La pretensión de la Asamblea del Pueblo Guaraní – Itika Guasu (APF -IG) de condicionar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la construcción de la ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija (GVT) a que se les pague una suma cercana a los 20 millones de dólares por concepto de servidumbres y compensaciones. ha provocado que dirigentes del sector transporte, autoridades y políticos exijan a las autoridades nacionales intervenir de manera urgente en la solución del asunto y garantizar la pronta construcción de las obras, dado que, según el gerente de Emtagas, Alejandro Gallardo, en mayo de este año se empezará a sentir la falta de gas para Tarija, hecho que afectará principalmente al sector industrial, doméstico y de consumo vehicular.

La demanda de gas en la ciudad de Tarija se incrementa día a día, tanto en el área urbana, rural e industrial, como también en el sector de auto transporte de acuerdo a proyecciones de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas). Según las previsiones de la empresa distribuidora de gas, podría ocurrir un colapso en la temporada de estiaje a partir de mayo. Esto afectará a las principales empresas.

Según Gallardo, hoy mismo se necesitan 15 millones de pies cúbicos diarios de gas para cubrir la demanda en Tarija; no obstante, la capacidad actual del gasoducto Villa Montes -Tarija (GVT), sólo transporta 13.8 millones de pies cúbicos por día, lo que refleja un déficit de aproximadamente1.2 millones de pies cúbicos de gas diarios. Este déficit se agravaría en cinco meses más.

Gallardo explicó que la solución es la ampliación del gasoducto en su tercera fase con lo que llegaría a abastecer 68 millones de pies cúbicos diarios. “Se cuenta con el proyecto, presupuesto, empresa ejecutora, pero sin embargo no se tiene la licencia ambiental, que debe ser aprobaba por la Asamblea de Pueblos Indígenas Itika Guasu (APG-IG)”, recordó.

En este sentido reveló que están realizando una serie de gestiones para poder viabilizar el proyecto, resaltó que se necesita que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) Transportes se siente con la Asamblea de Pueblos Guaraníes del Itika Guasu para realizar el proceso de participación y consulta que dará curso a la emisión de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Ambiental competente.

En todo caso adelantó que junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), coordinan las previsiones. “No sabemos si saldrá la licencia, y (aún) si sale, se concluirán los trabajos a tiempo”, advirtió Gallardo a tiempo de adelantar que un plan de contingencia afectará en primer lugar al sector industrial, en base a un cronograma de racionamiento en distribución de gas natural por redes.

Según proyecciones los meses críticos son desde mayo a agosto, donde existe mayor consumo de gas, además comienza la época de estiaje, se prenden las turbinas de San Jacinto, todos los clientes del gasoducto incrementan su demanda.

Ayer el dirigente de los transportistas tarijeños, José Larrazábal, exigió que las autoridades nacionales “tomen cartas en el asunto” y anunció una próxima reunión con el secretario departamental de Hidrocarburos, Dino Beltrán, para interiorizarse de las acciones que éste debe tomar para acelerar la construcción de la ampliación del gasoducto.

En días pasados se denunció una actitud contradictoria de la APG IG/Nizkor. Por un lado, han facilitado la ejecución rápida de la ampliación de la capacidad de procesamiento de gas y líquidos de la Planta Margarita, así como el tendido de gasoductos desde los pozos hasta esa planta, donde se trabaja 24 horas diarias contínuas, para facilitar la exportación de gas a Argentina, pero por otro obstaculizan con pedidos que han sido denunciados de ilegales, la construcción de gasoductos internos para atender la creciente demanda de la población boliviana.

Repsol YPF, que es operadora del Campo Margarita, de donde se exportará mayores volúmenes de gas a Argentina, ha pagado, a su vez, un Fondo de Inversión de 14.8 millones de dólares a la APG IG que ahora impide la construcción de gasoductos internos.

Larrazábal: “la soberanía del país no debe ser gobernada desde afuera”

¿Tiene derecho la APG IG o cualquier empresa, ciudadano u organismo de cobrar “servidumbres” al Estado boliviano para que éste pueda construir carreteras, gasoductos, oleoductos u obras de interés general? Ese el debate abierto tras conocerse la intención de la APG IG/Nizkor de cobrar tres tipos de servidumbre a YPFB por obras del gasoducto GVT.

Expertos consultados al respecto afirmaron ayer que de reconocer el Estado boliviano el pago de “servidumbres” dentro de la propia jurisdicción nacional, constituiría un reconocimiento explícito de que la nueva Constitución no rige, dado que se estaría fracturando la unidad territorial de Bolivia. Recoraron que cuando se contruye una carretera, el Estado indemniza a los propietarios de las áreas por las que pasará el derecho de vía y, por esa vía expropiatoria, se hace dueña de la faja de vía, pero no paga servidumbres, concepto que se aplicaría, por el contrario, si se transitara por territorio ajeno al boliviano, lo que obligaría a una negociación con otros estados.

Pero hay un ruidoso silencio al respecto entre las autoridades nacionales, incluyendo YPFB, salvo Fernando Vincenti y Luis Lafuente, quienes en su momento alertaron de las intencion es de la APG IG/Nizkor. El silencio es tal que ayer mismo el secretario ejecutivo del Autotransporte 15 de Abril, José Larrazábal, luego de expresar su molestia al conocer la intención de cobro de $us.20 millones para autorizar las obras, urgió a las autoridades del Órgano Legislativo a tomar cartas en el asunto.

Larrazábal señaló que la pretensión de cobro resulta ilógica siendo que todo el proyecto cuesta 23 millones de dólares, la suma de la ampliación del gasoducto Villa Montes-Tarija se duplicaría. “Los asesores de esta APG están sobrepasando las atribuciones. En esta situación el Ministerio de Hidrocarburos debe tomar cartas en el asunto”, exigió Larrazábal.

“En primer lugar existe una gran preocupación al tomarse atribuciones o potestades que son de exclusiva participación del Estado boliviano. Como segundo punto la soberanía del país no debe ser gobernada desde afuera, los derechos constitucionales del Estado están siendo vulnerados. Debemos procurar una urgente investigación a través de la Cámara de Diputados o a través del Poder Legislativo”, exigió Larrazábal.

El dirigente informó que el lunes 9 de enero se analizará la situación de manera conjunta con el Secretario de Hidrocarburos, Dino Beltrán pretendiendo interiorizar en el tema para especificar a qué hacen referencia con “servidumbres”. Larrazábal explicó que los asesores de la APG antes que cobrar deberían apoyar para que se autorice el GVT, ya que es seguro que a partir de mayo se tendrán problemas respecto a la provisión de gas natural.

Destacó que el pasado jueves se sostuvo una reunión con los representantes de transporte de Yacuiba y se les transmitió la preocupación y se coordinó que si es necesaria cualquier medida se contará con su apoyo. Indicó que se encuentran sorprendidos por estos pagos extras manejados desde afuera del país y se intente chantajear al Estado.

Para el analista en asuntos energéticos, Boris Gómez, este tipo de conflictos responden a que no se cuenta con una ley actualizada de Hidrocarburos, “¿Cómo es posible que en tantos años de administración no se haya podido deliberar una nueva ley de hidrocarburos en el parlamento?”, cuestionó.

“Tarija tiene la bandera por lo que debería presentar ya el proyecto de ley de hidrocarburos al parlamento boliviano, la visón tarijeña para Bolivia de lo que tiene que ser la energía para de aquí unos 50 años, caso contrario Tarija quedará relegada a pequeños proyectos”, exhortó Gómez.

El asambleísta por Camino al Cambio, CC, Johnny Torres manifestó que esta situación terminará por convertir al área donde viven pobladores guaraníes tarijeños en un Tipnis y recomendó al gobierno a encontrar una solución urgente.