(Agencias).- Funcionarios de la Fiscalía de Distrito de La Paz aprendieron hoy a la senadora de la alianza opositora Convergencia Nacional (CN) Carmen Eva Gonzáles por el presunto delito de desacato, en el marco de un proceso interpuesto por el Gobernador de Pando. El año pasado, la legisladora desemascaró un ex fiscal que negociaba con mercadería incautada a contrabandistas y denuncio que el gobernador Luis Adolfo Flores contrató a una constructora administrada por presuntos narcotraficantes.

Gonzáles fue detenida en puertas del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y trasladada a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La legisladora dijo que su aprehensión responde al proceso que instauró contra el gobernador Flores por la supuesta creación de tres empresas fantasmas para la construcción de la carretera Nacebe-Nueva América. ”No voy a retroceder porque quien debe estar detenido es Luis Adolfo Flores, pero es encubierto por el Gobierno”, dijo y se declaró víctima de una “maniobra” dirigida desde el Ejecutivo para encubrir al Gobernador de Pando por la contratación de la empresa FORCE, administrada por presuntos narcotraficantes, reportó la agencia estatal ABI

Gonzáles explicó que recibió notificaciones para declarar durante las vacaciones legislativas, razón por la cual solicitó la suspensión de la audiencia. “Se está violando los derechos humanos y los derechos de un representante que cumple con su función de fiscalizar”, se quejó la senadora y se acogió al “derecho del silencio”.

Los asambleístas por Convergencia Nacional, el senador Germán Antelo y el diputado Tomás Monasterios fueron notificados este jueves cuando acompañaban a su colega González. “Hay una clara y notoria intención de querer amedrentar y sobretodo coartar nuestra labor parlamentaria. Yo voy a presentarme, pero creo que esta actitud (del gobierno) debe parar y si creen que con esto van a meter temor, están muy equivocados”, declaró Monasterios a la red Erbol.

Germán Antelo atribuyó la notificación en su contra a una denuncia por desacato interpuesta por el senador Gerald Ortiz. “Yo cuestioné a este senador (Ortiz) por los favores que tenía del MAS y parece que eso no le gustó, por este motivo él presentó denuncias en el Senado contra mi persona aduciendo que pertenecía a una especie de clan en Santa Cruz (…) eso es terrible en democracia”, afirmó.

El diputado del MAS Galo Bonifaz negó una supuesta participación del gobierno en la detención de Gonzáles: “La senadora manifestó que el Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo y algunas autoridades de Gobierno estuvieran implicados en su detención eso es totalmente falso”.

El legislador oficialista explicó que la senadora Gonzáles hizo denuncias muy “serias y delicadas” contra el gobernador de Pando, a quien acusó de ocasionar un daño económico de más de 11 millones de bolivianos por la contratación de la empresa FORCE, cuyo contratista tuvo vínculos con el narcotráfico. “Hay que aclarar al pueblo boliviano que las denuncias que efectuó la senadora, relacionadas a la Gobernación con el narcotráfico, tenían que ser esclarecidas y fundamentadas ante la Fiscalía y ella se ha negado y no se ha presentado ante el Fiscal y es por eso que ella ha sido aprehendida”, justificó.

Por su parte, el presidente de la oficialista Coordinadora Regional para el Cambio (Corelcam) de Pando Sergio Ordoñez consideró que la senadora debe responder por su denuncia sin pruebas en contra el Gobernador de Pando: “Las organizaciones de Pando somos fiscalizadoras de toda las obras que hace el Gobernador”, defendió.

Según el periódico Sol de Pando, Gonzáles ha sido una de las fiscalizadoras más efectivas durante la gestión legislativa del 2011, “pues debido a sus bien sustentadas investigaciones y valientes denuncias, la población pandina se va librando de algunos funcionarios corruptos protegidos desde La Paz”.

La senadora González develó los negociados de la Gobernación en la construcción de la carretera Nacebe-Nueva América, y desemascaró en marzo del año pasado al ex fiscal del Distrito Vladimir Lazcano, quien “saqueaba mercadería incautada de ZofraCobija, nada menos que en complicidad con la entonces Defensora del Pueblo Milena Melgar. Lejos de apoyarla en estas iniciativas que contribuyen a transparentar la gestión pública en beneficio del propio Gobierno, los innombrables del régimen hoy aliado del MNR en el Beni, propician contra ella un juicio por ‘terrorismo‘”, esclareció Sol de Pando.

Cuando la Brigada Parlamentaria de Pando a la cabeza de la senadora Gonzáles presentó la denuncia con respaldo de pruebas (videos, fotos y testimonios grabados), Lazcano gozaba de vacaciones laborales, motivo por el cual una primera determinación de destituirlo no surtió efecto legal. Sin embargo, al concluir sus vacaciones fue notificado con la decisión administrativa, informó desde Sucre la Nueva Agencia de Noticias (NAN).

Lazcano fue denunciado junto a Milena Melgar tras haber sido ambos vistos a bordo de un vehículo negro sin placa, transportando televisores, ventiladoras, cajas de whisky, perfumes, zapatos, muñecas, cigarros, peluches, parlantes, radios y ollas que el Control Operativo Aduanero (COA) había decomisado.

La Fiscalía General envió a Cobija el 21 de marzo al fiscal de recursos Orlando Riveros con un equipo de técnicos para intervenir la Fiscalía del Distrito y abrir investigación asumiendo toda acción legal necesaria como el allanamiento a los domicilios de los implicados. Prueba clave de la denuncia fue el testimonio de la comerciante Ada Barranco, quien el 18 de marzo confirmó que Lazcano le obsequió utensilios de cocina y mercadería de línea blanca, pero decidió devolverlos cuando se enteró que eran objetos robados. Según Barranco, Lazcano vendía paquetes de cigarros “incautados” en tiendas de Puerto Evo.

Vladimir Lazcano dejó de ser el Fiscal de Distrito de Pando desde el 31 de marzo de 2011, tras una decisión asumida por el Fiscal General del Estado Mario Uribe, quien lo destituyó por el gravísimo cargo de robo.