A veces la actividad de los políticos se parece a una trama de novela, tan intricada como las complicadas historias que aparecen, cuyos personajes se ven empujados a hacer cosas que cada vez los sumergen en el laberinto de pasiones. Sus actos provocan consecuencias no controladas. No pueden salir del marasmo en el que se han metido, que es como un terreno lleno de accidentes.

Así parece esta historia de la conducta del gobierno en relación al TIPNIS, primero se comprometen con Lula da Silva en hacer la carretera, apoyados con el compromiso de un préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, incluyendo a OAS, la empresa constructora; saltando las normas de contratación de bienes y servicios y violando la Constitución. Esto ocurrió el 2008. Casi dos años después, cuando se aprobó el préstamo, tuvieron que presentar el proyecto públicamente en Villa Tunari.

Cuando lo hicieron todo ocurrió como una crónica anunciada, estalló el conflicto con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones matrices. Sin embargo, también el conflicto fue interno y dado con antelación. El entonces viceministro de biodiversidad del ministerio de medio ambiente y agua, Juan Pablo Ramos, no quería firmar la ficha ambiental del tramo II de la carretera. El presidente y el vicepresidente trataron de convencerlo, pero no tenían argumentos, frente a las observaciones técnicas y constitucionales del viceministro. El viceministro renunció, pusieron a una viceministra, que era funcionaria de ABC; ella firmó la ficha ambiental del tramo II. Este procedimiento se dio en un ambiente de tensión interna, que comprometía al ministerio involucrado. También la tensión se hizo sentir en un gabinete ampliado donde el vicepresidente no se guardó adjetivos para descalificar al viceministro renunciante.

El conflicto del TIPNIS mostró todas las falencias y contradicciones del gobierno, además de sus graves compromisos e intereses en los que ya se encontraba envuelto. La táctica contra la marcha no podía ser más intrincada, acusaciones y descalificaciones a los dirigentes de las organizaciones indígenas, acusaciones que nunca se demostraron y descalificaciones que rebajaban la integridad moral de los acusadores. Represión violenta a una marcha pacifica indígena en el puente San Lorenzo, cerca de Yucumo, después de haber intentado de todo, movilización de colonizadores, quienes bloquearon la entrada a Yucumo. Intentos de movilización de gente afín en San Ignacio de Moxos, usando los recursos y la movilización sigilosa, también nerviosa, de funcionarios celosos.

Después vino la represión violenta a la VIII marcha indígena, acto descarnado contra todo buen sentido, acción preparada anteadamente, mediante un plan de operaciones, que buscaba aislar en una reunión a los comunicadores presentes, en el momento de la intervención. Se puso en la boca cinta adhesiva a las mujeres y a los niños, que era los que más gritaban y hubieran dado la alerta a los periodistas que estaban reunidos en Yucumo en una supuesta conferencia preparada. Las flotas partieron con los detenidos para llevarlos a rumbo desconocido o diseminarlos, empero no contaban con la reacción de la gente del pueblo, quienes impidieron el paso de las flotas. Intentaron trasladar a los detenidos por Rurrenabaque, en avión. También fracasó este intento, pues pobladores y organizaciones indígenas invadieron la pista e impidieron el aterrizaje de los aviones. Se dice que había un preparativo militar para intervenir, empero la renuncia de la ministra Cecilia Chacón descolocó esta maniobra militar. Ya no iba haber un chivo expiatorio de la intervención, que probablemente hubiera tenido consecuencias fatales.

Después de la sañuda represión contra la marcha indígena, la opinión pública se volcó en favor de la marcha indígena y de la defensa del TIPNIS. Ya no eran solamente múltiples grupos de activistas jóvenes, el apoyo logístico de organizaciones y de organismos de soporte humanitario, sino la población de las ciudades. Esto se vio claramente con el recibimiento que tuvieron los marchistas de la VIII marcha en la ciudad de La Paz. Un millón se personas entusiastas salieron a las calles a recibir a los que llamaban sus héroes, que les dieron de nuevo la esperanza. Dos columnas desde la cumbre hasta la Plaza San Francisco acompañó la llegada de los marchistas. Éste recibimiento apoteósico fue ya una victoria política contra el gobierno, que los había estigmatizado y reprimido.

Después vino la toma de la plaza de armas por dirigentes de la marcha, exigiendo al gobierno el cumplimiento de la Constitución y una ley que proteja al TIPNIS, el cierre de la plaza y el aislamiento de los que comenzaron esta vigilia. Las organizaciones sociales se volcaron en apoyo a los dirigentes de la vigilia tratando de romper el cerco policial. Los enfrentamientos alrededor de la plaza pusieron en peligro la seguridad del palacio quemado, incluso se dijo que se dio la orden de evacuación del presidente. Sorpresivamente el presidente tomó la decisión de proponer una ley de protección del TIPNIS, que declaraba intangible el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. Llamó mucho la atención que el presidente haya bajado acompañado por el entonces ministro de comunicación a la plaza, donde se encontraban los dirigentes de la vigilia y haya pedido perdón a los indígenas. También se reunió con los dirigentes en el palacio para tratar el texto de la ley. ¿Tomó esta decisión sólo, sin consultar al vicepresidente, sin consultar a su gabinete? Es muy difícil saberlo, pero quizás sea la hipótesis más plausible en este escenario caótico.

El vicepresidente no llama a Congreso de emergencia al siguiente día, espera hasta el lunes, dejando que pase el fin de semana. Amenaza con que no iba a ver dos tercios para tratar esta ley. Sin embargo, a pesar de sus resistencias esta ley se aprueba el lunes. La promulgación de la ley formaliza la victoria política indígena. Lo que viene después es como un retroceso por parte del gobierno, como si estuviera arrepentido de lo que ha hecho. El propio presidente instiga a los dirigentes campesinos y cívicos en una reunión en el Beni a pedir la abrogación de la ley a través de sus representantes asambleístas. El vicepresidente declara que lo intangible es intocable, ni las comunidades que habitan el TIPNIS pueden tocar nada, como si el hecho de habitar no fuera tocar y como sin lo intangible fuera inmaculado. Se nota que el vicepresidente desconoce la jurisprudencia internacional en este tema. Lo intangible no choca de ninguna manera con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno se resiste, en principio, a hacer el reglamento de la ley, que exigen las organizaciones indígenas para dejar en claro de qué se trata lo intangible y cómo se aplica. El reglamento se logra aprobar como acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas.

Empero, después de estos hechos que parecían cerrar el conflicto, el gobierno vuelve a insistir, posiblemente presionado también por las organizaciones cocalera. Impulsa una marcha del CONISUR, que pide la anulación de la ley. De principio esta marcha nace fallida, no sólo por que se sabe de la participación del padrino gubernamental que estaba detrás, sino también porque la opinión publica descubrió desde un principio la grotesca maniobra del gobierno. La marcha paso su recorrido sin apoyo de la gente de las ciudades por donde pasó, fue una marcha acompañada por la indiferencia. Este contraste fue claro en comparación con la VIII marcha indígena. Sin embargo, a pesar de estas muestras de indiferencia de la población y el descrédito de una marcha cocalera, el gobierno siguió con su montaje, insistiendo en que era una marcha de los verdaderos indígenas que vivían en el TIPNIS. Estaba claro que el CONISUR es una organización de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete, una organización afiliada a las federaciones cocalera, por lo tanto se trataba de productores de la hoja de coca y propietarios privado. Este montaje como los otros del gobierno no podía sostenerse empíricamente. Empero, la terquedad del gobierno, contra viento y marea, siguió adelante. Llegó la marcha a La Paz, el presidente recibió a los marchistas del CONISUR. Los marchistas cocaleros incluso entraron a la asamblea legislativa después de romper con mucha facilidad el cerco policial. Esto también forma parte de las escenificaciones de los “directores de cine” del montaje gubernamental.

Se levantaron voces de todo lado en contra del intento torpe de anular la ley corta. El gobierno no tenía argumentos, se inventó uno, que los indígenas del CONISUR no fueron consultados. Llama la atención las contradicciones de estos discursos insostenibles. Primero, lo que deja claro todo este entretelón es que el gobierno no hizo la consulta previa libre e informada cuando lo tenía que hacer, antes de su compromiso de la construcción de la carretera. Ahora pide consulta de parte de las organizaciones indígenas matriciales a los del CONISUR. ¿Tenían que hacerlo? ¿Acaso habitan la TCO del TIPNIS? Este argumento tan estrambótico, que no ruboriza a quienes lo dicen, también es utilizado en la elaboración de una ley de consulta a los del TIPNIS sobre la intangibilidad y el curso de la carretera. El teatro no podía ser más patético cuando el propio vicepresidente justifica esta nueva violación a la Constitución y las leyes diciendo que deberíamos antes haber consensuado, empero habla de los del CONISUR. ¿Cómo se puede segur sosteniendo estas argumentaciones contra toda lógica y contra toda base empírica?

Ahora se ha elaborado una ley de consulta que pretende hacer una consulta posterior, extemporánea, a las comunidades del TIPNIS. ¿No se dan cuenta, o creen que nadie se da cuenta, que con esto se anula la ley corta, y que muestra este hecho toda la irresponsabilidad acumulada en gobernantes y asambleístas? ¿No se dan cuenta que así no se hacen las leyes, de acuerdo a la Constitución, que exige la construcción colectiva de la ley? ¿No se dan cuenta que antes se debe sacar una ley general sobre la consulta y no adelantarse con un tema de consulta circunscrita a una zona y a un problema? Parece que no. Empero lo que deja perplejo es la sinuosa historia de leyes inconstitucionales elaboradas y promulgadas, esta es una más de ellas. Nuevamente se violan los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución, se atenta contra los derechos de la madre tierra, se avanza en dispositivos que apoyan la destrucción y depredación del territorio indígena y parque. No sólo porque se trata de una consulta extemporánea y forzada, sino por que forma parte de los compromisos con el gobierno brasilero, el IIRSA, el banco de desarrollo de Brasil, las federaciones cocaleras y la burguesía agrícola que quiere ampliar la frontera agrícola. Todo esto forma parte de las políticas de extensión del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Es triste el papel de los asambleísta, senadores y diputados, que lo único que hacen es cumplir ordenes y no deliberar nunca, no representar nunca a sus representantes, formando parte de una maquinaria demoledora de votos, sin criterio, sin sentido, sin argumentos. Nada puede justificar la ley que han elaborado, es un dispositivo más en contra de los pueblos indígenas. La misma ley es inconsistente, in-compaginable, improvisada y coyuntural. Lo que se devela es que es demasiada desesperación por imponer una carretera depredadora. Por lo tanto se develan los grandes intereses que defiende y en los que está comprometido el gobierno y el congreso cómplice.

¿Qué es una consulta previa libre e informada y cuándo se la efectúa?

El numeral 15 del capítulo cuarto de la sección II del título II sobre derechos fundamentales y garantías, dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

Queda claro loque establece la Constitución que el cuándo se hace la consulta tiene que ver con cada vez que se prevean medidas legislativa y administrativas susceptibles de afectarles. Así también queda claro cuando la Constitución establece que se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada.

No hay donde perderse. Sin embargo, hay senadores, como el senador de Cochabamba Adolfo Mendoza, que sigue haciéndose al desentendido o cree que puede manipular la interpretación de este numeral a su antojo. El mencionado caballero, haciendo gala de una lectora acróbata, dice que la consulta “nunca es extemporánea” como afirman los dirigentes de la Subcentral TIPNIS, sino garantiza los derechos indígenas y, como está establecido en la Constitución Política, está por encima de cualquier ley. “En una consulta, siempre hay un protocolo para saber exactamente cómo se realizará, con qué instrumentos, cómo garantizar en buena fe, pero al mismo tiempo se deberá habilitar una ley que fije los lineamientos centrales”.

Mayor embrollo en una interpretación no podía haber.

¿Qué quiere decir el senado cuando dice que una consulta nunca es extemporánea? ¿Nunca? O sea que esta fuera del tiempo y lugar. Es una abstracción, una medida que no depende del momento. Lo mismo da hacer un censo a los muertos que a los vivos. La gran diferencia está que los muertos no responden; entonces es tarde para hacer un censo. Si la consulta se hace después de comprometer el proyecto entonces es extemporánea, no cumple con las condiciones y requisitos exigidos por la Constitución. El proyecto en cuestión es el de la carretera que atravesaría el TIPNIS; el compromiso del proyecto se lo hizo el 2008 con el presidente Lula da Silva, comprometiendo también el préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y aceptando que la empresa constructora sea OAS, que contaba ya con un diseño, saltando también todas las normas de contratación de bienes y servicios del país, además de violar la Constitución. No solamente que la consulta es extemporánea sino que los que se comprometieron con el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo de Brasil a la construcción de una carretera que atravesaría el territorio indígena y parque, que cometieron un delito constitucional, no fueron pasados a la justicia ni rindieron cuentas a la sociedad por estas tratativas corruptas y encubiertas. Volver a repetir la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, querer imponer una consulta extemporánea, una vez que cometieron varios delitos contra los intereses del país, del Estado, de la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, es insistir en el mismo delito. Lo que equivale a sanciones contra los senadores que no cumplen con la Constitución.

La consulta previa libre e informada es una conquista de la lucha indígena en el continente, forma parte de los convenios internacionales que firmó el Estado boliviano y son reconocidos como leyes en la Constitución, en rango inmediato jerárquico a la Constitución misma. Forman parte el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Este derecho es varias veces mencionado en la constitución como obligatorio cumplimiento por parte del Estado. ¿Quiénes son los que quieren desentenderse de este deber? Los gobernantes, los senadores oficialistas, los directores de empresas estatales, las empresas trasnacionales; es decir, el conjunto de agentes y dispositivos del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Varias veces se ha escuchado a personeros de empresas extractivas del Estado quejarse de que esta consulta impide el desarrollo y la inversión. ¿En qué país creen que están estos personeros? No se dieron cuenta que ya el país cuenta con una Constitución que diseña el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que el eje fundamental o el camino fundamental de la Constitución es la descolonización, que están consagrados los derechos de las naciones y pueblos indígenas, que se apunta a un modelo alternativo al extractivismo en la perspectiva del vivir bien. Estos personeros no se dieron cuenta de nada. Creen que pueden seguir haciendo lo que saben, administrar empresas insertas en el modelo de la acumulación por despojamiento de los recursos naturales en aras de la acumulación ampliada de capital, fincada en el centro del sistema mundo capitalista, dejando una geografía espantosa de huecos en las periferias.

El desprecio “jacobino”

Habría que ver qué pasa en la cabeza del “jacobino”, émulo de Robespierre, como le gusta llamarse, cómo se puede llegar a tener tanto desprecio por la gente, por el juicio de la gente, no solamente la opinión pública, sino la opinión formada de las organizaciones indígenas originarias, la opinión del pueblo boliviano que apoyó a la VIII marcha y logró arrancar la ley corta en defensa del TIPNIS. No importan otras opiniones, lo que importa es la propia, que es considerada la única valedera. ¿Hay un objetivo claro en todo esto?

Hubo un tiempo en que nos hizo creer que era así, toda la actividad política era volcada a la emancipación indígena y descolonizadora. Ahora no parece ser este el objetivo; todo lo contrario. ¿En qué se basan estas consideraciones? ¿Esta fe en uno mismo? ¿Hay clarividencia como una especie de don? ¿Quién le hizo creer esto? ¿Desde el colegio, los estudiantes, los profesores? Pues ocurren estas cosas. Se forman mitos, sobre todo entre los amigos. La gente le gusta moverse en imaginarios y en clasificaciones fáciles en estas atmósferas imaginarias de los espacios íntimos y biográficos. Después, muy posible también sigan concurriendo este juego de representaciones en la universidad, aunque con más dificultad y competencia. Sin embargo, los lugares que no escapan a la construcción veleidosa de los mitos son los de la actividad política. Es dónde los aprendices de militante forman sus propios códigos, sus propias representaciones, la mayor de las veces emulando a fantasmas desaparecidos o, en su caso, dándose nombres de guerra.

El nombre de Qhananchiri es uno de estos motes; que quiere decir algo así como el clarividente, de una manera mística, el hombre luz. Estos nombre no sólo tienen por objeto dar un nombre de guerra, ocultar la identidad ante a represión, sino caracterizar, también caricaturizar, al que lo lleva. Ciertamente Qhananchiri es un nombre pretensioso, empero en esos espacios íntimos y de clandestinidad funciona como reconocimiento en las atmósferas estrechas de la complicidad. Nadie ve como peligro o afrenta un mote así. Al contrario forma parte del secreto y de la fraternidad combatiente. El problema es cuando salimos de estos ámbitos y estas temporalidades de la clandestinidad, sobre todo cuando se llega al gobierno. Si seguimos creyendo que los significados establecidos en los ámbitos estrechos de la complicidad se mantienen en los gigantescos ámbitos de la cotidianidad mundana de los laberintos sociales y en los serviles ámbitos del espacio público, estamos perdidos. El problema aparece cuando creemos ese cuento de la clarividencia y que es extensible a los espacios sociales de la vida política, pues cuando el poder, con todo su deleite y entrega, te toma, se incrusta en ti, te vuelve un dispositivo del poder, el creerse iluminado se vuelve altamente peligroso, tanto para propios y extraños; sobre todo se vuelve peligrosísimo en la conducción del gobierno y en la orientación del proceso.

La sabiduría no se logra mediante estas representaciones, ni es un producto de estas máscaras; esta comprensión de la relatividad de las cosas se da como producto de la humildad, después de madurar lo suficiente como para comprender que lo único sabio es aprender siempre de la experiencia y de los demás, que siempre tienen algo que enseñarnos. Lo que vemos en la conducta de los gobernantes es todo lo contrario, una pretensión desmesurada de que todo lo saben, de que son propietarios de la verdad, valga a saber cuál es esta, de que el pueblo tiene que confiar, pues ellos saben como llegar a los fines trazados, aunque estos fines ya hayan cambiado. Llamemos a esta pretensión inmadurez, expresión de la más desarmada e intrépida inmadurez. Todos somos, de alguna manera, inmaduros, pero, el problema es que no todos lo saben y cuando los que no saben que lo son asientan sobre el colmo de la inmadurez decisiones de alta responsabilidad, cuando asientan sobre la demoledora inmadurez las decisiones y acciones de gobierno, lo que pretenden que son políticas de Estado, estamos perdidos, pues lo que se avizora en el horizonte es el abismo, la caída en el abismo.

Sólo puede explicarse el desprecio “jacobino” a partir de este ocultamiento, de este encubrimiento de la inmadurez y la vulnerabilidad en poses, poses de clarividente, poses de racionalidad fría, poses de revolucionario, aunque el contenido de lo que podría ser una revolución o el revolucionario se lo haya perdido totalmente, pareciéndonos más bien de manera alarmante al perfil de todo funcionario cínico, de todo burócrata altanero, de todo político que se cree predestinado. Estas analogías nos muestran que nada ha cambiado, que las historias individuales y personales de los políticos se repite como siguiendo un guion inaudito, que se parece al círculo vicioso de la mediocridad.

De ninguna manera podemos aceptar el argumento de que los del CONISUR, que son también indígenas deben decidir sobre el destino del TIPNIS, es discutible de que sigan siendo indígenas aunque ya sean propietarios privados y estén afiliados a las federaciones cocaleras. El sentido de lo indígena dado en la Constitución tiene que ver con comunidades ancestrales o de reconstitución en los hábitats actualmente ocupados. Empero, aunque no entremos en esta discusión de qué es ser indígena, no solo antropológicamente, sino desde el enunciado de las declaraciones internacionales, los convenios y los derechos de los pueblos indígenas, que asocian esta condición al territorio, culturalmente concebido, al espesor cultural, al sentido comunitario de su posesión; sentido que es el mismo que retoma la Constitución. Sin entrar en esta discusión, el hecho de que los del CONISUR no pertenecen a la TCO del TIPNIS no les da derecho a decidir sobre el destino del Territorio y Parque Isiboro-Sécure. Este es el punto. El otro punto es que hay una Constitución donde se consagraron los derechos de las naciones y pueblos indígenas, además de una ley corta que defiende el TIPNIS, aprobada por la misma Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente. ¿Cómo se puede borrar con el codo lo escrito por la mano? ¿No hay la menor vergüenza por hacerlo? ¿Cuál es el tamaño de los intereses que defienden que ya no sienten ni pudor por este gesto tan desalineado, gesto sin ética y valor? De esto hemos escrito en otros textos, ahora no lo vamos a hacer.

El tercer punto es que no pueden imponer con su marcha oficial, que es el resultado grotesco de una suma de montajes descoloridos y de poco ingenio, una decisión que expresa la descomunal violencia de los gobernantes en contra de los derechos consagrados en la Constitución. Esta decisión, sin mayor desparpajo, es anular la ley corta y hacer otra ley que incluya la versión de los cocaleros del CONISUR. Esta escena desenmascara no solo el discurso y la política del gobierno, que hace un tiempo ya se ha derrumbado, sino el nudo descarnado del poder. Esta decisión es la respuesta desesperada del gobierno por revertir sus dos derrotas ante el pueblo, la del gasolinazo y la del TIPNIS; también responde a la desesperación sumisa de responder a sus compromisos con la empresa trasnacional OAS, el Banco de Desarrollo de Brasil y el gobierno brasilero, además de administrar consecuentemente los intereses de la burguesía agraria y los de los nuevos ricos, asociados a la expansión de la frontera excedentaria de la hoja de coca y a la economía política de la cocaína.

* Activista de Comuna y ex constituyente.