Colectiveros y taxistas del transporte urbano, iniciaron una especie de ensayo para exigir el aumento de sus tarifas. Pero en los hechos éstas subieron, se doblaron y hasta se triplicaron en algunos casos de manera disimulada y sin que las autoridades del sector digan ni hagan nada por corregir el desacato.

Las diferentes líneas están parceladas en la mayoría de las ciudades, sobre todo en La Paz, donde micreros, colectiveros y minibuseros han parcelado sus rutas hasta en tres partes, lo que de hecho significa un incremento ilegal de tarifas.

En las principales ciudades como La Paz y Santa Cruz, existen la mayor cantidad de unidades de transporte público. En Santa Cruz, se calcula la existencia de 12 mil afiliados al sindicato 24 de septiembre de los que 60% son taxis y el resto micros. La Asociación de Radiomóviles reveló tener 50 afiliados, pero en esta ciudad circulan más de cien empresas de este rubro.

La Paz, cuenta con más de 700 líneas de micros, minibuses, colectivos, taxis y radiotaxis. Existe urgencia para regular adecuadamente el funcionamiento de todos ellos, pues existen líneas que no cuentan con la suficiente cantidad de unidades, lo que hace su servicio deficiente y malo.

En febrero de 2011, se produjeron violentas movilizaciones para el incremento de tarifas, pero ni el gobierno, ni las gobernaciones y menos los municipios atendieron sus peticiones. La violencia de los choferes afectó a Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí. Otras ciudades, no sintieron las movilizaciones pero los choferes insistieron en lograr incrementos.

Pasó un año y las autoridades llamadas a solucionar el caso no han adelantado mucho, por lo que un conflicto en este sector es previsible para los próximos días. Lo negativo, es que el transporte urbano exige ganar más, pero no ofrecen nada a cambio.

Los usuarios, tienen sus propias exigencias. Se pide, un servicio regular con controles en cada línea para garantizar adecuado servicio. Si es a cargo de empresas independientes de las líneas de colectivos, mejor.

En el caso de taxis y radiomóviles, este es el único país donde las tarifas son caprichosas y no se entregan facturas por el servicio, como ocurre en cualquiera de las ciudades de otros países vecinos. Probablemente llegó la hora en que estos servicios comiencen a tributar.

Otra alternativa para comenzar a normar este sector, puede ser la licitación de las diferentes líneas, para que éstas sean atendidas por empresas o cooperativas de transporte. Se evitará así que los sindicatos se apoderen de numerosas líneas, sin garantizar el buen servicio en ninguna de ellas.

Las nuevas tarifas para el transporte público, motivarán nuevo conflicto en todo el país. Es de esperar que la Autoridad de Control y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), ofrezca alternativas de solución, pues tiempo tuvo desde hace más de un año.

Las alcaldías y gobernaciones, tienen igual obligación, pero hasta el momento parece prefirieron seguir la “política del avestruz”, es decir, esconder la cabeza y preferir el marasmo y entregar el conflicto a las autoridades nacionales. El conflicto se viene, con la ayuda de esos sectores siempre afectos a provocarlos.

Es hora de atender este conflicto, pero con soluciones integrales, favorables para ambos sectores. Los usuarios también tienen derechos y exigen un buen servicio con unidades presentables y no cacharros que ya deberían estar fuera de servicio por su antigüedad.