El diario “El País” [Tarija] mantiene una campaña en contra de la APG IG que tiene su raíz en un análisis racista, por el cual las actuaciones de la APG IG son “sospechosas” de fines no declarados que ponen en peligro al estado plurinacional y que el asesoramiento que recibe tiene una finalidad ilegal que es “desmembrar” Bolivia.


De esta reaccionaria interpretación participa, entre otros, Andrés Soliz Rada con un discurso que deja de lado la legalidad, los derechos indígenas y la propia Constitución Política del Estado y que está emponzoñado ideológicamente por el racismo, y al que acompañan, al menos, Dino Beltrán, Secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija; José Larrazábal, dirigente de los transportistas de Tarija; José Luis La Fuente, miembro del directorio de YPFB en representación de Tarija y Fernando Vincenti, Presidente de YPFB Transporte S.A.

Este discurso niega toda posibilidad de actuación racional a las comunidades indígenas que, como en el caso de la APG IG, son pre-existentes a la propia existencia del estado Boliviano, negando nuestra condición de ciudadanos e incluso de poseedores de derechos por la mera razón de ser indígenas. Nos condenan por lo tanto a la miseria, a no tener organizaciones legítimas que por sí mismas ejerzan nuestra representación, a mantenernos en un estado de esclavitud y servidumbre y nos criminalizan porque recibimos asesoramiento. La excusa xenófoba de que tenemos asesoramiento de “extranjeros” esconde el sentimiento racista que no acepta que seamos capaces de representarnos jurídicamente “nosotros mismos” y tomar decisiones de manera autónoma, legítima y legalmente.

Por ejemplo, el Gobierno boliviano recurrió a un despacho de abogados estadounidenses especializado en la industria petrolera y que son los autores de la redacción de los actuales y vigentes “contratos de operación”. El señor Andrés Soliz Rada participó directamente en esta estrategia jurídica, o bien tuvo conocimiento de ella. La APG IG considera que esos contratos tienen debilidades jurídicas insalvables desde el punto de vista de la seguridad jurídica del Estado y de los bienes a proteger, pero nunca acusaríamos al Gobierno en el que participó Soliz Rada de traidores a la patria por haber usado asesores extranjeros, a lo sumo los responsabilizaríamos de no haber usado los mejores para los intereses nacionales.

El discurso racista utilizado se soporta en los siguiente elementos falsos:

1) Es falsa la afirmación de que la APG IG busca “vetar la ampliación del gasoducto Villamontes Tarija (GTV)” y, a pesar de que este derecho de veto está reconocido por el mismo Tribunal Constitucional de Boliva en la Sentencia Constitucional 2003/2010-R de 25 de octubre de 2010, notificada a la APG IG el 12 de abril de 2011, la APG IG no ha hecho uso del mismo.

2) La APG IG nunca se opuso al gasoducto Villamontes Tarija. Lo que reclama y que se encuentra en la causa del bloqueo de las negociaciones son reivindicaciones reconocidas por la Constitución Política del Estado boliviano, por la legislación interna de Bolivia, y, recientemente, por el Tribunal Constitucional en la ejemplar sentencia mencionada con relación a los derechos indígenas. Se trata básicamente de los siguientes derechos: el reconocimiento de su derecho propietario sobre la TCO Itika Guasu, el reconocimiento jurídico como organización indígena por parte de YPFBT SA (continuadora jurídica de Transredes SA), el derecho a consulta -lo que conlleva necesariamente una negociación directa con YPFBT SA y no con el Ministerio de Hidrocarburos-, el reconocimiento de los pasivos pendientes y no cubiertos por la actuación de Tranredes SA que están debidamente documentados y, por supuesto, la compensación económica que corresponda.

3) Como hemos reiterado hasta la saciedad, es del todo falsa la afirmación del actual presidente de YPFBT SA, Luis Vincenti, y del consejero de YPFB, Luis Lafuente, efectuadas a diarios de la ciudad de Tarija y amplificadas por el diario “El País”, en el sentido de que la negociación está bloqueada a causa de una reclamación económica por parte de la APG IG de 20 millones de dólares. El origen de esta información falsa pudimos conocerlo al publicar el diario “El País”, el pasado 06 de enero, el cálculo fantasioso por el que obtenían la cantidad de 20 millones de dólares. Aclarado el fundamento del mismo, nos ratificamos en que esta afirmación, deliberadamente falsa, es parte de la campaña denunciada por la APG IG en su comunicado de 15 y 22 de noviembre de 2011, donde se detalla cuáles son la razones del bloqueo, habiendo sido tal afirmación utilizada como parte substancial de la campaña racista.

4) Con relación al acuerdo firmado con Repsol Bolivia SA y la APG IG el 29 de diciembre de 2010, cabe mencionar que el mismo es un acuerdo entre una organización indígena y las empresas operadoras de la explotación del Pozo Margarita que se encuentra dentro de la TCO Itika Guasu, la cual es propiedad de la APG IG. Este derecho propietario está reconocido por el INRA y ratificado por el Tribunal Constitucional. Se trata por tanto de un “acuerdo privado” que, para más seguridad jurídica, se registró en su momento ante notario de fe pública, no existiendo obligación legal alguna que obligue a su publicación, de la misma forma que no existe esta obligación para una contrato de servidumbre u otros tipos de contratos privados. A lo que hay que agregar que el diario “El País” y Pérez Rada no tienen legitimidad alguna para demandar su publicación, con el agravante de que utilizan esta cuestión como parte del discurso claramente xenófobo y racista que pretende criminalizarnos ante la opinión pública.

5) El señor Andrés Soliz Rada puede solicitar a la APG IG en su Sede Social de la ciudad de Entre Ríos, provincia de O‘Connor, una explicación formal y de fondo de los términos del acuerdo, cosa que no ha hecho en ningún momento, a pesar de que conoce a dirigentes de esa organización ante los cuales se comprometió, en 2006 junto al presidente Evo Morales, a prestar su apoyo en el conflicto que mantenían con Repsol SA.

La razón por la que el Gobierno no participó de la negociación con Repsol Bolivia SA es consecuencia de que el Ministro de Hidrocarburos de entonces y actual presidente de YPFB SA, Carlos Villegas, notificó por carta a la APG IG que consideraba la posible negociación una “cuestión entre privados”, o sea, que es el Gobierno el que renuncia a estar presente en esta negociación dejando en indefensión a la APG IG en violación flagrante de los artículos 2 y 6 del “Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, que es parte del derecho interno de Bolivia desde el 11 de julio de 1991 mediante ley 1257.

6) Dicho acuerdo cumple con las reivindicaciones históricas de la APG IG que mantuvimos desde 1997 frente a Chevron, Maxus y Repsol SA, teniendo muy en cuenta que YPFB SA se asoció en todos los casos con estas empresas. Estas reivindicaciones no son otras que las que reclaman las organizaciones indígenas bolivianas y de otros países latinoamericanos, que formalmente están recogidas por la legislación interna boliviana e internacional y que están detalladas por Tribunal Constitucional de Bolivia en la Sentencia Constitucional 2003/2010-R de 25 de octubre de 2010, notificada a la APG IG el 12 de abril de 2011, a lo que se agrega una serie de acuerdos sobre daños ambientales desde 1997 a 29 de diciembre de 2010 y hasta la finalización del contrato de operación que salvaguardan la integridad de la TCO Itika Guasu, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el de la seguridad de las personas y de los bienes que la integran.

7) Como consecuencia del mencionado acuerdo, se constituyó el “Fondo de Inversión Itika Guasu”, tal cual lo informó la APG IG en un comunicado de 15 de marzo de 2011 que fue publicado en el sitio documental del Equipo Nizkor y distribuido en español, francés e inglés a través de sus listas de información el 7 de abril de 2011. Este comunicado reúne todas las formalidades necesarias desde el punto de vista de las prácticas financieras, teniendo en cuenta que es un fondo privado, propiedad exclusiva de la APG IG, y que por lo tanto, sólo tenemos que responder internamente y de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Este comunicado fue “desconocido” por el diario “El País” haciéndolo aparecer en esta campaña racista como si lo hubiéramos ocultado deliberadamente.

En el comunicado mencionado queda expresamente aclarado que el Fondo es propiedad de la APG IG y que su administración y disposición depende del “Consejo de Sabios”, institución tradicional de usos y costumbres guaraníes. Por lo tanto, es totalmente falsa la afirmación de que Repsol SA lo administra y le “paga” mensualmente a la organización indígena.

8) El Fondo está asesorado y gestionado por el Banco do Brasil, institución bancaria y financiera propiedad del Gobierno do Brasil que fue seleccionado por ser parte del Mercosur y por reunir las máximas calificaciones de garantías financieras, mientras que no existía ningún banco boliviano que reuniera estos requisitos, no existiendo, además, ningún Fondo de Inversión en Bolivia similar al fundado por la APG IG. Por lo tanto, es falso que dicho fondo no cumpla con la legalidad.

9) Es manifiestamente falsa la acusación de “fundamentalismo” con relación a la actuación de la APG IG, dado que nuestras actuaciones han estado y están enmarcadas en el uso de una estrategia jurídica acorde con el estado de derecho, en defensa de derechos legítimos y legales, como ha confirmado expresamente el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional, y, en nuestros usos y costumbres, lo que nos exime de calificar las absurdas, desproporcionadas e irracionales acusaciones de que queremos constituir un “estado indígena”, afirmaciones que esconden su disconformidad con que los derechos indígenas y con la propia CPE y nos confirman su claro pensamiento racista.

10) Equipo Nizkor es una organización internacional de derechos humanos con actividad legalmente reconocida en España y Bélgica. El acuerdo que mantiene con la APG IG es perfectamente legal y adecuado a nuestra finalidad. Han asesorado a la APG IG y seguirán haciéndolo en el campo específico del derecho indígena, derecho penal internacional y libertades civiles dentro del marco de autonomía que cualquier asociación, sea indígena o no, tiene para gestionar sus asuntos internos y más cuando éstos tienen una gran complejidad jurídica y financiera.

Entre Ríos, 16 de enero de 2012

Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu y Equipo Nizkor

http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/apgig47.html