(Bolpress y PL).- El gobierno de Estados Unidos privatiza paulatinamente la guerra global contra el terrorismo y el narcotráfico; empodera a milicias privadas transnacionales como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y Blackwater; fomenta el reclutamiento y la contratación de mercenarios, y protege a muchos sicarios acusados de violación, desapariciones forzadas, torturas, saqueos, ejecuciones sumarias, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En 1995 se estableció la Oficina de Programas de Tecnología Contra el Narcoterrorismo (Cntpo) para el apoyo administrativo de programas en una amplia gama de actividades antinarcóticos, confirmó la sección de prensa del Pentágono. Según la Secretaría de Defensa, como parte de esa política se contrata a empresas privadas para que presten servicios de asesoría, capacitación y operación en países productores de drogas o vinculados al denominado “narcoterrorismo”.

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las invasiones de Irak y Afganistán se incrementó la contratación de esos servicios. El teniente coronel James Gregory, vocero del Pentágono, precisó que esos contratos son jugosos pues la Cntpo cuenta con un presupuesto de 15 mil millones de dólares. Las corporaciones más favorecidas son Lockheed Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y US. Training Center, una subsidiaria de Blackwater, conocida por emplear a mercenarios en varios países del mundo.

De manera subrepticia, el gobierno estadounidense pretende reducir el presupuesto de la lucha antidroga transfiriéndola a las agencias privadas, explicó Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA) con sede en Washington. Otra de las razones que impulsan a Washington a contratar a privados es el alto costo político de la lucha antidroga, ya que las reglas del combate al narcotráfico de manera “terciarizada” no son claras y hay casi cero de responsabilidad con la opinión pública o el electorado, explicó Bruce Bagley, jefe del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami.

Pocos miembros de los Comités de Supervisión del Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses están al tanto, pero ellos tienen la obligación de guardar secreto, así que todo esto vuela bajo el radar, subrayó el catedrático.

La privatización de la guerra contra el terrorismo

En Washington, muchos analistas políticos están preocupados por el rol del Pentágono como principal suministrador de ayuda al exterior, principalmente dirigida al entrenamiento militar. El apoyo a las fuerzas extranjeras permite que las tropas estadounidenses puedan desplegarse en otros países, y enmienda en parte la “lentitud” y “poca flexibilidad” del Departamento de Estado para ejecutar programas de ayuda, justificó el Pentágono.

Los controvertidos proyectos se han ido ampliando después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Pentágono asumió mayor autoridad en la planificación y uso del presupuesto destinado a la ayuda exterior, reportó el sitio gubernamental AllGov.com.

A partir del segundo mandato del ex presidente George W. Bush y durante el actual gobierno, el mando castrense superó al Departamento de Estado en el apoyo a iniciativas militares de otras naciones. En los dos últimos años de la administración de Barack Obama, el Pentágono ofreció unos 10 mil millones de dólares más que el Departamento de Estado para ese tipo de proyectos foráneos, señaló la fuente.

El presupuesto de Defensa para 2012 de 662 mil millones de dólares asigna 17 mil millones a programas de formación de agentes policiales, asistencia antinarcóticos, lucha contra el terrorismo y proyectos de infraestructura. Consigna unos 100 millones de dólares más que el año pasado para actividades castrenses extranjeras, y duplica el monto para la contrainsurgencia en Pakistán.

Además, crea tres nuevos programas de apoyo a la lucha contra el terrorismo en África oriental, al Ejército de Resistencia en Uganda y a un fondo de prevención de crisis, por un total de 310 millones de dólares. Otros dos proyectos, conocidos como Fondo de Respuesta del Comandante para Combates y para Emergencias, con un estimado de 415 millones de dólares, resultan especialmente controvertidos, comentó The Center for Public Integrity.

Según varios analistas, lo anterior significa un cambio en las estrategias de Washington, que ubica entre sus prioridades apoyar el fortalecimiento de sus socios militares más que establecer “un buen gobierno”. Este apoyo a programas castrenses acabará fortaleciendo instrumentos menos democráticos, alertó Gordon Adams, experto del centro de análisis Stimson y ex director adjunto de seguridad nacional en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. (1)

Estados Unidos y Europa defienden el mercenarismo

La Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte que la sucesión de conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial, y por ende el reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de éstos por parte de empresas privadas que ofertan servicios de asesoramiento y seguridad militares.

Preocupa a la ONU la participación de mercenarios y empleados de empresas militares y de seguridad privadas en graves violaciones de los derechos humanos, tales como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, detenciones y arrestos arbitrarios, incendios intencionales, saqueos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El controvertido tema ha sido objeto de resoluciones del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y de la Organización de la Unidad Africana y su sucesora la Unión Africana, y ya fue discutido en la Tercera Comisión de la Asamblea General, responsable de los asuntos sociales, humanitarios y culturales.

A iniciativa de Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Belarús, la Tercera Comisión consensuó un proyecto de resolución titulado “Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”. El nuevo proyecto de resolución contra la utilización de mercenarios y las actividades de empresas privadas militares de seguridad abarca el más amplio panorama relacionado con el peligro que representan esas actividades para la seguridad y el principio de autodeterminación de países subdesarrollados. (2)

La iniciativa fue adoptada por 118 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones, venciendo la dura oposición de un frente encabezado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, Bosnia y Herzegovina, Portugal y Colombia, que ocupan un asiento temporal en ese órgano. Los restantes integrantes del Consejo de Seguridad votaron a favor del documento: Rusia y China (miembros permanentes), más Brasil, Gabón, Líbano, Nigeria, India y Suráfrica. Por América Latina se registraron 20 sufragios a favor, ninguno opuesto y tres abstenciones (Chile, Colombia y México).

Washington y la UE trataron de evitar una condena a los Estados que permitan el reclutamiento, financiación, entrenamiento, concentración, tránsito o utilización de mercenarios con el objetivo de derrocar gobiernos, en particular de países en desarrollo. Según la ONU, esas actividades atentan contra la Carta de la organización en lo que atañe a los principios de igualdad soberana, independencia política, integridad territorial, libre determinación, no utilización de la amenaza del uso de la fuerza y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Además, constituyen un peligro para la paz y la seguridad de los países en desarrollo y ocasionan la pérdida de vidas, graves daños a la propiedad y efectos negativos en la política y la economía de las naciones afectadas.

El 1 de noviembre de 2011, el grupo de trabajo de la ONU sobre “la utilización de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación” planteó la necesidad de juzgar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por mercenarios y compañías privadas. La presentación estuvo cargo de la paquistaní Faiza Patel, titular del equipo de la ONU integrado también por José Luis Gómez del Prado (España), Alexander Nikitin (Rusia), Amada Benavides de Pérez (Colombia) y Najat al-Hajjaji (Libia).

Un mes antes, el equipo presentó en Ginebra un informe en el cual demandó la rendición de cuentas ante la justicia de todos los mercenarios y empresas responsables de violar los derechos humanos, para que sean procesados por un tribunal competente, independiente e imparcial, de acuerdo con las regulaciones internacionales de derechos humanos.

Se instó a prestar atención particular a las normas contra la tortura y “otros tratamientos y castigos crueles, inhumanos y degradantes”. El texto expuso el caso de Irak, donde 17 civiles resultaron muertos en 2007 en Bagdad a manos de efectivos de Blackwater. Según los expertos, los involucrados todavía disfrutan de inmunidad legal otorgada por las autoridades estadounidenses tras la invasión de 2003, lo cual impide la acción de las cortes judiciales.

El gobierno de Irak firmó la Orden 17 que otorga inmunidad judicial a los trabajadores de empresas contratadas por el Departamento de Estado, entre ellas Blackwater. A diferencia de los soldados enjuiciados y encarcelados por participar en el escándalo de la cárcel de Abu Ghraib, ninguno de los contratistas privados que torturaron a esos presos ha pisado un tribunal, afirma el periodista coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS) Carlos Miguélez Monroy.

La ONU condena el mercenarismo

El 19 de diciembre de 2011, Naciones Unidas aprobó la resolución “Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación” por 130 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones. Excepto Azerbaiyán y Rusia, que votaron a favor, y Suiza que se abstuvo, los restantes países de Europa rechazaron el documento. Por el contrario, casi la totalidad de países de América Latina y el Caribe apoyó la resolución, salvo Chile, México y Colombia que se abstuvieron.

La resolución reafirma que la utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios infringen los propósitos y principios consagrados en la Carta de la organización mundial; y expresa preocupación por los efectos de las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas en el disfrute de los derechos humanos, en particular cuando operan en situaciones de conflicto armado.

Al respecto, la Asamblea General resalta que “rara vez se exige a esas empresas y a su personal que rindan cuentas por violaciones de los derechos humanos”. Por esa razón, solicita que los Estados adopten providencias legislativas para impedir que su territorio y sus nacionales sean utilizados para reclutar, concentrar, financiar, entrenar o proteger a mercenarios.

La resolución reclama la regulación de los registros y concesión de licencias a esas empresas para garantizar que sus servicios no violen los derechos humanos ni obstaculicen su ejercicio en el país receptor. Además, exhorta a investigar la posible participación de mercenarios “cuando y dondequiera se produzcan actos criminales de índole terrorista”, y a enjuiciar o extraditar a los responsables.

Notas:

1. La Comisión de Contrataciones en Tiempo de Guerra informó al Congreso que de 31 mil a 60 mil millones de dólares fueron malgastados y defraudados en la última década en los conflictos de Afganistán e Irak. Los contratistas privados en asuntos de seguridad, transporte, preparación y entrega de alimentos obtuvieron una tajada importante. Se estableció que a causa de la corrupción y el mal uso de los recursos, fondos estadounidenses sirvieron para financiar a los insurgentes afganos, sobre todo por el desvío de dinero de proyectos de construcción y contratos de transporte impulsados por Estados Unidos. La falta de supervisión de las labores de los contratistas permitió el fraude y el abuso de los recursos de erario público.

El Pentágono malgastó 30 mil millones de dólares en Irak y Afganistán debido a su incompetencia y mala administración gerencial, estimaron Christopher Shays, ex legislador de Connecticut, y Mark Thibault, quien trabajó como oficial supervisor en el Departamento de Defensa (DD). La cantidad de dinero desperdiciada desde 2001 representa al menos uno de cada seis dólares dirigido a apuntalar las intervenciones armadas norteamericanas en los mencionados países. Parte del problema fue consecuencia de firmar subcontratos con firmas extranjeras no sujetas a las leyes de Estados Unidos, por ejemplo para la construcción de una prisión de 40 millones de dólares que el gobierno iraquí nunca pidió y que jamás fue terminada; algo similar ocurrió con una planta energética en Kabul, donde se perdieron 300 millones de dólares, subrayaron Shays y Thibault y pidieron a Washington “cambios mayores en política de contratos militares”.

2. El proyecto de la Tercera Comisión precisa que como quiera que se utilicen o la forma que adopten para aparentar legitimidad, los mercenarios son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación y un obstáculo para el disfrute de todos los derechos humanos por los pueblos. En ese marco, reclama la prohibición expresa de que esas firmas participen en conflictos armados o acciones para desestabilizar regímenes constitucionales, y la necesidad de establecer mecanismos nacionales para regular el registro y la concesión de licencias a esas empresas. Todo con el fin de garantizar que los servicios de las corporaciones privadas no violen los derechos humanos ni obstaculicen su ejercicio en el país receptor, y que sus miembros y responsables no gocen de ninguna forma de protección legal.

* Con reportes del periodista Víctor M. Carriba, jefe de la corresponsalía de Prensa Latina en Naciones Unidas.