Quito, (PL).- El perdón del presidente ecuatoriano Rafael Correa a los sancionados por injurias calumniosas del diario El Universo y el libro El Gran Hermano es considerado aquí un llamado a la responsabilidad y ética de los medios periodísticos. La prensa abusiva, convertida en actor político beligerante contra gobiernos progresistas, ha sido vencida, recalcó Correa este lunes en un mensaje al pueblo ecuatoriano, transmitido por radio, televisión e internet, acogido con simpatía por la reacción popular y comentaristas.

Los tres directivos de diario El Universo y su editor de opinión fueron condenados a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas y una indemnización total de 40 millones de dólares, en tanto los dos periodistas autores del libro fueron condenados a pagar dos millones de dólares.

La decisión personal de Correa al hacer su demanda responde a la voluntad de demostrar las mentiras del diario El Universo, en cuyas páginas lo acusaron de ordenar disparar contra un hospital lleno de civiles durante el intento golpista del 30 de septiembre de 2010.

Igualmente el juicio contra los dos autores del libro El Gran Hermano, en el cual le acusan de conocer los negocios millonarios de su hermano Fabricio con el Estado, cuya falsedad quedó demostrada también en el proceso.

Hay perdón pero no olvido, tenemos que aprender del presente y de la historia, de que el derecho de expresión es de todos y no solo de los dueños de una imprenta, reiteró el mandatario al admitir que si hay una dictadura en Ecuador es la de algunos medios de comunicación.

En este proceso hemos aprendido mucho, sobre todo acerca de hasta dónde llegan los tentáculos de este poder que se ha creído omnímodo y por encima de las leyes, apuntó tras aclarar que aquí “no han podido derribar nuestras murallas de integridad y dignidad”.

Con mucha pena, acotó, vemos el espíritu de cuerpo, incluso de respetable prensa internacional, publicando versiones de los acusados sin ni siquiera cumplir con el elemental deber de contrastar la información, en un claro atentado a la ética y profesionalismo periodístico.

Correa exhortó a su pueblo a luchar por una verdadera comunicación social, en la cual los negocios privados sean la excepción y no la regla, y la libertad de expresión sea un derecho de todos y no el privilegio de oligarquías que heredaron una imprenta.

Para algunos comentaristas de la televisión nacional, el llamado hecho por el jefe de Estado para que “de ahora en adelante los medios de prensa asuman un compromiso con la verdad y la ética profesional”, trae al escenario nuevamente la necesidad de la Ley de Comunicación.

Después de tres años de debates, pese a ser un mandato de la Constitución de Montecristi de 2008, con más de 600 observaciones hechas por movimientos, organizaciones sociales y gremios, todavía persisten puntos de conflicto sobre el borrador de la polémica ley.

Las críticas más duras se generan básicamente desde los monopolios de la información, reacios a supeditarse a reglas sobre contenidos, programación, distribución del espacio radioeléctrico y requisitos de titulación para ejercer la profesión periodística.

Sometida actualmente por la Asamblea Nacional a un proceso de discusión en cuatro foros para mejorar el proyecto de Ley de Comunicación que será sometido próximamente al pleno parlamentario, la decisión de Correa pone hoy un claro acento en la ética.

Comunicación en tiempos modernos

La Ley de Comunicación prevista en Ecuador resulta novedosa y en extremo polémica por algunos de sus artículos entre los profesionales y parlamentarios del país, después de tres años de debates para su aprobación. Con más de 600 observaciones hechas por movimientos, organizaciones y gremios, todavía persisten puntos de conflicto sobre el borrador, que deberá ser sometido a votación a corto plazo.

Las críticas más duras se generan básicamente desde los monopolios de la información, reacios a supeditarse a reglas sobre contenidos, programación y permiso en el espacio radioeléctrico. En los debates más recientes se ha cuestionado la ausencia de un decreto relativo a la obligatoriedad de la titulación profesional para ejercer el periodismo, como existe para el caso de los médicos o los abogados.

Respecto al tema, por ejemplo, alumnos del sexto semestre de la carrera de Comunicación de una Universidad de Quito argumentan que es injusto que quienes no cursaron estudios superiores en la especialidad estén en igualdad de condiciones que ellos. Otros entes de la sociedad consideran que de no permitirse esa posibilidad, se limitaría el ejercicio de la libertad de expresión.

El radialista José López Vigil, uno de los promotores de la comunicación alternativa en Latinoamérica, expresó en una entrevista con TeleSur que un medio comunitario nunca contará con un staff de profesionales egresados de la carrera de periodismo. Por ello, aunque está de acuerdo con la capacitación y preparación profesional para lograr la excelencia, considera que no se debe exigir un título a quienes laboran en estos medios alternativos.

Como en México, en Ecuador también se da el fenómeno de que muchos egresan de la carrera de Comunicación, mas nunca llegan a titularse, y así son recibidos en los órganos de prensa, mientras que otros se insertan sin haber cursado estudios superiores.

Lo nuevo que viene

Otros temas resultan innovadores en Ecuador, como la normativa que establece la responsabilidad ulterior de los medios y los comunicadores con los entrevistados y los públicos. Ahora, deberán responder a las demandas no sólo con una disculpa pública a través del mismo medio donde se les agravió. Los periodistas también podrán ser sancionados con multas salariales a partir de una escala establecida y según la reincidencia en la falta.

La nueva Ley de Comunicación repartirá las frecuencias en el 33% para los sectores público, privado y comunitario, y deberá hacer la distribución de la propaganda estatal de manera equilibrada entre todos.

También establece un Consejo de Regulación de contenidos y frecuencias de transmisión de estos a partir de una clasificación, un ente en proyecto que tampoco ha escapado a las críticas por dudas en cuanto a la legitimidad de su composición.

Se señala que uno solo de los miembros del Consejo de Regulación representaría la Academia, mientras que el gobierno tendrá mayor representatividad.

En la última semana representantes de los medios públicos señalaron su disconformidad por ser excluidos de los debates de la ley y expresaron incertidumbre respecto al papel de dicho Consejo de Regulación y en lo referente a la capacidad de financiamiento para el desarrollo autónomo en el campo empresarial y editorial.

Además, manifestaron sus inquietudes sobre la disposición que limita a los medios públicos nacionales a hacer publicidad frente a esa posibilidad para los órganos de alcance local.

Las nuevas reglas promueven también el acceso universal a las tecnologías de información y computación y permiten a personas afectadas por informaciones inexactas o agraviantes efectuar la rectificación a través del mismo medio.

Además, se exige al menos el 50 por ciento de producción propia en radio y televisión abierta para la promoción de la diversidad cultural y de identidades, y se demanda espacios para la producción nacional independiente, tomando en cuenta los diferentes idiomas del Ecuador.

El artículo 19 del capítulo de Derechos de libertad prohíbe la censura previa del contenido por una autoridad o funcionario público antes de su difusión, y establece sanciones a través del Consejo de Regulación, que van desde el pago de una multa hasta el inicio de un proceso judicial.

Pero una de las mayores preocupaciones de los medios privados, se asegura, quedó descartada en el informe final de la normativa al eliminarse la posibilidad de ser clausurados producto de infracciones de este cuerpo legal y solo se disponen sanciones administrativas, como amonestaciones escritas a los directivos y multas económicas.

El proyecto, de 128 artículos y 16 disposiciones transitorias, regula la difusión de contenidos violentos o discriminatorios, al tiempo que recaba la transmisión de valores humanos.

En una encuesta difundida este año el 64% de los ecuatorianos considera beneficiosa la promulgación de la nueva Ley de Comunicación en el país y el 49,9 por ciento señala que su objetivo principal es que se diga la verdad a través de los medios de comunicación.

Ambas conclusiones hablan de la comprensión en amplios sectores de Ecuador de la premura en regular la comunicación social para que marche a la par de los avances de la sociedad contemporánea y supere en lo posible los intereses individuales.

* Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador.