Caracas, (PL y agencias).- Venezuela formalizó su denuncia irrevocable al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados de 1966, el cual instituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El gobierno Bolivariano “protege el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación, sustrayéndolo de una jurisdicción internacional que ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”.

El ministro de Energía y Minería Rafael Ramírez anunció el 15 de enero que Venezuela notificaría su salida del CIADI a fin de defender su soberanía nacional. La decisión está vinculada a los recientes anuncios sobre el arbitraje internacional que se desarrolla entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la empresa petrolera estadounidense Exxon Mobil por la nacionalización de sus activos en 2007, lo cual consideró debe solucionarse en el marco de los organismos nacionales.

Ramírez anunció que en los nuevos acuerdos y proyectos de Pdvsa con compañías extranjeras nunca estarían establecidos sobre la base del arbitraje internacional porque este Gobierno no renunciará a la soberanía adquirida. En ese sentido recordó que a la llegada de Chávez a la administración de este país, en 1999, el precio de la cesta de barril de petróleo estaba en siete dólares debido a que Venezuela estaba casi fuera de la OPEP.

A su juicio, en esa época el impuesto petrolero había desaparecido, dándole el manejo del petróleo a Exxon, la Shell; “empresas que tenían a la nación bajo su dominio”. Sin embargo contrastó que en la actualidad, ese mismo crudo se está vendiendo a más de 100 dólares por barril, debido a la política económica implementada por el mandatario basada en un mejor manejo de los recursos y en la apertura de ese sector.

Explicó que ahora Pdvsa se encarga de la producción y comercialización del llamado oro negro gracias a la valentía del presidente Chávez que se impuso ante los grandes poderes petroleros para lograr la independencia nacional y de ese sector, abriendo la posibilidad al pueblo “de manejar sus propios recursos”.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno venezolano informó que el 24 de enero formalizó ante el Banco Mundial el mencionado acto para formalmente dejar de pertenecer a esa institución. “Venezuela se adhirió a este convenio en 1993, por decisión de un gobierno provisional débil y desprovisto de legitimidad popular, presionado por sectores económicos transnacionales que participaban del desmantelamiento de la soberanía venezolana”, agrega la nota.

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 invalida, en su espíritu y en su letra, las disposiciones del mencionado Convenio, cuando reza en su Artículo 151 que ‘en los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras‘”, añade el comunicado.

Además, la nota precisa que “Conforme al mandato constitucional, el Gobierno Bolivariano ha actuado con el fin de proteger el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación, sustrayéndolo de una jurisdicción internacional que ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”.

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció que seguirá implementando políticas de defensa de la soberanía nacional, particularmente en lo relativo a la propiedad de activos estratégicos, ofreciendo siempre justa compensación a las personas naturales y jurídicas eventualmente afectadas, conforme a las leyes venezolanas. Venezuela continuará trabajando junto las naciones del mundo para que las instituciones internacionales dejen de ser las guardianas de intereses hegemónicos, y contribuyan a consolidar un mundo pluripolar y en equilibrio, de acuerdo con los principios fundadores del Derecho Internacional.

Por otro lado, el Parlamento Latinoamericano (Parlatino)-capítulo venezolano aseguró que la salida de Venezuela del CIADI no afectará las inversiones petroleras de el país. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al Parlatino Ángel Rodríguez afirmó que la nación, con reservas probadas de 296.500 millones de barriles de crudo, continuará siendo un destino atractivo para las grandes trasnacionales.

“Venezuela aumentará su importancia en el mercado internacional de combustibles en un futuro cercano, algunos estudios demuestran que la producción de Rusia, China, Irán, México, Emiratos Árabes Unidos y Noruega podría decaer, y que el bombeo de Kuwait e Irak permanecerá estable, entonces sólo seis de los 15 grandes exportadores, podrían elevar los volúmenes ofrecidos actualmente”, manifestó.

Explicó que los consorcios privados occidentales se han percatado de que los pozos accesibles se acabaron y ante la escasez de descubrimientos, se han visto obligados a aumentar sus incursiones en zonas inexploradas en aguas profundas, donde los costos y riesgos aumentan. “Es el caso de Exxon Mobil, que cada vez afronta mayores apuros para hallar nuevos yacimientos”. Esa compañía presenta una caída progresiva de sus reservas, que en los últimos 10 años disminuyó un cinco por ciento, de ahí su interés por el Ártico, lo cual consideró “una de las zonas más peligrosas del globo terráqueo para taladrar”.

Sin embargo, aseveró que aunque la Faja Petrolífera del Orinoco cae dentro de esas zonas codiciadas en la actualidad por las grandes empresas, el Gobierno no caerá en el chantaje de la doctrina neoliberal. “Es mentira que los países emergentes no atraen capitales foráneos, si no aceptan la jurisdicción del Ciadi, como ejemplo se pueden citar a China y Brasil, que tienen economías poderosas y apuntalaron un modelo de crecimiento sostenido, a pesar de que nunca aceptaron a este organismo como árbitro”, reiteró.

Por otra parte, descartó la imparcialidad del Ciadi y consideró que al pertenecer al Banco Mundial, esa institución está subordinada a los intereses de sus cinco accionistas principales, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Entre otros problemas mencionados por Rodríguez, aludió a la trayectoria de los jueces, en su mayoría estadounidenses, franceses y británicos, simpatizantes de políticas neocoloniales y de las poderosas oligarquías, reflexionó.