Marcelo Montenegro, alto funcionario del Ministerio de Economía, intentando demostrar que el neoliberalismo ha sido superado, argumentaba: “La esencia del actual modelo es la mayor y creciente presencia del Estado en la economía, lo que en buen romance significa que el Estado es quien lidera la conducción del rumbo de la economía, a través del manejo de empresas estatales en sectores estratégicos: YPFB en el energético, Vinto-Huanuni en el minero, ENTEL, BOA y ENDE en el de servicios públicos, y EMAPA en el rubro de producción de alimentos”. (1)

La primera parte de tal afirmación implica que antes del “proceso de cambio” la presencia del Estado era menor y poco trascendente en la economía, lo que no es cierto. Una somera revisión de las medidas de política pública e, incluso de las acciones administrativas adoptadas por gobiernos anteriores al de Evo Morales, demuestran con suficiencia que el Estado participó en la economía nacional, tan o más activamente que en el denominado periodo estatista, orientando sus acciones a favorecer a los inversores extranjeros y a las elites económicas nacionales que medraban a su alrededor.

La prohibición impuesta a YPFB para que no continuara realizando actividades exploratorias, fue claramente una acción estatal; al igual que las excesivas ventajas otorgadas a las mismas, que hicieron que el flujo de inversiones aumentará en la primera etapa y luego disminuyera, cuando se las exoneró de la obligación de perforar un pozo por parcela. Es más, sólo una clara acción de política estatal convirtió a prefecturas y municipios en administradoras de contratos de infraestructura, que al margen de una visión integral de desarrollo sólo sirvió para empoderar y enriquecer a pequeños grupos económicos.

Con base en esta evidencia, perfectamente podría decirse que el neoliberalismo, más que un modelo económico que privilegia la determinación del mercado en la economía, es una fuerza política que promueve la activa participación de todos los niveles del Estado para favorecer los intereses de determinados grupos de poder y no de toda la colectividad. No obstante, no trato aquí de delimitar qué es el “modelo neoliberal” o qué no lo es; pienso que la definición abstracta de un modelo económico, a más de una ventaja didáctica, es prácticamente inútil a la hora de evaluar el rol del Estado en el funcionamiento de una economía específica. Más inútil todavía si se olvida, cómo parece que lo hace Montenegro, que actualmente no hay ni un solo país que funcione sin la activa participación del Estado en la economía.

Por ello la cuestión esencial no está en la dicotomía Estado – mercado, por lo demás fútil; sino en los objetivos, métodos y alcance de la participación del Estado en la economía, lo que me lleva a sopesar la segunda parte de la afirmación de Montenegro.

Comencemos por precisar lo que actualmente significa el “manejo de las empresas estatales en sectores estratégicos”. En hidrocarburos, por ejemplo, ha acontecido una drástica reducción de las reservas de gas natural, debido a la “manipulación financiera” y, seguramente, existencia de información falseada; lo que no es más que una estafa y daño económico al Estado; sin embargo, el Presidente y el Directorio de YPFB Corporación, del cual Montenegro es parte, han decido echar tierra al asunto, y no seguir ninguna acción legal en defensa del Estado. Es más, cuando el gobierno asumió la “nivelación de los precios” de combustibles, fue desde el Ministerio de Finanzas que con mayor fuerza se propuso la creación de un fondo para pagar a las petroleras el precio internacional del barril de petróleo sin considerar que en Bolivia el promedio de los costos de producción de un barril equivalente rondan los cinco dólares. Es decir, a pesar del “actual modelo económico”, que según Montenegro es muy diferente a neoliberal, en el país sigue habiendo una “creciente” acción estatal para proteger y promover intereses particulares.

Respecto al manejo de las empresas estatales habrá que precisar que una cosa es que el Estado sea dueño de las mismas y otra cosa que dichas empresas persigan intereses nacionales. Dejando de lado las evidencias de que YPFB Corporación no determina realmente el sector hidrocarburífero, lo evidente es que, al igual que con la capitalización, continúa privilegiando la exploración de gas para la exportación, no así de petróleo para la producción de diesel; tampoco prioriza la atención de los sectores más vulnerables del país, anótese que al menos 600 mil familias bolivianas continúan cocinando con leña y bosta de animal. Véase también ENTEL, cuya actual condición estatal no ha servido para que la misma cambie, por ejemplo, su política tarifaria para el sector rural, o su mercadeo sexista y consumista. O ENDE que impulsa mega proyectos eléctricos orientados a la exportación, en tanto en el área rural más de 200.000 hogares viven sin servicio eléctrico.

Cabe aquí una nota más sobre lo que Montenegro considera “sectores estratégicos”. ¿Estratégicos para qué? Posiblemente para ostentar abstractos indicadores macroeconómicos, pero no para la generación de empleo, aumentar los ingresos públicos, lograr la soberanía alimentaria, energética, etc. Baste mencionar que el sector minero e hidrocarburífero sólo generan alrededor del 1% de las fuentes de trabajo existentes en el país, y su aporte por regalías e impuestos oscila sólo el 10% del presupuesto de la nación.

Es que lo estratégico viene dado por los fines, no por los medios. Que la actual gestión gubernamental haya nacionalizado algunas empresas y esté tratando de constituir otras, marca una pequeña diferencia formal y no esencial respecto a la conducción de la economía nacional en el pasado. Sensiblemente, a seis años del “proceso de cambio”, el Estado boliviano continúa enmarañado en la matriz neoliberal.

Nota:

1. La Razón – Animal Político.