Insólito. La configuración de un superestado dentro del territorio boliviano ha tomado forma en una propuesta que Gregorio Dionis, representante de la ONG Nizkor, que asesora a la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), hizo el pasado año a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa con la que pretende firmar un convenio obligándole a reconocer el pago por “servidumbres de ocupación”, “servidumbres de vía” y “servidumbres de ducto” por ocupar una parte del propio territorio boliviano para las obras de ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija (GVT). Estas “servidumbres” pueden incluso ser “revocadas” si YPFB no actúa conforme a las exigencias de la APG, que se considera propietaria del territorio indígena y exige que, para transitar por él, se debe pedir previamente permisos especiales.


En el documento al que tuvo acceso El País, se estipula que tan sólo por la “servidumbre de ocupación” la APG IG/ONG Nizkor, pretende un pago de 2.500 dólares ($us) por hectárea por año. La vida útil de este proyecto, según técnicos consultados, podría ser de hasta cincuenta años. Ese precio será revisable cada tres años y se actualizará en ese período, según reza el numeral 3.3.9 del proyecto de contrato elaborado por Dionis.

Adicionalmente, según se detalla en las cláusulas décima y décima primera del proyecto de documento enviado a YPFB, la APG IG pretende cobrar compensaciones por las obras realizadas el año 2007 en la primera ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija (GVT), por un monto de $us 1.988.000, que equivalen al 10% del monto invertido en esa primera ampliación, así como el 5% del monto de la inversión que se hará en la segunda ampliación.

Entre el pago de servidumbres y las dos compensaciones exigidas, YPFB tendría que pagar casi 20 millones de dólares, lo que equivale al 90% del monto de inversión de la segunda ampliación, estimado en 22 millones de dólares. Esa es la cifra denunciada en las pasadas semanas por Fernando Vincenti, presidente del Directorio de YPFB Transportes, y Luis Lafuente, representante de Tarija en el Directorio de YPFB.

Dionis negó las denuncias de Vincenti y Lafuente y los acusó de dirigir una campaña de desprestigio contra la APG IG pero, en su momento, tampoco quiso revelar cuánto se exigía a YPFB para “autorizar” la ejecución de las obras.

“Es del todo falsa la afirmación del actual presidente de YPFB SA, Luis Vincenti, y del consejero de YPFB, Luis Lafuente, efectuadas a diarios de la ciudad de Tarija en el sentido de que la negociación está bloqueada a causa de una reclamación económica por parte de la APG IG de 20 millones de dólares. Esta declaración, deliberadamente falsa, es parte de la campaña denunciada por la APG IG en su comunicado de 15 y 22 de noviembre de 2011, donde se detalla cuáles son la razones del bloqueo, siendo además falso que la APG IG en su propuesta de negociación incluya la cifra mencionada”, dice un comunicado difundido el pasado 4 de enero y firmado por la APG IG y Nizkor. Sin embargo, el documento al que tuvo acceso El País confirmaría la denuncia de las autoridades bolivianas.

La segunda fase de la ampliación del GVT consiste en el tendido de 23,5 kilómetros de un ducto de diez pulgadas de diámetro entre Palos Blancos y Tacuarandí, en la zona del territorio indígena Itika Guasu. Con estas obras se incrementará la capacidad de transporte de gas de los 13,8 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) a 64 MMpcd. Las obras están retrasadas porque la APG IG no autoriza que se las ejecute en los tramos que atraviesan “su territorio”.