El diputado indígena Pedro Nuny Caity presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional una doble demanda de inconstitucionalidad contra las leyes 222 de Consulta a los Pueblos del TIPNIS y 211 del Presupuesto General 2012, las cuales vulneran la Constitución y el derecho a la consulta previa.

El gobierno de Evo Morales promulgó el 23 de diciembre de 2011 la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) – Gestión 2012, más conocida como Ley Financial Nº 211. Aunque la norma tiene por objeto “aprobar” el PGE del sector público, introduce regulaciones referidas a procesos de consulta previa, que nada tienen que ver con la administración de las finanzas públicas.

La Disposición Adicional Séptima de la Ley 211 señala textualmente que “En la relación de los procesos de consulta y participación previa, libre e informada para actividades de las empresas públicas estratégicas, en trámite o futuros no se admitirá la discusión de otros temas que no son de la competencia de la Autoridad Competente y otros no relacionados a la implementación de la actividad hidrocarburífera y de otros sectores que causen retraso en la suscripción del Convenio de Validación de Acuerdos y perjudiquen la ejecución del proceso de consulta y participación en las condiciones, plazos y términos que hayan sido establecidos en el Acta de Entendimiento”.

“Si habiéndose cumplido con todas las condiciones, plazos y términos del Acta de Entendimiento para la ejecución de la consulta, no se llegara a la suscripción del Convenio de Validación de Acuerdos por las razones antes mencionadas, se continuará con el procedimiento para la elaboración y aprobación del EEIA conforme a la normativa vigente. Mientras dure este proceso se podrá suscribir el Convenio de Validación”, agrega la controvertida Disposición Séptima.

En otras palabras, la norma proscribe de un plumazo el derecho constitucional a la Consulta Previa, contraviniendo abiertamente los mandatos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, instrumentos internacionales ratificados por Bolivia.

Entre otras contravenciones, la cuestionada norma modifica el carácter “previo” de la consulta con el fin de promover la explotación de recursos naturales o la construcción de infraestructura, afectando no solo a los pueblos indígenas titulares de este derecho, sino a la población en general perjudicada por emprendimientos económicos.

La Ley Financial pretende viabilizar iniciativas estatales actuales y futuras, aún sin el consentimiento previo del afectado, es decir de la víctima del daño ambiental inducido. Por tanto, es abiertamente inconstitucional, contradictoria y evasiva de los artículos 30 y 343 de la Constitución Política del Estado. [1]

La norma no solo expresa un criterio discriminador sobre el goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Carta Magna y los tratados internacionales, sino que también vulnera flagrantemente el artículo 410 de la Constitución. [2]

En consecuencia, queda demostrado que la Disposición Adicional Séptima de la Ley 211 está viciada de nulidad y es evidentemente inconstitucional por su contenido, por el procedimiento aplicado y porque el Órgano Legislativo usurpó funciones, argumenta el acción abstracta de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado Nuny.

Por tanto, concluye la demanda, “corresponde que el Tribunal Constitucional Plurinacional DECLARE la INCONSTITUCIONALIDAD” de la DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTIMA de la Ley N. 211 Ley del PGN 2012.

Demanda contra la Ley de Consulta

Los artículos 39, 40 y 41 y la cláusula novena de las disposiciones transitorias de la Ley de Consulta aprobada el 10 de febrero de 2012 son contradictorios con la Ley 026 del Régimen Electoral, y este conflicto debe ser resuelto por el máximo tribunal constitucional, destaca el recurso de inconstitucionalidad presentado en la ciudad de Sucre por el diputado Pedro Nuny.

El recurso recuerda a los magistrados que el Artículo 39 de la Ley del Régimen Electoral establece que “La Consulta Previa es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. La población involucrada participará de forma libre, previa e informada. campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.

Subraya que el Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), debe realizar la observación y acompañamiento de los procesos de Consulta Previa, de forma coordinada con las organizaciones e instituciones involucradas.

Además de provocar el “conflicto de leyes”, Nuny puntualiza que al establecer una consulta extemporánea la promulgación de la Ley 222 de fecha 10 de febrero de 2012, pretende encubrir repetidas omisiones evidentes de deberes constitucionales y compromisos de normas internacionales.

Recuerda que “El Estado de Bolivia, tomó y ejecutó medidas contractuales, realizó la firma de protocolos de préstamo con el Brasil, ratificó el proyecto carretero y su financiamiento por Decreto Supremo y leyes relacionadas y, mediante la Administradora Boliviana de Carreteras, ofició todos los trámites administrativos para que las obras empiecen desde junio de 2011”.

Insiste que está por demás demostrado que la CONSULTA NO ES PREVIA, “y solo se remitiría a salvar las omisiones y errores cometidos por el Gobierno y librarse de la responsabilidad al querer legalizar la construcción de este tramo II. Por lo que se debe proceder conforme Derecho y anular toda decisión y medida legislativa y administrativa para aplicar el mandato Constitucional. Lo ordenado por la Constitución debe cumplirse, sin alegarse falta de procedimiento o ley, pues la norma es suprema e ineludible”.

En la exposición de motivos, señala que la denominada Ley de Consulta se aprobó a solicitud de terceras personas ajenas al Territorio Indígena – en alusión de los miembros del CONUSIR que representan a los pobladores del Polígono 7 – desconociendo la estructura orgánica de los pueblos indígenas. Por tanto, vulnera la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas elevado a rango de ley el 7 de noviembre de 2007 y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales elevado a rango de ley el 11 de julio de 1991.

Por lo anotado, a través de la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, el diputado Nuny pide a los magistrados que “en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Art. 132 y sgts. y Ley 027 Art. 103 y sgtes. se DECLARE INCONSTITUCIONAL LA LEY No. 222 “LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL TERRITORIO INDIGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE – TIPNIS”, por su contradicción a la Constitución Política del Estado y Convenios Internacionales; asimismo por su inaplicabilidad se anule todo proceso que se haya amparado en ella.

Asimismo RESUELVA EL CONFLICTO DE LEYES EXISTENTE CON LA LEY 026 y se ordene cumpla estrictamente la Constitución Política del Estado en relación al Derecho a la Consulta y participación, Convenio 169; se conmine al Órgano Legislativo a cumplir con sus obligaciones en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, cuyos efectos no pueden ser diferidos bajo ninguna circunstancia, menos por una ley, en perjuicio del Estado, sus obligaciones y los derechos humanos constitucionalizados”.

Notas:

[1] La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles…

[2] “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país….”

* Servicio de Noticias Ambientales del Fobomade.