La decadencia ideológica
Se extrañan las discusiones ideológicas del siglo pasado, cuando se participaba de escenarios de resistencia a las dictaduras militares, donde se buscaba explicar las razones no solamente de la resistencia, pues esto estaba inmediatamente comprendido y aceptado, sino se trataba de las razones históricas y políticas que vinculaban la lucha a un proyecto político y social.


Estas discusiones entre grupos de formación marxista, de distinta tendencia, recurrían a la comparación de las grandes revoluciones socialistas, además de recoger la experiencia boliviana en la lucha de clases y contra el capitalismo, sobre todo la experiencia del proletariado minero. Un lugar necesario de debate era la Tesis de Pulacayo y su proyección en las Tesis de la COB. El gran dilema en el debate era escoger entre la tesis de transición de la revolución permanente y la tesis por etapas, defendidas por las corrientes de los partidos comunistas, tanto el PC pro soviético y el PC chino. Otros temas de debate, aunque con menor intensidad, eran los relativos a la caracterización del país, así como la caracterización de las dictaduras. En relación a la caracterización del país, se contaba con la tesis sostenida por el POR de que se trata de un país capitalista atrasado y dependiente, de desarrollo combinado; en tanto que otros caracterizaban al país como todavía de herencia semi-feudal articulada a enclaves capitalistas. La tendencia general era aceptar que se trataba de un país capitalista, la diferencia estribaba en de qué manera lo era; unas posiciones consideraban que se trataba de una semi-colonia, en el sentido de la teoría del imperialismo, otras posiciones, quizás con más lectura del marxismo contemporáneo, distinguían la teoría de la formación económico social de la teoría del modo de producción, y buscaban una caracterización a partir de la articulación específica de los modos de producción. La caracterización de las dictaduras militares era un poco más dispersa; algunos aseveraban sin discusión el carácter fascista de las dictaduras; los más sofisticados usaban la tesis del bonapartismo y diferenciaban dictaduras militares nacionalista y populistas, muy pocas, de las dictaduras militares francamente reaccionarias y al servicio del imperialismo.

Durante el periodo de resistencias a las dictaduras militares (1964-1982) estos debates transcurrieron con más o menos intensidad, dependiendo de la coyuntura y los involucrados en la discusión, también de las tareas pendientes y presentes. En el segundo quinquenio de la década de los setenta se incorpora de manera irradiante e interpeladora la visión katarista, su tesis de colonialismo interno, planteando que en Bolivia no se había resuelto la problemática colonial. El tema indígena entra al debate político en el contexto y la atmósfera política de entonces. A la izquierda tradicional le era difícil aceptar la tesis del colonialismo interno pues consideraba que no tomaba en cuenta la lucha de clases, convirtiendo el conflicto en una lucha de razas. El estado de arte de estos debates nos muestra una tendencia ampliar las perspectivas y las consideraciones abriéndose a la complejidad del asunto político, social y económico de las formaciones sociales abigarradas, así como de sus luchas sociales. Debemos incorporar también en el debate una perspectiva de la izquierda-nacional introducida por el Grupo Octubre, quienes en el lapso de tiempo de los gobiernos del General Ovando y del General Torres (1970-1971) plantean el tema de la cuestión nacional como primordial en la lucha contra el imperialismo; por lo tanto de lo que se trata es de distinguir en esta lucha a los gobiernos nacionalistas anti-imperialistas de los gobiernos pro-imperialistas, en ese sentido, sacan la conclusión de que, en el proceso de la lucha de clases bajo el dominio imperialista, era indispensable dar apoyo crítico a los gobiernos nacionalistas anti-imperialistas. Esta tesis apunta a un frente anti-imperialistas contra el enemigo principal, el imperialismo y sus cipayos. El debate de la izquierda-nacional era con lo que llamaba izquierda internacional, que no hacía estas distinciones y, de acuerdo a la interpretación dada, cometía errores políticos.

El panorama del debate se trasforma durante el segundo quinquenio de la década de los ochenta y durante la década de los noventa. La crisis de la izquierda, provocada ya por la derrota de la Asamblea Popular (1971) y después con la caída del gobierno de la UDP (1984), abre un gran vacío ideológico, aprovechado por el proyecto neo-liberal, que se introduce casi sin resistencias, salvo quizás la marcha por la vida de los trabajadores mineros, que tratan desesperadamente defender los centros mineros contra el cierre y la relocalización. En este contexto de implantación del proyecto neoliberal, el debate se reinicia con la crítica al neoliberalismo y su proyecto privatizador; sin embargo este no es el único debate, también se efectúa una evaluación crítica de la izquierda tradicional, no sólo en cuanto a sus errores teóricos y políticos, sino sobre todo por no haber considerado la problemática indígena y el tema colonial, por no haber comprendido que la lucha fundamental sigue siendo anticolonial y descolonizadora, pues la lucha contra el capitalismo es una lucha contra su matriz colonial. Este debate es importante por su directa vinculación con lo que va a ocurrir durante el ciclo de luchas y movimientos sociales anti-sistémicos del 2000 al 2005.

Podemos decir que el debate adquiere una tonalidad apropiada y alcance histórico no solamente porque tiene en cuenta la discusión acumulada, el análisis y la reflexión desplegada por lo menos durante un siglo, sino porque adquiere un carácter político inmediato debido a la crisis múltiple del Estado y la asonada de los movimientos sociales emergentes. También se introducen tópicos a la discusión importantes que tienen que ver con la crisis de la izquierda debido a la caída de los estados socialistas de la Europa oriental y de la Unión Soviética. Estos tópicos críticos tienen que ver con el partido, los intelectuales, la vanguardia, el Estado y el socialismo. Sobre el partido se tiene una posición crítica, se dice que ya no corresponde a las luchas contemporáneas contra el capitalismo; en consecuencia la figura del intelectual y de la vanguardia también son cuestionados sino desechados como recursos indispensables en los nuevos movimientos sociales. Además se interpreta que la caída paradójica de los supuestos destructores del Estado en la formación calamitosa de un Estado totalitario, con dominio absoluto de la burocracia del partido, no solo se debe a una deformación estalinista sino que sus antecedentes ya se encontraban en el partido, también en el papel sustitutivo de la vanguardia y en la función orientadora de los intelectuales. Ante estas experiencias dramáticas de la revolución y de la construcción socialista en un solo país, es indispensable replantearse la forma de organización de las luchas sociales. En este sentido se rescatan las figuras colectivas de la crítica de la economía política; por ejemplo, el concepto de intelecto general, así como del trabajo cooperativo frente a la apropiación privada en el capitalismo. Se trabajan los conceptos de masa y de comunidad, incorporando también nuevos conceptos de la crítica contemporánea al capitalismo de las nuevas corrientes contestatarias, marxistas y no marxistas. Entre los conceptos nuevos se adquiere la perspectiva de la multitud para comprender las transformaciones en el proletariado, que adquiere una condición nómada. Se trabaja con la idea de la gramática de la multitud, para comprender los otros lenguajes de la multitud movilizada, los lenguajes corporales, los lenguajes de la imagen, para comprender el mismo movimiento, la misma movilización, como un tejido. Pero, sobre todo el eje del debate de los últimos años de década de los noventa y los primeros años del siglo XXI se desenvuelve en la comprensión de la genealogía del colonialismo, de la transformación de sus formas. Se tiene la certeza que el sujeto indígena sustituye al sujeto proletario en las luchas descolonizadoras y anticapitalistas.

Como se puede ver, el debate adquiere una intensidad sobre todo por la premura de la crisis política y las victorias de los movimientos sociales, que empujaban indudablemente a una salida revolucionaria, si todavía podemos hablar así. Empero este debate se corta abruptamente y de una manera inesperada con la llegada al gobierno, después de las elecciones nacionales del 2005. La pregunta es: ¿Si se llegó a esta intensidad del debate hasta el 2005 por qué se clausura el debate desde el 2006? Esta es la cuestión. Lo que se observa después es el vuelco de los esfuerzos por gobernar, por resolver problemas administrativos, y cuando se desata el ataque de las oligarquías regionales, en pleno proceso constituyente, el esfuerzo se vuelca en defender al gobierno y al proceso. No hay debate interno al bloque que abrió el horizonte del Estado plurinacional. No lo hay en la Asamblea Constituyente, salvo unos cuantos amagues de reflexión, de análisis y discusión, dados sobre todo por la preocupación de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. La Asamblea Constituyente tiene que enfrentar movilizaciones de todo tipo, básicamente de resistencia a los planteamientos fuertes del documento base para la constituyente elaborado por el Pacto de Unidad, además de enfrentar el ataque directo de los partidos de derecha al proceso constituyente. El ejecutivo daba instrucciones inadecuadas, sin comprender lo que sucedía en la Asamblea Constituyente, poniéndola en peligro más de una vez. El conflicto de los 2/3, de la aritmética de las decisiones, y el conflicto de la “capitalía”, el traslado de la sede de gobierno y de los poderes de La Paz a Sucre, ponen al borde del abismo a la constituyente. En estas circunstancias no se dieron condiciones para el debate; lo que se hizo es defender el mandato dado por los movimientos sociales, tener como referente el texto del Pacto de Unidad, y pugnar con las minorías en cada una de las comisiones. Es el documento del Pacto de Unidad el que salva a la Asamblea Constituyente, de esta manera se logra escribir el texto constitucional.

Esta claro que nunca se debe dejar de debatir, de reflexionar, de analizar, de desplegar la crítica, incluso en momentos difíciles por las que paso la Asamblea Constituyente; sin embargo, eso es lo que ocurrió, se impusieron las tareas urgentes de defensa del proceso y del gobierno. Empero, una vez aprobada la Constitución, no se podía ya tener ninguna escusa para no hacerlo. Era más que urgente discutir la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; sin embargo no se lo hizo, salvo en contados casos, en la elaboración del anteproyecto de ley de gestión pública, en la elaboración del Plan Plurinacional del Vivir Bien (Plan de desarrollo Económico y Social) y en la elaboración del proyecto de Ley de la Madre Tierra.

En la primera gestión de gobierno la crítica y el debate fue suspendido con el argumento de que debemos defendernos ante la derecha, dejar estos debates a la constituyente; después, en la constituyente, el debate fue imposible. Más tarde, cuando se promulgó la Constitución, se prefirió optar por la difusión de la Constitución sin ningún aprendizaje y discusión colectivos; cuando se tenía que elaborar leyes, se buscaron artículos pertinentes para las leyes, de una manera des-contextuada, abandonando la interpretación del espíritu constituyente, optando por el alma leguleya de los abogados, que no entendían ni el proceso ni la Constitución. Durante la segunda gestión de gobierno, ya había corrido mucha agua bajo el puente, el peso del pragmatismo político condujo a un derrotero inesperado; el gobierno eligió pragmáticamente mantener el Estado-nación, como lo venía haciendo durante la primera gestión, por lo tanto eligió el camino de la restauración. También el gobierno escogió la continuación de la ruta por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, siguiendo la huella de las castas criollas gobernantes. Cómo ambas decisiones contrastaban elocuentemente con el mandato Constitucional, se optó por un uso propagandístico de la Constitución sin asumir jamás sus contenidos, ni tampoco mucho menos explicar sus contradicciones. Como por decreto se dijo que ya somos un Estado plurinacional después de la promulgación de la Constitución. ¿Por arte de magia? En otras palabras, se renunció a la demolición del Estado-nación, se renunció a las transformaciones estructurales e institucionales para construir el estado plurinacional comunitario y autonómico, se desecharon el pluralismo institucional, el pluralismo normativo, el pluralismo y el pluralismo de gestión, como transformaciones necesarias en la transición al Estado plurinacional. Se cayó en la retórica estéril de la propaganda, también del teatro político y los montajes, el doble discurso. Esto no podía sostenerse por mucho tiempo, cayó el montaje como castillo de naipes. Después de las resoluciones de Tiquipaya se hizo evidente que el gobierno no cumplía con las resoluciones, que ya eran vinculantes para el Estado boliviano. Después de estas comprobaciones el discurso boliviano en los foros internacionales ya no es creible. Esta diferencia se la puede comprobar en el contraste de la convocatoria boliviana en las dos últimas cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático. En Copenhague el presidente boliviano habla ante cien mil activistas y declara la guerra al capitalismo en defensa de la madre tierra; en Cancún la delegación boliviana se queda sola, sin apoyo incluso de los países del Alba. El descrédito se ahonda con la medida de nivelación de precios, con la introducción de dos artículos que tácitamente aprueban los transgénicos en la ley de la revolución productiva, con el sinuoso y represivo comportamiento del gobierno en el conflicto del TIPNIS.

El proceso está en crisis y en peligro, pero ante esta crisis y el peligro cierran los ojos los gobernantes, el MAS, los funcionarios, los dirigentes campesinos. Llama la atención que incluso cierran ostensiblemente los ojos a quienes se consideraron como intelectuales críticos, que fueron en su momento críticos. ¿Por qué dejaron de serlo? ¿Sólo por el hecho de que se encuentran ocupando la función pública? ¿Por el hecho de ser funcionario se pierde la condición de crítico? De todas maneras es ineludible la responsabilidad que se tiene con el proceso. El proceso es producto de las luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios, proceso pertenece a la gente que ha luchado el la guerra del agua, en el bloqueo indígena campesino de la CSUTCB en septiembre del 2000, en la guerra del gas del 2001 y en los acontecimientos de mayo y junio del 2005, pertenece a la gente que ha votado consecutivamente a favor aportando por el proceso. El proceso no le pertenece al MAS, no le pertenece al presidente, ni al vicepresidente, no les pertenece mucho menos a los funcionarios. Esta responsabilidad por el proceso exige la crítica y el debate colectivos. Incluso siendo funcionario la persona que se considera comprometida con el proceso tiene que optar, o ser cómplice del derrumbamiento, aplaudiendo como “lluncu” las barrabasadas del gobierno, o ser crítico y poner en mesa los problemas, por lo menos para su discusión. Pero esto no se hace, se ha preferido recurrir al guion prestablecido, al esquema simplón de que si no estás conmigo estas con la derecha, eres mi enemigo. Llama a atención que esta pose se parece mucho a la lanzada por el presidente estadounidense Busch después del ataque a las torres gemelas.

Un esquema simplón

No dejan de sorprender la expuesta y ostensible debilidad de las argumentaciones del gobierno en todo el debate en torno al TIPNIS. También no deja de dejar una sensación de pena cuando se observan los exacerbados esfuerzos desesperados de los funcionarios por querer defender a su gobierno, mostrando más celo que lógica. Da tanta pena y tristeza como la huella de desolación que dejó la marcha del CONISUR. Toda la estrategia comunicacional del gobierno, su cuadro de respuestas al conflicto, se basan en un esquema simple e inocente. Hay derecha e izquierda, nosotros los del gobierno somos, desde luego la izquierda; los que nos critican son de derecha. Sobre todo los que nos critican en el tema de la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, debido a que los que critican la construcción de la carretera están contra el desarrollo. El desarrollo es también un derecho de los indígenas. Los temas ambientalistas han sido manejados por ONGs, detrás de esta estrategia ambientalista está la sombra de la embajada estadounidense y la efectiva intervención de USAID. Esta incumbencia se ha comprobado con el apoyo a la VIII marcha indígena de parte de la derecha, la gobernación de Santa Cruz, los ganaderos del camino y recorrido de la marcha, incluso han apoyado a la marcha empresarios. Ahora que hay una ley de consulta para que decidan las comunidades del TIPNIS, nuevamente se ponen en contra; todo esto por atacar al gobierno que cumple con la Constitución y los convenios internacionales. Las organizaciones indígenas están con la derecha, han firmado un convenio con la gobernación de Santa Cruz. “Dime con quien andas y te diré quien eres”. Este es el refrán de sentido común que se utiliza para descalificar a los dirigentes del CIDOB, creyendo que tiene alguna proyección desde la vida cotidiana a la vida política, como si esta certeza popular sobre las relaciones personales pudiera proyectarse a los escenarios políticos. A este juego pueril de argucia hogareña se ha reducido la discusión.

Este esquema simplón ha sido usado una y otra vez por la propaganda del gobierno y por los funcionarios celosos que hacen gala de repetir lo mismo. El esquema utilizado es extremadamente estrecho y pobre. Una de sus más grandes debilidades radica en que no toma para nada en cuenta el tiempo político ni la perspectiva histórica. Están lejos de hacerse preguntas si tiene sentido seguir usando el esquema parlamentarista francés de izquierda y derecha, cuando la misma escenografía del congreso comprende además a la montaña, los más radicales, y los del llano, los oportunistas. Incluso si se lo usa, no se puede suponer que la izquierda y la derecha son entidades invariables, abstractas y a-históricas, como si no tuvieran nada que ver las posiciones que se toman respecto a determinados problemas, como si la política no estuviera al interior de procesos que se desplazan y transforman en el periodo y las coyunturas. La derecha tradicional, por así decirlo, fue derrotada en el Pando, después del conflicto del Porvenir. Su derrota política y militar se corrobra en las elecciones del 2009, cuando no sacan ni siquiera un tercio de los representantes de la Asamblea Legislativa. Después de esta derrota, en el lapso de la segunda gestión de gobierno, la conducción política escoge un derrotero de enfrentamiento con el pueblo y con las naciones y pueblos indígenas originarios. Lanza una medida de shock monetarista de nivelación de precios en relación a los carburantes y hace evidente en el conflicto del TIPNIS su acuerdo con el gobierno brasilero, con la empresa constructora OAS, saltando las normas de contratación de bienes y servicios, violando la Constitución, sin efectuar la consulta y consentimiento previo libre e informado, cuando lo debía hacer. Estos enfrentamientos, el levantamiento popular contra la medida llamada popularmente gasolinazo, el apoyo del pueblo boliviano a la defensa del TIPNIS, sobre todo el recibimiento de un millón de paceños a los marchistas, muestran empíricamente la situación y la posición del gobierno. Ha cruzado la línea, se encuentra al otro lado de la vereda enfrentando al pueblo y a las naciones y pueblos indígenas. ¿Cómo se describe esta posición? ¿De izquierda? ¿De derecha? Según los funcionarios defensores, sigue siendo de izquierda. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Es imposible sostener que la supeditación a las empresas trasnacionales del petróleo, el compromiso con la empresa corrupta OAS, el ataque al territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, la violencia contra la VIII marcha indígena, la restauración del Estado-nación, la opción por el modelo extractivista sean posiciones de izquierda.

Como todos conoces el conflicto del TIPNIS, la VIII marcha que llegó a la ciudad de La Paz, el apoyo multitudinario que recibió, obligaron al gobierno a aceptar el pedido de la CIDOB de una ley en defensa del TIPNIS. La ley corta en defensa del territorio indígena y parque Isiboro-Sécuré es una conquista de la marcha indígena y pueblo boliviano, las organizaciones sociales, juntas de vecinos y la COB que apoyaron la VIII marcha. Empero al poco tiempo, sin ningún rubor, el gobierno prepara su contraofensiva, atizando el fuego en la región del Chapare y en San Ignacio de Moxos para que las organizaciones cocaleras y las organizaciones cívicas de San Ignacio de Moxos pidan la abrogación de la ley corta. Lo que ha escrito con la mano lo quiere borrar con el codo. Prepara una marcha del CONISUR, organización del polígono siete, que no pertenece a la TCO del TIPNIS, ocupada por productores de la hoja de coca y nueve comunidades yuracares, cuyas familias decidieron renunciar a la TCO, convertirse en propietarios privados y productores de coca. Los sindicatos del CONISUR están afiliadas a las federaciones cocaleras del Chapare. En otras palabras, la marcha del CONISUR no tiene ninguna legitimidad para decidir sobre el TIPNIS, sobre si pasa o no la carretera por el núcleo del TIPNIS, pues el territorio de la TCO del TIPNIS no les pertenece. Sin embargo el gobierno sigue su estrategia de montaje y manipulación, incluso a pesar que la marcha del CONISUR resulta desacreditada desde un principio y sin apoyo de la población, que optó por la indiferencia absoluta.

Sobre este montaje el gobierno intenta en principio abrogar la ley corta, a pedido de los del CONISUR. Lo que resultó no ser tan fácil, al enfrentar las críticas de organizaciones sociales, de la opinión pública, además de las organizaciones indígenas y los organismos internacionales. En su embrollo encuentra un camino laberíntico para continuar con el atropello a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Se inventa una consulta extemporánea a la que le pone el nombre de consulta previa, creyendo que todos pueden creer que se trata de la consulta previa libre e informada sólo con ponerle el nombre. Este cuestionario del gobierno, que introduce dos preguntas que le preocupan, sobre la intangibilidad del territorio y sobre la carretera, no cumple con las condiciones, los requisitos, las características, la estructura y el concepto de lo que es una consulta y consentimiento previo libre e informado establecidos claramente el los convenios internacionales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, tampoco cumple con lo establecido en la Constitución en los que respecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, así como en lo que se refiere a la consulta previa. Obviamente además de ser extemporánea, pues el contrato de la carretera y el diseño, además de la adjudicación a la empresa constructora OAS se la efectuó el 2008.

Ante estos hechos evidentes los funcionarios defensores de los procedimientos escandalosos del gobierno no se inmutan, prosiguen con la repetición ritual del mismo discurso, del mismo esquema simplón, ahora haciendo esfuerzos denodados contra toda lógica de demostrar que el cuestionario del gobierno es una consulta previa y cumple con la Constitución y los convenios internacionales. ¿Cómo pueden hacer esto? Desconociendo el contenido de los convenios internacionales, desconociendo el contenido de la Constitución, citando partes intrascendentes, sin análisis, sin interpretación del conjunto de los textos, del sentido de los mismos y de su espíritu normativo. Esta no es solamente una manipulación bastante bochornosa sino la expresión más calamitosa de la decadencia, del descrédito y de la deshonestidad. No es necesario caer tan bajo para defender al gobierno; se lo puede hacer recurriendo a otros argumentos, de carácter más bien pragmático.

Estos argumentos pragmáticos tienen que ver con la recurrencia al discutido e interpelado imaginario del desarrollo. Cuando se escucha hablar a los funcionarios de lo que se trata es del desarrollo, de los beneficios del desarrollo para las comunidades indígenas del TIPNIS, que viven en condiciones miserables, llama la atención que lo hagan funcionarios de los que se creía que habían cuestionado estas ilusiones de las castas y elites criollas republicanas, que se creía que habían entendido y participado en la idea del modelo alternativo del vivir bien, de lo que significa la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, construcción que exige transformaciones estructurales e institucionales que hasta ahora no se ha dado. Empero es esto lo que se ve, una renuncia a la crítica, una renuncia práctica ala Constitución, a la construcción del Estado plurinacional y al modelo civilizatorio alternativo del vivir bien. Prefieren defender la ruta del barco al naufragio, aplaudir este derrotero a la muerte del proceso, ciegamente, que optar por la necesaria reconducción del proceso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por obediencia? ¿Por mantenerse en sus puestos?

Lo que esta en juego es el proceso

El tema de fondo de este debate es que se trata del destino del proceso. ¿Vamos a dejar que se hunda el proceso por el choque insoslayable de las profundas contradicciones que contiene? Ciertamente todo proceso, toda revolución contiene contradicciones; de lo que se trata es de resolver estas contradicciones en el sentido de la profundización del proceso, no en el sentido de la regresión y de la restauración, con el triste argumento de que se trata de tensiones creativas. Todo el que se cree revolucionario debería saber que las contradicciones son parte de los procesos, que además llegan momentos de encrucijada del proceso mismo, donde hay que decidir por donde se va. Por la profundización del proceso o por la administración dilatada de la crisis del Estado-nación, que conlleva a mantener el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. No debería sorprenderlos que lleguen estas encrucijadas, estos puntos de alta tensión y por lo tanto de debate. Sin embargo, con la amnesia que corresponde a un marcado oportunismo, olvidan las lecciones históricas y pretenden hacer creer a la gente que la lucha es contra una derecha que ha muerto, como si la derecha fuera una esencia metafísica, abstracta, fuera de la historia, un mal, la expresión del mal. Así piensan los moralistas más recalcitrantes de las religiones monoteístas. En realidad pelean contra los fantasmas de una derecha ya muerta; lo que no pueden ver los funcionarios es que la derecha efectiva y derecha es una posición conservadora y reaccionaria frente a determinados problemas fundamentales, que en derecha puede convertirse el gobierno precisamente por que opta por posiciones conservadoras y reaccionarias frente a estos problemas fundamentales. Ante la responsabilidad de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, ha preferido restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. Ante el modelo alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo, como dicen las resoluciones de Tiquipaya, ha preferido continuar y extender la amplitud del modelo extractivista. Ante la defensa de los derechos de la madre tierra –hay una ley corta de los derechos de la madre tierra aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgado por el gobierno -, ha optado por ampliar la frontera agrícola, por la depredación y la destrucción ecológica, recurriendo a ingenuos argumentos del imaginario desarrollista. Estas opciones del gobierno lo convierten en la derecha real, practica, efectiva, frente a la re-emergencia de los movimientos sociales y la lucha de las naciones y pueblos indígenas originarios.

En este posicionamiento del gobierno hay un nuevo reacomodo de alianzas. Los aliados del gobierno son precisamente la burguesía recompuesta, los nuevos ricos, los banqueros, los agroindustriales y los terratenientes. Todos ellos coinciden con la ruta tomada por el gobierno, modelo extractivista, ampliación de la frontera agrícola, restauración del Estado-nación, suspensión del saneamiento de tierras por cinco años, suspensión de la reversión de tierras por no cumplir con la función económico social y por desmontes ilegales. Estos últimos acuerdos se los tomaron en la Cumbre Social, donde asistieron los empresarios privados. Es esto lo que cuenta en el análisis, el comportamiento de las clases sociales, no los fantasmas de una derecha muerta. Aunque queden resabios de la derecha tradicional en la Asamblea Legislativa y en la gobernación de Santa Cruz, aunque estos resabios intenten aprovecharse de las marchas, esto no cambia el estado de la correlación de fuerzas. Estos resabios dela derecha tradicional está desubicada, quiere seguir peleando a la antigua, como lo hacía, contra el gobierno, cuando, ahora, en el contexto de las nuevas alianzas, su clase social, la clase a la que representa es ya aliada del gobierno. Otros desubicados son estos funcionarios defensores del gobierno que creen que el tiempo político no pasa, que el proceso se ha detenido en la coyuntura del conflicto con la derecha tradicional; no observan los hechos, los acontecimientos, de las recientes etapas del proceso. No atienden a las contradicciones. Prefieren quedarse en la apología y propaganda del gobierno a pesar de los grandes contrastes entre su discurso y la realidad.