“No hay proyectos de gas a domicilio y no hay gas. Lo raro es que vivimos sobre el gas y no hay nada y nadie dice nada de eso. Lo único que queremos es eso. Al parecer hay una dejadez de las autoridades, pero este proyecto vamos a presionar para que se haga por el bien del área rural”. Terminante. 

Esa es la postura de la segunda capitana de la Asamblea del Pueblo Guaraní Yaku Igua (APG YI), Rosario Oquenday, quien informó que el día de mañana lunes está programada una reunión “de las APG” para tratar el tema de la ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija (GVT), por lo que prevé que, luego del evento o durante la semana, se tomará una postura al respecto de parte de “los pueblos guaraníes”.

A las comunidades guaraníes de la zona de Yacuiba se puede acceder y conocer sin ninguna autorización previa. La situación es diferente y también la visión de desarrollo que tiene Oquenday respecto de los dirigentes de la zona Itika Guasu, asesorados por la ONG Nizkor. Según Oquenday, ya están circulando invitaciones a las diferentes autoridades guaraníes, quienes deberán reunirse para planificar la forma en que trabajarán con todas las instituciones y empezar un trabajo de manera coordinada.

El interés central es, como se refirió, contar con gas domiciliario y poner en marcha un plan de desarrollo del área rural. “Vamos a ir trabajando con todas las instituciones, ya que el lunes nos reunimos con Never Barrientos en la oficina de la APG, para ver cómo trabajar el tema del GVT, por lo cual ya están llegando invitaciones”, reveló.

Pero el capitán grande de la APG de Villa Montes, Alberto Viorel, declaró que desconoce la existencia de esa reunión que, en su criterio, sólo debe ser de los guaraníes del Itika Guasu, que son los que se verán afectados por las obras del GVT.

Oquenday resaltó que “lo único que debemos hacer es coordinar (para) en lo mínimo afectar al medio ambiente mediante un plan estratégico presentado ante el Gobierno. Sin embargo, el mismo se niega a respetar la fauna y la naturaleza”, dijo.

“El Estado no quiere respetar el plan estratégico, no quiere aceptar. Se presenta un proyecto para evitar que se haga daño a la flora, la fauna y el agua más que todo; y en eso hemos trabajado ya que las empresas hacen daño en las quebradas, las contaminan y las secan y no queremos que pase eso”, recalcó.

Según Oquenday, es falso que la APG IG esté pidiendo 20 millones de dólares como denunciaron autoridades de Gobierno, las que responsabilizan a las autoridades de la APG IG, asesoradas por la ONG Nizkor, de obstaculizar la construcción de las obras de ampliación del GVT. “Es falso que estemos pidiendo 20 millones de dólares. Lo único que queremos es proteger nuestro medio ambiente y tenemos derecho a que nos tomen en cuenta esta petición”

También dijo que la ONG Nizkor asesora a la APG “de manera voluntaria”. “No reciben nada de sueldo, nada de nada. No tenemos nada de eso y es por eso que nosotros tratamos que en nuestro trabajo nos asesoren bien y no nos equivoquemos, pero sí tendrían algún apoyito de algunas comunidades y no con tanta exageración”, reveló.

Oquenday también dijo que la preocupación principal de los pobladores guaraníes es que “no hay proyectos de gas a domicilio y no hay gas. Lo raro es que vivimos sobre el gas y no hay nada y nadie dice nada de eso. Lo único que queremos es eso. Al parecer, hay una dejadez de las autoridades, pero este proyecto vamos a presionar para que se haga por el bien del área rural”, puntualizó.

La autoridad guaraní dijo también que las comunidades guaraníes de Yacuiba reciben diez mil dólares para cada comunidad, los que se invierten en proyectos de crianza de gallinas, chanchos cabañeros y otros. Añadió que se han realizado ampliaciones de granjas con el apoyo del municipio y de la subgobernación. Las declaraciones de Oquenday revelan que el Estado boliviano, vía los municipios y la Gobernación, actúan y tienen presencia activa en la zona, coordinando con la población nativa.

¿Servidumbre o expropiación?

Esa es la cuestión, y parece no gustarle a la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guazu (APG IG). El debate parece centrase en si corresponde que YPFB, que es “la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización” por cuenta del Estado boliviano, le corresponde firmar “acuerdos” con la APG IG, documentos típicos en materia relaciones exteriores entre Estados, para reconocer el pago de “servidumbres” por instalarse y/o transitar por la zona guaraní del territorio boliviano o, por el contrario, aplicar la potestad estatal de expropiar, previo pago de un justiprecio, las áreas de terreno necesarias para efectuar las instalaciones y el tendido de ductos que sean necesarios, más aún si están destinados al abastecimiento de energéticos para consumo interno.

Según jurisconsultos, corresponde al Estado boliviano, en el caso de la APG IG, que ostenta un derecho comunitario sobre las tierras que ocupan sus pobladores, la aplicación de la facultad expropiatoria reglada por los artículos 56 y 57 constitucionales, que establecen:

Artículo 56. I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.

Articulo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa…

APG IG reconoce que envió un documento “privado” a YPFB exigiendo pago de “servidumbres”

La Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) envió un comunicado, vía correo electrónico, a este medio de comunicación en el que confirmó que envió en marzo de 2011 a YPFB una propuesta de convenio que contenía la exigencia del pago de servidumbres a YPFB por las obras y ductos que ésta debe construir y tender en esa zona guaraní de Bolivia. También confirmó que en ese documento se pretendía incluir la obligación de YPFB de someterse a normas internacionales, además de otras nacionales. La pretensión de la APG IG/Nizkor era negociar “confidencialmente” esos términos.

“El Diario El País [de Tarija] ha publicado el 06 de enero de 2012 información según la cual han tenido acceso a un documento privado presentado por la APG IG a YPFB Transporte SA (ex Transredes SA), el que presuntamente corresponde a un borrador enviado a la apoderada de YPFBT SA (ex Transredes SA) el 21 de marzo de 2011, Señora Sintia Yáñez”, inicia la nota.

“En relación con este documento, YPFBT SA (ex Transredes SA) nunca dio respuesta alguna, argumentando verbalmente que el Ministerio de Hidrocarburos había ordenado que no se negociara con la APG IG, versión que se corresponde con la notificación realizada a la APG IG por Petrobras Bolivia SA mediante carta a esta organización indígena. Por lo tanto, usar para información pública un documento que es un borrador y que no está en negociación es una prueba más de la manifiesta mala fe de la sucesora legal de Transredes SA y del Diario ‘El País’”, acusa la APG IG, en un documento que no tiene firmas de responsables y esta vez no aparece tampoco la firma o sello de la ONG Nizkor ni de su responsable, Gregorio Dionis.

La APG reconoce haber propuesto el cobro de 2.500 dólares por hectárea por año por la servidumbre “de ocupación”, así como pagos por acordarse por concepto de servidumbre de vía y de ductos.

También reconoce y detalla que exigió en la cláusula “5.1.1 Normas Internacionales, tratados, convenciones y acuerdos” que YPFB se obligue a cumplirlos plenamente los siguientes:

Normas internacionales, tratados, convenciones y acuerdos:

i) Declaración Universal de Derechos Humanos;

ii) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

iii) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales;

iv) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

v) Convenio (N. 169) de la Organización Internacional del

Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes;

vi) Las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) de la OIT;

vii) La Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas (conocida por sus siglas en inglés “EITI”);

viii) El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Pacto Global);

ix) Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales;

x) El Convenio sobre la Diversidad Biológica;

xi) Las Directrices de la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo, incluido el Informe No. 2.74/265 de Agosto de 1997, “Principles for impact assessment – The environmental and social dimension”;

xii) El Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Estas obligaciones se las plantea, además, en un contexto “sui géneris”: La APG IG se auto define, según la propuesta “confidencial”, en “una Organización Indígenas representada por un Directorio elegido periódicamente conforme a los usos y costumbres de las Comunidades (en adelante “el Directorio”) y legalmente constituida y reconocida por el Estado boliviano que tiene como finalidad principal lograr mejores condiciones de vida para la población indígena a la cual representa en el marco de la reivindicación histórica de sus derechos ancestrales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; asimismo, tiene la representación exclusiva ante las empresas multinacionales, nacionales o locales cualquiera sea su actividad, que actúen, pretendan actuar, o realicen o pretendan realizar, cualquier actividad legal en el Territorio Comunitario de Origen y/o Tierra Comunitaria de Origen (“TCO”)”.

Lo anterior confirma la virtual constitución de “Estados” al interior de Bolivia, prohijados por la propia Constitución Política del Estado “plurinacional”, que contrasta con la declaración de Estado “unitario” al boliviano, y alienta la división y disgregación del país, según analistas consultados. La APG IG, asesorada por la ONG Nizkor, firmó el pasado año un Acuerdo de Amistad con Repsol YPF, reconocido también por transnacionales petroleras como British Gas y PAE, en virtud al cual se constituyó luego un Fondo de Inversión de 14,8 millones de dólares depositados en Brasil, a favor de la APG IG. También, el pasado año, se aceleraron las obras de ampliación de la planta Margarita, en previsión a incrementar los volúmenes de exportación de gas a Argentina desde el campo Margarita, operado por Repsol YPF y, simultáneamente, la misma APG IG planteó a YPFB condiciones como las contenidas en el “borrador” confidencial que impiden hasta ahora la ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija, lo que pone en riesgo a Tarija de sufrir severos racionamientos de gas.

El exministro de Hidrocarburos y Energía de Evo Morales, Andrés Soliz Rada, en una nota de opinión publicada ayer, advirtió que “el convenio APG IG – Repsol abre perspectivas de otras alianzas con el indigenismo en América Latina a sus empresas asociadas, como la Exxon Mobil, de Rockefeller, considerada la compañía extractivista que más genocidios y conflagraciones internacionales ha causado en la historia de la humanidad”.