(Agencias).- Alrededor de 500 efectivos policiales reprimieron con gas pimienta y bastones eléctricos a decenas de discapacitados que pretendían ingresar a la Plaza de Armas de La Paz, el destino final de una marcha que iniciaron hace casi 100 días exigiendo un bono anual de entre 3 mil y 4.800 bolivianos.

Luego de recorrer casi 1.600 kilómetros, algunos en sillas de ruedas y otros apoyados en muletas, este jueves llegaron a La Paz poco menos de 100 personas discapacitadas exigiendo al gobierno una renta solidaria anual.

El 5 de febrero los dirigentes de los movilizados Jaime Estivariz, Carlos Mariaca y Eddy Pedriel pactaron con el Ejecutivo el pago de un bono anual de mil bolivianos a por lo menos 13 mil personas con discapacidad grave y muy grave. Para ese efecto se creó un Fondo de Solidaridad y Equidad de 40 millones de bolivianos, 50% destinado al pago del bono y 50% al financiamiento de 10 centros multidisciplinarios de atención integral.

Más de 13 mil personas recibirán el bono de 1.000 bolivianos; los calificados hasta el 31 de diciembre de 2011 recibirán el beneficio en 2012 y los registrados a partir de la fecha cobrarán el bono en 2013, precisó el viceministro de Salud Martín Maturano. El Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) de cada región acelerará ese proceso. (ABI)

Sin embargo, los dirigentes de Confederación Boliviana de la Persona con Discapacidad se retractaron de los acuerdos. El bono de 1.000 bolivianos es un “logro”, pero la lucha “no cesará hasta alcanzar un bono justo”, argumentó el dirigente Rubén Ardaya. “Inicialmente se habló de un subsidio y hoy (piden) una renta solidaria” de por lo menos tres mil bolivianos anuales, criticó el ministro de la Presidencia Carlos Romero.

“Lo que iba a hacer el fondo justamente era darles la oportunidad para que se inserten en el mercado laboral y que no necesiten de un bono… pero lamentablemente ellos mismos se han quitado esos recursos (…) que iban a capacitación, para sus prótesis y para inserción laboral”, lamentó el ministro de Economía y Finanzas Luis Arce, antes de recalcar que “definitivamente” el TGN no puede solventar el bono exigido por los minusválidos.

El jefe de bancada de Convergencia Nacional de la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado consideró que el gobierno pretende “desmovilizar a los discapacitados” con un “bono burla” que representa apenas 2,7 bolivianos al día, lo que significa “tratar a los discapacitados como mendigos”.

Los marchistas pretendieron culminar su movilización en Plaza Murillo, tal y como lo hicieron antes los indígenas del TIPNIS y los cocaleros del Conisur, pero medio millar de efectivos policiales les impidieron el ingreso y acordonaron las cuatro esquinas de la plaza, dizque para “preservar la seguridad” de Palacio de Gobierno, de la Asamblea Legislativa, de la Cancillería y de la Gobernación del Departamento.

La red Erbol reportó que los efectivos policiales reprimieron a la caravana de discapacitados con gas pimienta y bastones eléctricos y detuvieron a más de 10 “agitadores”. “Nosotros vimos cuando los ingresaron de manera violenta a la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales) que está cerca a la Cancillería, uno de ellos tenía un bozal en la boca y las manos con cadenas atrás”, denunció el jefe nacional de Prevención y Atención de conflictos de la Defensoría del Pueblo Gregorio Lanza.

“Son personas con discapacidad y la Policía les echó gases en la cara, se los agredió físicamente y eso no puede ser porque son ciudadanos que están en total indefensión”, protestó el diputado opositor Luis Felipe Dorado.

“En esta marcha existe también gente que quiere generar violencia, que quiere utilizar este tema tan delicado con fines políticos y mostrar como víctimas a los hermanos discapacitados”, retrucó el diputado del MAS Carlos Aparicio, aludiendo al partido político opositor Movimiento Sin Miedo (MSM).

Según el director General de Régimen Interior Boris Villegas, los efectivos “actuaron de manera profesional”, pese a que fueron atacados “a mansalva” con “armas punzo cortantes”, piedras, objetos metálicos e incluso con un perro de pelea que mordió al sargento Paulino Quispe y a otros uniformados.

El Comandante Departamental de la Policía Alberto Aracena acusó al diputado Jaime Estivariz de promover el desorden y la violencia y aseguró que los “agresivos” marchistas hirieron a por lo menos 20 policías.