente viene de la minería y sin ella no podría sostenerse la forma de vida moderna, aseguró Correa antes de recalcar que el contrato fue “negociado rabiosamente en función de la Patria”.

Horas antes, un grupo de mujeres ocupó la sede de la embajada china en Quito denunciando que el contrato desencadenaría graves daños en la Cordillera del Cóndor, zona reconocida por su altísima biodiversidad y por ser territorio de pueblos ancestrales. Mientras en los exteriores se mostraron carteles de denuncia, al interior del edificio se presentó al embajador Yuan Guisen una petición para que transmita a la empresa que se abstenga de firmar dicho contrato.

A los impactos mencionados, se suma el desprestigio levantado alrededor de la compañía china por los casos de criminalización que se le atribuyen en informes elaborados por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Una de las ocupantes que pidió no ser identificada por temor a represalias explicó que “…es una provocación pretender firmar este contrato a cuatro días del inicio de la marcha anunciada por los pueblos amenazados por la mega minería que reclaman el respeto de sus derechos constitucionales”. Otra activista declaró que “…las empresas chinas deben saber que en el Ecuador existe una sociedad organizada que defiende la Naturaleza y vela por sus derechos”.

Varias organizaciones sociales, colectivos y personas individuales suscribieron una petición pública en la que manifiestan que la Cordillera del Cóndor, territorio entregado como concesión a Ecuacorriente para la ejecución del proyecto Mirador, es una de las zonas más ricas en biodiversidad y culturas del Ecuador, lo que afectará para siempre territorios de los pueblos indígenas y a la naturaleza.

El documento advierte que la firma del contrato significa una “interferencia en la política nacional debido a que existe un conflicto entre los pueblos y comunidades de los territorios concesionados y el gobierno nacional”. Además, denuncia que “el gobierno ecuatoriano ha decidido firmar el contrato minero sin que se haya aprobado el Estudio de Impacto Ambiental ni la Licencia Ambiental y sin el Consentimiento de las Comunidades y Pueblos Indígenas, requisitos indispensables para toda empresa minera”.

Las organizaciones también solicitan al gobierno chino que “investigue a sus empresas por la criminalización que propician, desconociendo los derechos de las comunidades y pueblos del Ecuador e incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el país (y) Que se abstenga de utilizar cualquier tipo de arbitraje o mecanismos de presión, pretendiendo argucias legales para afectar la soberanía del país”.

Se informó que ocho mujeres fueron detenidas tras la toma pacífica de la embajada de China en defensa de los Derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos y de Pueblos Indígenas, los cuales están siendo violentados con la firma del contrato.