La Paz y Oruro (ABI y agencias).- El sistema autonómico vigente en el país no otorga a los gobiernos departamentales, campesinos e indígenas el derecho de administrar los recursos naturales de su territorio porque esa tarea le corresponde al Estado Plurinacional, recalcó el Presidente Evo Morales. La ministra de Autonomías Claudia Peña aclaró que los estatutos autonómicos indígenas garantizan los derechos colectivos o comunitarios, pero de ninguna manera están pensados para la creación de nuevos impuestos.

El pueblo indígena Uru Chipaya del departamento de Oruro entregó el martes al Presidente Morales el estatuto autonómico indígena de 77 artículos, cuya elaboración fue resultado del consenso entre los miembros de la comunidad. El documento se constituye en el primer estatuto indígena concluido, y permitirá que vuelvan los gobiernos indígenas a esta tierra después de 500 años, según la ministra de Autonomías Claudia Peña.

Peña informó que el proceso de elaboración de los estatutos autonómicos indígenas es el más avanzado, en comparación con los documentos de los departamentos y municipios. Explicó que en las poblaciones de Totora del departamento de Cochabamba, el municipio de Jesús de Machaca de La Paz, Pampa Ullagas y Mojocollo de Oruro, como también de Charawa en Santa Cruz, el proceso de elaboración de los estatutos está en avance con miras a una “nueva y propia gobernabilidad de cada uno de sus territorios”.

La autoridad indicó que “(la elaboración de los estatutos) es un proceso complejo que va avanzando con dificultades, pero es un proceso que va teniendo progreso concreto en la elaboración participativa de los estatutos”. Asimismo, destacó que la conclusión de la redacción del estatuto autonómico por parte del pueblo indígena Uru Chipaya fue posible gracias al proceso de cambio instaurado en Bolivia a partir de la gestión de Evo Morales.

El diputado de la circunscripción especial Uru Chipaya Benigno Quispe calificó la jornada como “histórica” porque en ninguna parte del mundo se practica la autonomía indígena – campesina y el respeto a los pueblos minoritarios. Morales destacó la consolidación del documento de los Uru Chipaya y anunció que el Tribunal Constitucional deberá ratificarlo próximamente.

Ante una masiva concentración de pobladores de la región, el Presidente Morales destacó la aprobación del estatuto en base al consenso, sin tomar en cuenta la votación, pues eso significa “unidad y no sólo de carácter social, sino en nuestro pensamiento recuperando la forma de vivir de nuestros antepasados”.

Manifestó que si unos pocos pueblos, bajo el argumento de la autonomía, se harían propietarios de los recursos naturales, dejarían a otros sin beneficios, lo cual es incorrecto. Por ello, es el Estado el que administra dichos recursos. “Está en la Constitución que los recursos naturales son del pueblo boliviano bajo la administración del Estado Plurinacional, (eso) están tratando de confundir en algunas regiones”, dijo Morales al recibir el estatuto autonómico del pueblo Uru Chipaya.

Días antes, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) consideró que la administración de los recursos naturales debe ser descentralizada en los cuatro niveles de gobierno, pero el ministro de Hidrocarburos y Energía José Luis Gutiérrez recomendó interpretar correctamente la Constitución y no “mezclar” atribuciones y roles del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales en cuanto al manejo económico de los recursos naturales. Según Gutiérrez, los recursos naturales son de propiedad de los bolivianos y administrados por Estado.

El Primer Mandatario consintió que se realicen alianzas entre el Gobierno Central y las entidades descentralizadas o desconcentradas y los gobiernos departamentales o municipales para explotar los recursos naturales, pero “lo otro (adueñarse a nombre de la Autonomía)” significaría prácticamente descuartizar al país. Por su parte, la ministra Peña aclaró que los estatutos garantizan los derechos colectivos o comunitarios y de ninguna manera están pensados, por ejemplo, para el cobro de impuestos, como se mencionó en algún momento en Uru Chipaya.

El gobierno boliviano no concibe la posibilidad de que las regiones autónomas decidan sobre sus recursos naturales, pero a mediados de año les dio facultades plenas para la aprobación de licencias ambientales para la explotación de bienes naturales.

El Artículo 25 de la Ley N 1333 de Medio Ambiente del 27 de abril de 1992 establece que todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El Artículo 95 del Decreto Supremo 29894 del 7 de febrero de 2009, referido a la Organización del Órgano Ejecutivo, determina entre las atribuciones de la Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua el diseño de políticas y normas para implementar Sistemas de Impacto de Control de Calidad Ambiental de aplicación a nivel nacional y en las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas.

El numeral 2 del Artículo 345 de la CPE establece que las políticas de gestión ambiental se basarán en la aplicación de sistemas de evaluación de impacto ambiental, sin excepción alguna y de manera transversal, a toda actividad susceptible de afectar a los recursos naturales y al medio ambiente.

La Ley Marco de Autonomías N. 031 establece que de acuerdo con la competencia exclusiva del numeral 20 del parágrafo II de los artículos 298 y 350 de la Constitución, el nivel central del Estado podrá crear y administrar reservas fiscales de recursos naturales de forma exclusiva, mientras que los gobiernos departamentales autónomos podrán ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas, suelos, recursos forestales y bosques.

El Artículo 88 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” señala que una de las competencias exclusivas del nivel central del Estado es elaborar, reglamentar y ejecutar los regímenes de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental.

El Decreto Supremo N. 902 del 8 de junio de 2011 determina que las actividades, obras o proyectos con Categoría III y IV no implican impactos ambientales significativos al medio ambiente; por lo tanto es necesario emitir la normativa legal que permita a otorgar esta Licencia Ambiental al Sub Gobernador, Ejecutivo Seccional o Ejecutivo Regional, con el objetivo de agilizar los trámites.

En ese marco, el Decreto 902 declara como representante legal al Subgobernador, Ejecutivo Seccional o Ejecutivo Regional de los Gobiernos Autónomos Departamentales, encargados de realizar la tramitación y obtención de la licencia ambiental de las Actividades Obras o Proyectos (AOPs) que se desarrollen en sus provincias, cuando correspondan a la Categoría III o IV, así como del seguimiento y cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en norma.

Desde entonces, los gobiernos departamentales y municipales pueden aprobar licencias y fichas ambientales, lo que permitirá destrabar cientos de trámites burocráticos, según el ministro de Economía Luis Arce.