La solitaria contramarcha cocalera auspiciada por el gobierno de Evo Morales ha merecido el desprecio de la mayoría nacional. Esta maniobra debe ser derrotada por la movilización de los explotados del país. Es preciso echar por tierra la pretensión del gobierno de entregar los recursos naturales del TIPNIS a las transnacionales imperialistas.

En su momento, cuando se realizaba la marcha del TIPNIS, denunciamos que los compromisos del gobierno con las transnacionales y los brasileros son tan grandes que gran parte del destino de Evo Morales y de su pandilla depende del cumplimiento de los mismos. Señalamos que la construcción de la carretera que parte en dos el Parque responde a grandes intereses de poderosas empresas imperialistas interesadas en la explotación de hidrocarburos, de recursos mineros y forestales; por otra parte, se dijo que el Brasil está interesado en llegar al mercado chino en las condiciones más favorables utilizando la carretera como la vía más corta para alcanzar el Pacífico.

Todo este conjunto de intereses se plasma en el millonario financiamiento del BANDES que, apresuradamente, antes de realizar el trazo final de la carretera y antes de que el gobierno de Morales cumpliera su obligación constitucional de hacer la consulta previa a los habitantes del TIPNIS, ya empezaron los desembolsos para iniciar la construcción de los tramos I y III.

Ha sido un golpe muy duro para el gobierno que la marcha indígena que culminó en una multitudinaria movilización popular en La paz le obligue a promulgar una ley corta que prohíbe la construcción de la carretera por el TIPNIS. No cabe duda que se trató de una derrota que lo puso en grave entredicho con los intereses extranjeros que, en ningún momento, han dejado de presionarlo para obligarle a honrar sus compromisos.

La movilización de los indígenas del TIPNIS también ha significado una dura derrota política para el gobierno del MAS, lo ha desnudado como servil agente del imperialismo y enemigo de la “madre Tierra”; en el plano internacional, su imagen de defensor del planeta ha caído estrepitosamente y se ha hecho astillas como una estatua de barro.

A fines de 2011, el gobierno, en todos sus niveles, desde el Poder Ejecutivo, los parlamentarios oficialistas y la gobernación de Cochabamba, se empeñó en organizar una monumental marcha con la finalidad de deslegitimar la anterior movilización del TIPNIS. Comprendió que la pérdida de su imagen de defensor de la Tierra es irrecuperable, y se empeñó en fabricar una multitudinaria presión social que también “lo obligue abrogar la ley corta”; aparentando que “gobierna escuchando al pueblo” y, “contra su voluntad” da pie atrás pisoteando las leyes que firmó bajo presión social del conjunto de la población y de los indígenas del TIPNIS.

El argumento que han esgrimido los oficialistas es que Cochabamba y el Beni exigen su derecho al desarrollo y que no es posible que los intereses de etnias minoritarias que habitan el TIPNIS obstaculicen ese derecho que tiene connotaciones nacionales.

Como de costumbre, el gobierno central y la gobernación de Cochabamba han agotado todos los recursos disponibles para fabricar la “monumental movilización”, han gastado chorreras de plata para trasladar indígenas y campesinos a la capital; han usado medidas coercitivas amenazando con multas y la privación de sus parcelas a los cocaleros e interculturales (colonizadores); han decretado horario continuo en la ciudad para arrastrar como borregos a los funcionarios de las instituciones públicas (alcaldía, gobernación y otras); han pretendido incorporar a trabajadores de las empresas privadas con la tolerancia de sus patrones, etc. Pero nada tuvo el efecto esperado, y la movilización que debía concentrar a por lo menos 100 mil personas no logró reunir ni 10 mil, en su mayoría cocaleros y campesinos del Valle y de las alturas.

Después de semejante fracaso, todos se preguntaron si el gobierno seguiría insistiendo en abrogar la ley corta en el Parlamento. Parecía que los “analistas” del oficialismo no se daban cuenta que el proceso de emancipación política de las masas respecto al gobierno había llegado a su punto culminante.

Para salir del impase, el gobierno escogió el peor camino con un costo político que puede tener consecuencias impredecibles: Ha fabricado una contramarcha con los colonizadores que, desde hace algún tiempo, han invadido el TIPNIS y han iniciado las plantaciones de coca en la región. Esta maniobra, desde su partida, no ha tenido el menor impacto en la opinión pública. Se trata de una marcha solitaria sin ningún apoyo popular y relegada a un segundo lugar por la prensa, al extremo de que Morales, en reiteradas oportunidades, se ha quejado por la poca atención que le prestan los medios de comunicación y las organizaciones humanitarias.

La contramarcha llegó a Cochabamba en medio de la indiferencia de la gente, aunque el oficialismo se ha esmerado en publicitarla y en movilizar a los empleados de las diferentes reparticiones de la Prefectura y la Alcaldía. Para toda la gente se trata de una movilización organizada por el gobierno para justificar la anulación de la ley corta y continuar con la construcción del tramo II de la carretera con la finalidad de honrar los compromisos con las transnacionales y los brasileros.

Se anuncia que en la siguiente etapa entre Cochabamba y La Paz, la contramarcha será engrosada por los campesinos que aún permanecen bajo el control del oficialismo a través de la CSUTCB y las Bartolinas, todo para dar la apariencia de una movilización popular espontánea que presiona al Parlamento y al mismo Poder Ejecutivo.

Una vez más, la maniobra choca con la situación política imperante extremadamente adversa al gobierno. No se descarta que la indiferencia que hasta ahora han mostrado los explotados se torne en movilizaciones de repudio que puedan acorralar al aparato gubernamental.

Las organizaciones sindicales y sociales deben agotar todos los recursos que tienen a mano para frustrar una vez más la pretensión gubernamental de burlar lo conquistado en la anterior movilización popular. La futura arremetida de los explotados debe ser hasta echar del poder a los agentes del imperialismo y de la empresa privada nacional. La consigna central de la movilización debe ser por la defensa de los recursos nacionales y por la efectiva expulsión de las transnacionales imperialistas del país.

* El autor es dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR).