Vale el Estado productivo si lo hace bien y no saca clientela al sector privado que compite limpiamente, no valiéndose solo de recursos públicos o subvenciones, respetando medio ambiente, pagando impuestos, cumpliendo función social y reinvirtiendo ganancias.

De modo general las empresas estatales son mal manejadas. Publican crecimientos sin reflejar ratios, absorben desempleados por decisión política, no contemplan reemplazos tecnológicos o creación de nuevos productos, ni tampoco mercados, ya que tienen consumidores obligados. Recuerdo la PIL estatal nacida con ayuda danesa, monopolio, su sindicato para preservar carrera y empleo seguro, sin reservas para la innovación productiva y reinversiones en equipos, maquinas e instrumentos acorde con cambios tecnológicos. Fallida, pasa a manos de privados.

Idem con el ingenio azucarero Guabirá, la fábrica de chocolate ahora Breick, etc. Compradas barato estas empresas públicas por empresarios privados y el Estado encargándose de los beneficios sociales adeudados y pérdidas acumuladas, se vuelven exitosas. Tampoco deja de ser verdad que algunos empresarios privados crecieron gracias a licitaciones estatales acomodadas y entregando, p.e., tallarín con menos huevos, ante desprotegidos consumidores, debido a una deficiente función reguladora del Estado.

Antes de ser privatizada, YPFB en manos del Estado fue botín para que varios se enriquezcan y no faltaron empleados formados profesionalmente con dinero de la empresa. Al final muchos terminaban empresarios privados, atendiendo lo que como ejecutivos y/o empleados de YPFB no lo hicieron por burocracia, incompetencia o simplemente para generar sus negocios o pegas privadas desde lo público.

Empresas, p.e., de servicios petroleros que lograron valiosa pericia y ahora varias la exportan al Perú, ya que el actual mercado boliviano se les cerró, ante el ingreso del Estado en lo productivo con muchos entusiastas políticos y pocos profesionales del rubro, quienes a la fuerza adquieren experiencia ¿a qué costo para el Estado? Nuevamente estatizada, requirió USD1 mil quinientos millones el 2008 ante negativa en el BCB, motivando renuncias y retiros en octubre del mismo año, reventando en diciembre el caso Santos con empresarios acostumbrados a negociar con los que manejan empresas del Estado, desde antes del MAS.

ENTEL es otro caso. Con su privatización los usuarios pasaron a pagar mayores cuentas en todo servicio. Al final ellos cubrieron el capital comprometido por los supuestos privatizadores, quienes trajeron inmediatamente avance tecnológico con compras a suministradores de su mismo grupo internacional con pago diferido. Mientras cuando estatal, se abocó a mantener privilegios de sus sindicalistas y/o políticos empeñados en proteger sus empleos, casi siempre opuestos a cada vez más rápidos cambios tecnológicos. Al presente, con las empresas públicas obligadamente clientes, ENTEL no siente la competencia.