(Agencias).- Los gobiernos de Bolivia, Brasil y Estados Unidos suscribieron este viernes dos memorandos de entendimiento para la ejecución de un proyecto piloto que modernizará las tareas de erradicación de coca ilegal en territorio boliviano, con participación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el marco de la responsabilidad compartida y respetando la soberanía nacional.

Desde el año pasado el gobierno de Evo Morales venía postergando la firma del convenio trilateral para la ejecución del Proyecto Piloto de Sistema de Control de la Reducción de Cultivos de Coca Excedentaria, basado en un memorándum de entendimiento con Brasil y una enmienda al Convenio Bilateral con Estados Unidos sobre el control de narcóticos. Ambos documentos debían suscribirse el 18 de noviembre de 2011, durante la reunión del Consejo Antidroga de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Los documentos se trabajaron “hace tiempo” en beneficio de la lucha tripartida “que encaramos conjuntamente con los países hermanos”, aseguró este viernes en La Paz el ministro de Gobierno Wilfredo Chávez, luego de la suscripción del proyecto piloto que promoverá la coordinación técnica y científica entre los tres países, con el fin de modernizar las tareas de erradicación de cultivos excedentarios, considerando que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) cumplen esa labor de manera manual.

El acuerdo trilateral prevé el desarrollo de metodologías para la detección de nuevas zonas de expansión de cultivos excedentarios y tareas de apoyo técnico en el control de la reducción de cultivos en áreas racionalizadas y erradicadas. Se adquirirán equipos de navegación satelital (Sistema de Posicionamiento Global), equipos de medición de alta precisión (distanciómetro laser), imágenes satelitales y software de procesamiento digital de datos georeferenciales.

Estados Unidos se encargará de la provisión equipos y del entrenamiento del personal boliviano; Brasil apoyará con imágenes y capacitará a técnicos nacionales encargados del relevamiento de datos, y Bolivia realizará el trabajo de campo.

Según el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia John Creamer, “el proyecto tiene el objetivo de mejorar la capacidad técnica de Bolivia en monitorear los cultivos excedentarios de coca y promover la coordinación técnica y científica entre los tres países”, y demuestra el compromiso de la comunidad internacional de apoyar al gobierno boliviano en la lucha contra el narcotráfico.

El embajador de Brasil en Bolivia Marcel Biato resaltó el compromiso de los tres países en la lucha contra el narcotráfico: “Como país vecino de Bolivia, para Brasil es un tema absolutamente crucial que el tema de la inseguridad, las amenazas en la frontera, jamás sean admitidas como un pretexto para no trabajar y avanzar en la integración”.

El Ejecutivo boliviano apostó por la regionalización de la lucha contra el narcotráfico desde que expulsó del país a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2008, acusada de conspiración. Luego, el 7 de noviembre de 2011, La Paz y Washington suscribieron un acuerdo marco que establece que la lucha antinarcóticos se basará en el respeto a la soberanía y en la no injerencia en asuntos internos.

Anteriormente, la Unión Europea entregó computadoras, equipos de comunicación, sistemas de posicionamiento GPS y sistemas de medición láser a las direcciones de Desarrollo Integral para mejorar el sistema de información, verificación y control de las plantaciones en los Yungas, mientras que Gran Bretaña prevé instalar el primer laboratorio forense del país especializado en el análisis de narcóticos.

El Consejo regional sobre Drogas de la Unasur reunido en La Paz el 17 y 18 de noviembre del año pasado abogó por la creación de observatorios nacionales encargados de controlar el comercio ilegal de estupefacientes y recopilar información que identifique a personas involucradas.

Autoridades y equipos técnicos de los 11 países integrantes del Consejo de Unasur analizaron cinco líneas de acción: Reducción de la demanda, desarrollo alternativo, integral y sostenible; reducción de la oferta; medidas de control y lavado de activos, y también abogaron por una política centrada en el respeto a los derechos humanos y no en la represión.

Resultados de la lucha antidroga

Bolivia reactivó el Consejo Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas creado mediante Decreto Supremo N. 649 en septiembre de 2010. El organismo encabezado por el Jefe de Estado tiene el desafío de aprobar el proyecto de Ley de Extensión de Dominio de Bienes Incautados al Narcotráfico, la Ley de Interceptación de Llamadas, la Ley de Destrucción de Pistas Clandestinas, la Ley de Pago de Informantes, la Ley Contra el Microtráfico y la modificación de la Ley 1008 para ampliar el número de hectáreas legales de coca de 12 mil a 20 mil hectáreas.

Las confiscaciones de cocaína en el país casi se triplicaron en los últimos seis años, período en el que la FELCN realizó 62.448 operativos, mientras que en la etapa 2000-2005 ejecutó 28.219. En 2011, el organismo decomisó más de 10.155 toneladas de cocaína, el doble de la meta establecida por organismos internacionales; aprehendió a 1.568 personas; realizó 5.195 operativos y destruyó 2.119 fábricas, 89% en Cochabamba.

Las fuerzas del orden detectaron la presencia de narcotraficantes extranjeros en el país. Fueron detenidos dos miembros de la banda del colombiano Héctor Germán Buitrago alias Martín Llanos; y también Ulser Pillpa Paytan, alias “camarada Johnny”, procesado por terrorismo, además de cuatro peruanos con antecedentes de narcotráfico y vinculados con Sendero Luminoso. Por otro lado la Policía capturó al brasileño Marco André Magalhaes Oliveira, alias “La Bicha”, presunto sicario integrante del Comando M-16 de Brasil, acusado del asesinato de al menos cuatro personas en Santa Cruz y Pando.

El gobierno boliviano incautó el pasado año dos millones de libras de coca que eran desviadas a la elaboración de pasta base de cocaína, reveló el viceministro de Coca y Desarrollo Integral Germán Loza en una entrevista con el periodista Daniel Espinoza Andaveri de la ABI. Según Loza, la voluntad política del gobierno permitió la incautación de 930 toneladas de hoja de coca que serán convertidas en abono orgánico, y la suspensión indefinida de las licencias de circulación y autorización de cerca de 500 productores detallistas que violaron la ley.