Una nutrida delegación de líderes sindicales pro masistas, encabezados por la dirigencia de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), pugnará por una mayor representación política en el comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) e intentará desplazar al proletariado minero en el XV Congreso Ordinario de la máxima organización sindical que comenzó el 16 de enero de 2012 en la ciudad de Tarija.

El XV Congreso Ordinario, entre otras tareas, debe renovar hasta el fin de semana la dirección ejecutiva de la COB, confeccionar el pliego de demandas y reivindicaciones de los trabajadores bolivianos, y sobre todo definir la posición política que asumirá la máxima organización sindical del país con respecto al programa de gobierno de Evo Morales y al rumbo del denominado “proceso de cambio”.

En el ampliado preparatorio del congreso cobista celebrado en Tupiza el año pasado se percibió una pugna entre dos tendencias que aspiran a controlar la dirección del ente sindical, una de ellas directamente controlada por el oficialismo y “comprometida con el proceso de cambio”, y la otra, aparentemente crítica, que logró postergar el evento por 90 días con el fin de “cerrarle paso” al gobierno e impedirle que tome la dirección del ente sindical.

En los últimos meses ambas tendencias dominantes apelaron a las tradicionales maniobras burocráticas y cupulares al margen de las bases para asegurarse la fidelidad de la mayor cantidad de delegados de los gremios minero, fabril y del magisterio rural, y luego capturar la dirección de la COB.

La corriente abiertamente oficialista liderada por la burocracia campesina propone adecuar a la nueva Constitución Política del Estado los “obsoletos” estatutos de la COB que privilegian al proletariado, de modo que la histórica organización sindical boliviana adopte una postura más “propositiva en la construcción del nuevo Estado Plurinacional”, explicó el secretario ejecutivo de la Csutcb Roberto Coraite.

Según la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Indígenas Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (Cmicbs) Felipa Huanca, la COB se ha parcializado con los asalariados y ha desatendido a los productores campesinos. En ese sentido, “como sector vamos a demandar que se apruebe la realización de un congreso orgánico en un plazo de 90 días para actualizar el reglamento normativo de la COB para que se adecúe a las nuevas leyes vigentes en el país”, anunció el dirigente campesino Rodolfo Machaca.

Uno de los principales planteamientos del sector es “revolucionar la producción alimentaria, un asunto del que se olvidan todas las organizaciones, como los maestros, mineros, fabriles y otros, como si no comieran lo que producimos los campesinos”, afirmó Machaca a nombre de los 88 delegados del bloque campesino que participa en el XV Congreso.

La delegación oficialista, integrada por campesinos, pequeño propietarios y sectores de clase media, pretende modificar la estructura clasista de la COB para desplazar al proletariado de la dirección, y de esta manera vaciar a la instancia sindical de su contenido revolucionario.

Las cúpulas de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y el secretario ejecutivo de la COB saliente Pedro Montes lideran el otro grupo dominante en el XV Congreso. Tanto Montes como los actuales dirigentes mineros son muy allegados al gobierno de Evo Morales.

Montes, que busca la reelección, no se cansa de repetir que no se opone al “proceso de cambio” sino que busca “reencaminarlo”, sin romper definitivamente con el gobierno. A fines del año pasado, los mineros de Huanuni condenaron las maniobras prorroguistas de Montes, al punto de agredirlo verbal y físicamente en una asamblea general.

Se supo que también postulan a la secretaria ejecutiva de la COB los mineros Juan Carlos Trujillo de Huanuni, Jaime Solares de Oruro y Ramiro Leaño de Colquiri.

Escenario político

El XV Congreso cobista se desarrolla en una coyuntura adversa para el oficialismo, caracterizada por la emancipación política de importantes capas de trabajadores que inicialmente apoyaron al gobierno de Morales, autodeclarado “antiimperialista” y defensor de los recursos naturales y de la “madre Tierra”.

Desde 2010, los dirigentes de la “revolución democrática y cultural”, trastocados en meros administradores del capitalismo de Estado y fieles servidores de las transnacionales y de la empresa privada nacional, se alejan cada vez más del movimiento indígena y popular.

El gobierno “nacionalizador” concreta nuevas “alianzas estratégicas” con las transnacionales, subasta los recursos naturales al capital extranjero, mantiene intacto el régimen de explotación minera neoliberal y ejecuta una política salarial fondomonetarista. Aunque el régimen “decretó” la muerte del decreto 21060, continúa vigente la flexibilización laboral y las condiciones de vida de los trabajadores empeoran.

Así, el gobierno “progresista” que supuestamente lideraba un “proceso de cambio”, actúa como cualquier régimen burgués y parece decidido a tomar la dirección de la COB con la ayuda de delegados nombrados a dedo, y circulando ingentes cantidades de dinero para comprar la conciencia de los representantes independientes, describe el dirigente trotskista del magisterio urbano de Cochabamba Miguel Lora Ortuño.

Lora sospecha que la misión principal del oficialismo en el XV Congreso es frustrar el rescate de la independencia política de la COB frente a los gobiernos de la clase dominante, y evitar que se dote de un programa revolucionario retomando los principios de la Tesis de Pulacayo, las bases constitutivas de la Asamblea popular de 1971 y la Tesis Socialista del IV Congreso de la COB.

En ese marco, las corrientes de izquierda antioficialistas reivindicarán en el XV Congreso una plataforma de lucha por un salario mínimo con escala móvil indexado a la inflación; por la liquidación total del latifundio y la redistribución de la tierra en propiedad colectiva; por la defensa de los recursos naturales y la expulsión de las transnacionales; y por el libre cultivo, comercialización e industrialización de la coca frente a la política imperialista de erradicación forzosa o consensuada.