Nadie puede negar que nosotros, los regantes de Bolivia, organizados desde la Guerra del Agua del año 2000 como Asociación Nacional de Regantes, hemos sido protagonistas e impulsores de muchas propuestas importantes dentro del proceso de transformaciones democráticas que vive el país. Hemos sido protagonistas de primera línea en las luchas contra la privatización del agua en Bolivia y desde nuestras filas han nacido propuestas como la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y todo el capítulo referido a los recursos hídricos que se discutió en la Asamblea Constituyente. Los regantes hemos sido constructores de la Agenda del Agua en Bolivia, y por eso creemos que tenemos derecho a pronunciarnos sobre el curso actual del todavía denominado “proceso de cambio”.


2007: el fin y el principio

Para entender la problemática del agua dentro del proceso de transformaciones democráticas en Bolivia es necesario remitirse al año 2007, año en el que se aprueba la Ley de Mancomunidades Sociales. La aprobación de esta ley tiene la importancia de demarcar dos tiempos distintos en los temas del agua: es en 2007 cuando se puede decir que culmina el periodo de privatización del recurso agua en el país y comienza otro, el de la construcción y aplicación de la Agenda del Agua como parte del proceso de cambio.

Hasta el año 2007 el manejo de los sistemas de agua en Bolivia se encontraban bajo administración privada. Este sistema fue concebido por la llamada cooperación internacional: la GTZ alemana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Estas instituciones, con el beneplácito del neoliberalismo, no solo entregaron la administración del agua a empresas transnacionales como Aguas del Illimani o Aguas del Tunari, sino que inclusive diseñaron toda una estrategia para eliminar los sistemas de agua potable de las organizaciones sociales y de las comunidades campesinas, a través de la organización de las llamadas “mancomunidades”, creadas e imaginadas en prácticamente todas las regiones del país, y que no eran otra cosa que sociedades anónimas mixtas cuyo objetivo era administrar el agua bajo un enfoque privatizador.

2007, como ya se ha dicho, es también el año de la construcción y materialización de la Agenda del Agua, aquella que había nacido siete años antes, en las masivas movilizaciones tanto de la Guerra del Agua en el 2000 como de las grandes movilizaciones de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto (FEJUVE). No es poco lo que se ha avanzado desde ese año. Tenemos la ya mencionada Ley de Mancomunidades Sociales y existe el Ministerio del Medio Ambiente y Agua; hay un capítulo en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) dedicado a los Recursos Hídricos, donde se define al agua como “un derecho fundamentalísimo para la vida” y se establece que “estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus respectivos servicios no serán concesionados y estarán sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a ley”; está la Ley de Riego, la Ley de Áridos y dos importantes resoluciones de la Superintendencia de Saneamiento Básico que ponen en vigencia las licencias y registros en el sector agua potable y saneamiento básico.

Los avances en la construcción de la Agenda del Agua, además, no solo están constituidos por ese conjunto de normas y disposiciones legales, lo más significativo e importante es el sentido, el contenido, los conceptos que se manejan en esa normativa. Aquí deben anotarse dos de esos conceptos centrales. En primer lugar, el respeto a los usos y costumbres, a la forma de manejar y de hacer gestión sobre el agua de los pueblos indígenas campesinos originarios. En segundo lugar, en esas normas se define claramente que la gestión del agua es una gestión completamente social, pública y comunitaria; se define igualmente un marco institucional donde lo trascendente es la participación social, una participación de carácter decisorio. Esto último es central porque no se trata de una participación que figura solo en los papeles, se trata de una participación social efectiva en la toma de decisiones en el Directorio del Servicio Nacional de Riego (SENARI), por ejemplo; se trata de una participación real en los Comités Técnicos de Registros y Licencias (CTRL) y en espacios institucionales como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).

Debemos destacar, en especial, la Ley de Áridos, no sólo porque se trata de la primera ley en Bolivia que obliga a los municipios a regular la explotación de áridos (arena) y agregados (piedras) que se encuentran en los lechos de los ríos, sino porque establece —a propósito de la participación social y de la consulta a la gente— que las decisiones que tomen las comunidades serán vinculantes para el Concejo Municipal de cada municipio, es decir, que estos concejos están obligados a asumir las decisiones de la comunidad. Esto es, sin duda, un avance significativo, más aún ahora cuando se ha vuelto a discutir el tema de la consulta a pueblos y comunidades.

Parálisis y retroceso

Como se advierte, por todo lo señalado, hubo desde el año 2007 un importante y significativo avance en lo que los regantes, junto a los movimientos sociales, llamamos la Agenda del Agua de este proceso de cambio. Sin embargo, los regantes sentimos hoy, a fines de 2011, una enorme frustración y desaliento. Sentimos que ese notorio avance en la materialización y ejecución de esa Agenda no solo se ha paralizado, sino que se ha comenzado a producir un preocupante retroceso —y hasta podríamos hablar de un verdadero sabotaje— en el funcionamiento e implementación de esas grandes conquistas que se ha logrado. Y tenemos que señalar que la responsabilidad de ese retroceso es el propio Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el propio Presidente del Estado Plurinacional. Existen hoy, en la actual gestión de gobierno, sectores y personas relacionadas con el viejo modelo privatizador de la gestión del agua en Bolivia, hasta el extremo que podemos afirmar claramente que hoy, a seis años de inaugurado el proceso de transformaciones democráticas, nuevamente la cooperación alemana, la GTZ, la principal impulsora de la privatización del agua en nuestro país, ha retomado el control del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Hay una serie de hechos concretos y específicos que nos permiten identificar la paralización y retroceso en la implementación de la Agenda del Agua, todos ellos documentados y presentados al Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna de su parte. El primero de ellos, ocurrido ya en 2010, es la obstaculización por parte del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego a la creación de los Servicios Departamentales de Riego, tal como señala de manera prioritaria la Ley de Riego. Una acción directa de este Viceministerio sobre el Gobierno Departamental de Cochabamba, por ejemplo, ha impedido su concretización, a pesar de las muchas movilizaciones promovidas por la Federación Departamental de Regantes.

Otro hecho concreto que expresa claramente cómo ha quedado trunco el proceso de construcción del marco institucional de la gestión del agua en el país es la creación de los Comités Técnicos de Registros y Licencias (CTRL) en cada uno de los nueve departamentos. Hasta ahora, solo se ha constituido ese Comité en Cochabamba. Son estos Comités —una demanda surgida en la Guerra del Agua del 2000, fundamental para los regantes— las instancias que deberían jugar hoy un papel importante en el fortalecimiento de los sistemas de agua potable de las organizaciones sociales, ya sean urbanas o rurales. Y es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la que fuera Superintendencia de Saneamiento Básico, la que debería constituirlos.

Resulta muy difícil entender cómo es posible que en el actual “proceso de cambio” aquellas entidades que son precisamente las que le dan sentido a ese proceso, las que nacen de la iniciativa de las organizaciones sociales y de las movilizaciones con el objetivo de crear una nueva institucionalidad de la gestión del agua en el país, no reciban el respaldo del Gobierno nacional para fortalecerse y entrar en pleno funcionamiento. No entendemos cómo es posible que, a pesar de seis años de gestión de gobierno, instituciones privatizadoras del agua como la GTZ y ProAgro tengan una capacidad institucional —en términos de presupuesto y capacidad profesional— mucho más fuerte y decisoria que el propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Loteadores del “cambio”

Debemos referirnos ahora a una vieja lucha que libramos desde hace muchos años los regantes en Cochabamba: la lucha por la conservación de las áreas agrícolas y de las áreas de recarga hídrica amenazadas permanentemente por los loteadores. Aunque se trata de un tema regional, creemos que tiene trascendencia nacional si se toma en cuenta, por ejemplo, que hasta la defensa del Territorio Indígenas y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es una batalla en contra la depredación y la toma de tierras a cargo, en muchos casos, de los cocaleros del Chapare.

Los regantes de Cochabamba no solo tenemos agua, también que tenemos tierras y, por lo tanto, producimos y tenemos que ver con todo lo que es la gestión de la tierra y, en consecuencia, con todo lo que es la seguridad alimentaria. Desde el año 2007 hasta el año 2008 hemos realizado una seria de movilizaciones y gestiones para poder conservar importantes áreas de recargas hídricas y áreas agrícolas en nuestro Departamento. Estamos hablando de áreas situadas en el Valle de Sacaba, en el sector del Valle Central, en lo que es Vinto; en lo que es Sipe Sipe y en el Valle Alto, es decir, Punata y San Benito. En el año 2009 logramos que gran parte de estas áreas, pretendidas desde hace mucho por los loteadores, sean declaradas tierras fiscales. Y lo hemos hecho con pruebas documentadas, señalando abiertamente, con nombre y apellido, a loteadores que se han introducido en las organizaciones sociales y campesinas con el único propósito de convertir a la tierra en mercancía. Sin embargo, hemos comprobado también que esta gente tiene el poder suficiente como para modificar —a través del tráfico de influencias— las resoluciones tanto del Tribunal Agrario Nacional como del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pues solo así se puede entender que tierras fiscales como las de El Playón, López Rancho, Combuyo o las tierras Comunitarias de Pandoja, hayan terminado en sus manos.

Hemos ocupado gran parte de nuestras gestiones como Asociación Nacional de Regantes para denunciar con documentos estos hechos; nos hemos dirigido al Presidente del Estado Plurinacional, al Vicepresidente, al Ministerio de Transparencia, a la ministra de Desarrollo y Tierras, al INRA nacional y departamental, y al Viceministerio de Tierras, y —aunque parezca increíble— no recibimos, después de casi dos años, respuesta alguna a esas denuncias, lo que no puede comprenderse sino como parcialización y hasta complicidad con los loteadores.

Es esta la actitud de parte del Gobierno la que nos causa desaliento y frustración a los regantes, es esa manera de actuar —no se hace lo que se dice— la que nos obliga a situarnos en una posición crítica frente a los conductores del proceso de cambio. Nosotros comprobamos con hechos que hay una evidente contradicción entre el discurso y la práctica: ¿cómo puede ser posible que un Gobierno que se declara “revolucionario” y defensor de la Madre Tierra no sea capaz, siquiera, de proteger las áreas agrícolas y de recarga hídrica declaradas como tierras fiscales?

Pero además, cuando nosotros planteamos abierta y claramente nuestras observaciones, ¿cuál es la respuesta que recibimos del Gobierno? La única respuesta que recibimos es que las autoridades departamentales en Cochabamba, el Gobernador entre ellos, e incluso el propio Presidente, han logrado dividir a la Federación Departamental de Regantes, han avalado y propiciado la división de nuestra organización utilizando para ello, sin pudor alguno, a sectores de la derecha política vinculados al exprefecto Manfred Reyes Villa, sectores a los que nosotros nos enfrentamos en su debido momento. No pretendemos nosotros desmerecer, por supuesto, el actuar de los compañeros cocaleros ni de los hermanos de las juntas vecinales de El Alto y otras organizaciones que han jugado un papel decisorio en el actual proceso de cambio, tal como lo hemos hecho los regantes de Cochabamba, entonces, ¿por qué se nos divide?, ¿por qué tratan de debilitarnos como si fuéramos los “enemigos” del proceso?, ¿dónde están los que realmente están loteando el “proceso de cambio”?

Algo más: no solo son las actitudes políticas del Gobierno las que están desfigurando el proceso, sino sus políticas inmediatistas, surgidas de la improvisación y al margen de la Agenda del Agua. No otra cosa significa, por ejemplo, el denominado programa “Mi Agua”. Ya en el mismo nombre de este programa se observa su inconsistencia. “Mi Agua” sugiere la idea de una gestión del agua completamente individual, individualista, cuando la propia Constitución Política señala que la gestión del agua tiene carácter social y comunitario. Se trata, además, de un programa que lo único que hace es construir sistemas de riego o mejoramiento de los sistemas de riego existentes sin que a nadie le interese si existe la capacidad real de administrar esos recursos, más aún cuando de lo que se trata es de que la gestión del agua potable y del riego estén en manos de las cooperativas, de los sistemas sociales y comunitarios y de los sistemas públicos municipales. ¿Para qué hemos creado entonces instancias como el Servicio Nacional de Riego (SENARI) y los Comités Técnicos de Registros y Licencias (CTRL)?

Es fácil advertir, entonces, que lo que hay actualmente como “políticas” en el tema del agua es un enfoque meramente coyunturalista, completamente desarrollista u “obrista”. Las “políticas” que ha asumido el Gobierno, abandonando la Agenda del Agua, consisten en mostrar obras, y en esto no hay política de cambio alguna que sea capaz de diferenciarse de la gestión neoliberal del agua. No se está desarrollando la capacidad de las entidades creadas desde la Guerra del Agua para la administración del agua. El Gobierno, a fin de cuentas, nos está demostrando que no se tiene claro de que el agua es un derecho fundamentalísimo de la vida, un derecho humano. Se ha hecho evidente, como en otros ámbitos de la vida nacional, que la actual gestión de gobierno ha defeccionado cediendo la iniciativa a los intereses del mercado y del capital antes que a los intereses de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Y la prueba de todo esto, de la opción desarrollista que se ha impuesto en el Gobierno, y ya en el plano nacional, es la carretera que se pretende atraviese el TIPNIS. Por eso mismo no es casual que sea el actual Gobernador de Cochabamba su primer impulsor y propagandista. Y por todo esto, nosotros, los regantes, tenemos razones y fundamentos para preguntarnos: ¿qué diferencia existe entre Manfred Reyes Villa y Edmundo Novillo?

Las tareas del momento

Por todo esto, los regantes en Bolivia nos hemos propuesto dos tareas, una de carácter circunstancial y otra de largo aliento. La primera de esas tareas es resistir el embate del actual Gobierno desde las bases, manteniendo la unidad de nuestras organizaciones. La segunda tarea es articular a todas aquellas organizaciones que han sido parte del proceso de cambio y que hoy sienten que ese proceso se ha tergiversado. ¿En torno a qué vamos a articularnos? En términos concretos, en torno a la Agenda de Octubre y la Agenda del Agua como programas, como acta de nacimiento de los movimientos sociales. Y, en términos más generales, buscaremos una nueva articulación de organizaciones y movimientos sociales para luchar por una verdadera implementación de la nueva CPE donde los principios fundamentales sean el respeto a la Madre Tierra y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.