No se trata de compararse con los gobiernos neoliberales. Eso no está en discusión. Claro que hay una diferencia con estos gobiernos. El gobierno de Evo Morales es mejor que esos gobiernos; ni duda cabe, incluso en temas económicos y monetarios, lo ha hecho mejor que los neoliberales en los logros del equilibrio macroeconómico. Lo que está en discusión es otra cosa, es la comparación de las gestiones de gobierno con la Constitución, con lo que debería ser, con las tareas que tiene que cumplir. 

En esto no solamente está completamente rezagado sino que ha tomado otro camino, el de la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. El problema es que el gobierno no es un gobierno de transición transformadora hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico, sino un gobierno de restauración nacionalista, que además ha decidido, por los caminos del pragmatismo y el realismo político, administrar los intereses de una burguesía recompuesta, que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola y al modelo extractivista del capitalismo dependiente.

¿Qué es lo que lleva a un rumbo calamitoso de la derrota política? En primer lugar un mal gobierno, un gobierno que no cumple con la Constitución, con la construcción del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, un gobierno que pisotea los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y los derechos de la madre tierra, un gobierno que ha decidido ser un engranaje de las relaciones y estructuras de poder regional y mundial, sirviendo a los intereses de las empresas trasnacionales y de proyectos de integración bajo la egida de la hegemonía de la burguesía brasilera (IIRSA). Un gobierno que se ha convertido en el administrador de los intereses de la burguesía recompuesta, la antigua burguesía, banqueros, empresarios privados, agroindustriales, terratenientes, soyeros, y nuevos ricos, cocaleros ricos, comerciantes, contrabandistas y grupos de manejo de la economía política de la cocaína – eso por lo menos es lo que se ha visto en la llamada Cumbre Social de Cochabamba -. Un gobierno que prefiere tolerar la escalada expansiva y destructiva de la corrupción en todos los niveles anuncia su propia clausura.

La victoria de la marcha de defensa del TIPNIS, la conquista de la ley corta y su reglamento, mas bien dan esperanza de una reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales, las naciones y pueblos indígenas originarios, el proletariado nómada, lo popular urbano, el pueblo boliviano. Deberíamos agradecer que el pueblo boliviano es vital y saca fuerzas para movilizarse en momentos de emergencia y de peligro del proceso.

El presidente se ha concentrado en temas económicos; le preocupa la inversión en el tema exploración y explotación de hidrocarburos, la poca cantidad de pozos exploratorios acumulados, el avance lento de las conexiones de gas domiciliario, la cifra de los autos convertidos a gas natural vehicular (GNV), el racionamiento de energía eléctrica por falta de inversión, problemas en el mantenimiento de carreteras, ejecución del programa de viviendas sociales y el crecimiento de los abonados de Entel, durante sus primeros seis años de gestión. Se entiende que se preocupe de estos temas de gestión, empero no son los más importantes y primordiales, incluso en la perspectiva económica. Lo fundamental es discutir y preocuparse por el modelo económico definido por la Constitución, la economía social y comunitaria, la industrialización de los recursos naturales – la Constitución prohíbe vender materias primas -, la integración articulada de las formas de organización económica hacia el vivir bien, el modelo ecológico y la soberanía alimentaria. Esto no se ha discutido. No se preocupa que su gobierno haya elegido el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, que este sea el modelo efectivo escogido por el gobierno, delegando a la nada el modelo ideal de la Constitución. Esto debería preocuparle al presidente pues por ese camino nos hacemos más dependientes y continuamos por el círculo vicioso del modelo destructivo del extractivismo.

Lo que debe quedar claro para todos es el contenido y la orientación del proyecto histórico político del proceso. La estructura del proyecto se encuentra en la Constitución. Ese es el proyecto y no otro que puede estar en la cabeza de los gobernantes. Se trata de un proyecto descolonizador, que apunta a las emancipaciones múltiples de las naciones y pueblos indígenas originarios, del proletariado, de los estratos populares-urbanos, del pueblo boliviano. Es un proyecto que apunta a la transición civilizatoria hacia el vivir bien, como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. En este sentido hay que entender la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Este estado se construye sobre la base de transformaciones estructurales e institucionales profundas, el pluralismo institucional, el pluralismo administrativo, el pluralismo normativo, el pluralismo de gestiones. Toda esta construcción se despliega en el ejercicio práctico del sistema de gobierno de la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria. Entonces estamos hablando de transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales y participativas del Estado.

La Constitución ha establecido un modelo económico de transición. Parte de la integración complementaria de las formas de organización económica existentes, apunta a la conformación de la economía social y comunitaria, pasa por la industrialización de los recursos naturales, la expansión y consolidación del mercado interno, la intervención del Estado en la economía y en las cadenas productivas, orientando todo el proceso hacia la soberanía alimentaria, dentro de un marco ecológico y sustentable. Por lo tanto lo que tiene que quedar claro es que el modelo descarta y clausura el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Este es el punto. En la medida que el gobierno se mantenga en el modelo extractivista se porta de una manera inconstitucional, extendiendo y continuando en el modelo extractivista. No se puede sostener sin expresar las profundas contradicciones que estamos en el modelo constitucional cuándo efectivamente profundizamos el circulo vicioso de la dependencia por la expansión del modelo extractivista.

La Constitución define claramente la estructura del pluralismo autonómico y de la descentralización administrativa y política. Establece claramente el camino de la condición plurinacional por la ruta de las autonomías indígenas. El entramado de las competencias extiende atribuciones y facultades autonómicas en combinación con las atribuciones y facultades del nivel central, dando lugar a una rica composición de entrelazamientos de los gobiernos y asambleas en lo que respecta a la potestad gubernativa y a la potestad legislativa, además de la potestad jurídica para las autonomías indígenas. En la medida que se sacan leyes inconstitucionales que reavivan el centralismo, restringen las potestades autonómicas y se limitan al máximo las autonomías indígenas, no se sigue el proyecto de la Constitución sino se mantiene la vieja forma estatal centralista, burocrática, bajo el monopolio de competencias del nivel central.

No se pueden confundir las tareas recurrentes de un gobierno como las relativas a las políticas monetarias y fiscales, reservas, incluso la realización de bonos, que corresponden a una economía rentista, aunque el impacto coyuntural es de redistribución de la riqueza, con las tareas fundamentales, trascendentales de un gobierno que tiene que aplicar la constitución. En el informe aparecen tareas recurrentes y su balance positivo, empero no se dice nada sobre cuánto hemos avanzado en la transformación estructural e institucional del Estado plurinacional, no se dice nada de cuánto hemos avanzado en el modelo de la economía social y comunitaria. Se ocultan interpretaciones de los hechos que muestran más bien la continuidad en el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación. No se trata de hacer propaganda de gestiones envueltas en tareas recurrentes, que son obligación de los gobiernos y no algo que destacar y agradecer. Para eso esta mínimamente un gobierno, para cumplir por lo menos con tareas recurrentes, empero lo que tiene que quedar claro que este gobierno tiene un mandato, un mandato constitucional, que es el de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Hasta ahora no lo ha hecho.