Frente al retraso en la ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija (GVT) y a los fuertes racionamientos de gas que enfrentaría el departamento por este motivo, ayer en la ciudad de Entre Ríos (provincia O’Connor) las principales instituciones de Tarija resolvieron investigar a la oenegé Nizkor, que brinda asesoría a la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), quienes para hacer efectiva la ampliación del GVT, exigen el pago de compensaciones y servidumbres que, según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la suma que piden, alcanzaría los veinte millones de dólares, casi el total del costo de la ampliación del ducto; situación que inviabilizaría el proyecto. 

En el encuentro participaron las instituciones más importantes del departamento como la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), el Comité Cívico, la Central Obrera Departamental (COD), la Gobernación, la Universidad Juan Misael Saracho (Uajms), la Cámara de Industria y Comercio de Tarija (Caincotar) y las principales instituciones y autoridades de Entre Ríos, como la Alcaldía y el ejecutivo seccional, Walter Ferrufino.

Terminada la reunión, en un voto resolutivo fueron plasmadas las siguientes conclusiones: Solicitar al Ministerio de Gobierno que, mediante Cancillería, investigue cómo la oenegé Nizkor llegó al país, promover la ampliación del GVT, impulsar acciones inmediatas para gestionar el diálogo con la APG IG y promover proyectos de gas para todas las comunidades de la zona.

La participación de la APG IG fue muy cuestionada en el encuentro debido a que en horas de la mañana se percibió la presencia de varios representantes y por la tarde quedó sólo un delegado. Jeimy Navarro, comunicadora de YPFB Transporte, manifestó que, “aparentemente hubo una prohibición de la dirigencia ya que se reunieron antes del encuentro”.

Navarro manifestó que el único delegado de la APG IG simplemente se limitó a escuchar las diferentes posiciones de los disertantes y participantes en el foro y que en ningún momento se expresó sobre las preguntas que le hacían los representantes instituciones presentes en el foro.

Uno de los cuestionamientos efectuados al representante de la APG IG durante el encuentro fue ¿quiénes integran el Consejo de Sabios?, pregunta que no fue respondida por el delegado presente. Entre otros cuestionamientos, el ejecutivo seccional de Entre Ríos, Walter Ferrufino, dijo que al momento existe un proceso legal en su contra, interpuesto por la APG IG por un proyecto de electrificación para esa población. La observación principal es que dicho proyecto no cuenta con permiso de los indígenas, sin embargo, Ferrufino advirtió que no se parará la obra, al ser ésta un bien mayor. De la misma forma, los comunarios de Entre Ríos lamentaron la escasez de gas y cuestionaron ¿dónde se van los recursos económicos que reciben los de la APG IG?

El presidente de YPFB Transporte, Fernando Vincenti, ratificó la suma de veinte millones de dólares solicitados como compensación y servidumbres por parte de la APG IG. Los representantes de YPFB Transporte informaron que existe una carta donde la APG IG, solicita el 10% del costo de la ejecución total del proyecto, además de un pago por la servidumbre por la utilización del terreno, explicaron que si bien en la ley se establece que la servidumbre debe ser pagada, corresponde hacerlo una sola vez. Aclararon que los indígenas quieren que el pago sea anual.

Denunciaron también la existencia de una carta donde la APG IG conmina al alcalde de Entre Ríos, Teodoro Suruguay, a no informar nada referente al número de integrantes de dicha organización y manifiestan que toda consulta debe pasar directamente por su directiva.

En ese sentido, la comunicadora de YPFB Transporte expresó que el Ministerio de Gobierno realizará las diligencias para conocer de qué manera la oengé Nizkor llegó a Bolivia a asesorar a los indígenas.