La Habana y Madrid (PL).- Las medidas de austeridad fiscal adoptadas por los gobiernos europeos ahondan las brechas sociales, la pobreza, el desempleo y el desamparo, sin conseguir frenar los embates de la crisis y reactivar la economía. Desde las sonadas protestas del 15 de mayo en más de medio centenar de ciudades españolas, que dieron la vuelta al mundo, las calles y plazas de Italia, Reino Unido y España no han dejado de abarrotarse de multitudes que expresan, casi a diario, su desilusión con el actual estado de cosas.

Ni Reino Unido ni Grecia, por ejemplo, han logrado revertir con signos positivos la recesión, cuanto más un leve asomo de crecimiento, mientras se derrumba el sistema de protección por parte del Estado, con costes sociales descomunales.

Los programas de recortes de gastos presupuestarios y reformas -enfiladas a achicar al máximo el sector público- se gestaron con el compromiso de las cúpulas europeas y el Fondo Monetario Internacional, mas la banca, responsable de la burbuja crediticia.

Tras la debacle financiera de 2008, los gobiernos de Islandia e Irlanda fueron pioneros en la aplicación e imposición a sus ciudadanos de las recetas “anticrisis”, extendidas luego como un manual práctico a España, Italia, Portugal y Reino Unido.

Los británicos de sectores menos favorecidos se han visto obligados a ajustarse el cinturón como nunca desde la época de la posguerra. Y no es para menos la desazón de los grupos más vulnerables como familias con más de un hijo, las madres solteras, los discapacitados y las personas sin hogar (“homeless”).

El primer ministro, David Cameron, se propuso ahorrar de las arcas públicas 81 mil millones de libras esterlinas (unos 92 mil millones de euros) con un tijerazo a los gastos y la subida de impuestos. De las medidas que más polémicas ha generado destaca la suspensión del llamado subsidio al niño, uno de los beneficios más antiguos del Estado de Bienestar británico, de ayuda a las madres por cada hijo.

Figura en planes la reducción y en muchos casos, según organizaciones denunciantes, la anulación de la asistencia por discapacidad. La actual administración conservadora-liberal quiere desentenderse también de la contribución estatal a las viviendas sociales para familias pobres. Los británicos dentro de esa categoría deberán pagar un alquiler equivalente al 80 por ciento de los precios de mercado.

Según la organización benéfica Papworth Trust, aproximadamente nueve de cada 10 discapacitados temen quedarse sin dinero para solventar la alimentación y el transporte en caso de eliminarse el subsidio. Una suspensión o reducción de las ayudas obligará al menos a un 86 por ciento de las personas con alguna discapacidad a restringir sus gastos en alimentación, transporte y las facturas por los servicios públicos.

Expertos de las universidades de York y Heriot-Watt advierten sobre el incremento de los sin techos en Reino Unido, un fenómeno sin precedentes en tal magnitud para el país europeo. La cifra que manejan es de 44.160 personas, con tendencia ascendente desde 2010.

La investigación de 120 páginas plantea entre las conclusiones un vínculo directo entre la crisis económica y el aumento de las personas sin hogar, toda vez que los recortes a los servicios públicos y las radicales reformas al sistema de beneficios sociales debilitan la red tradicional del Estado de Bienestar.

Como en otras naciones del Viejo Continente, las políticas de austeridad no solo han conseguido exacerbar el descontento de los sectores que llevan el peso de los efectos del colapso económico, sino que han fracturado el consenso entre las elites políticas.

En una carta al primer ministro, el titular británico de Comunidades, Eric Pickles, deploró los peligros que acechan a las familias vulnerables con la poda de las prestaciones sociales. Advierte en la misiva, filtrada por el periódico The Observer, que miles de familias no podrán pagar el alquiler de las viviendas y no soportarán la pesada carga tributaria.

De tal modo quedaron al desnudo las fisuras dentro del gobierno y del partido Conservador, pero al mismo tiempo se desmoronó la tesis oficialista de que los recortes no agravarían la indigencia y la pobreza infantil.

Navidades austeras en Londres

Cuando una parte del mundo celebre los festejos por Navidad, cientos de indignados londinenses acampados desde hace más de dos meses a los pies de la emblemática catedral de San Pablo mirarán con incertidumbre qué futuro les deparará el año nuevo. Influenciados por sus pares de Madrid y Nueva York, los jóvenes británicos dijeron basta a los recortes presupuestarios y al desempleo derivado de la crisis provocada, a juicio de los inconformes, por la avaricia de las corporaciones y los bancos.

El movimiento iniciado en España el pasado 15 de mayo tuvo calado a escala planetaria hasta tocar las puertas de Wall Street, y encontró su eco europeo en la marcha contra la City, sede del sector financiero de Reino Unido, en el Día de la Ira convocado para el 15 de octubre.

Bajo el lema Unidos por el cambio global, la capital británica se sumó a 950 ciudades de 82 países para secundar la jornada mundial de protestas, bajo el liderazgo del recién creado Occupy LSX (Ocupa la Bolsa de Londres). Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos y a las elites financieras a las que sirven que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro, clamaron los indignados.

En un principio, el plan de los tres mil manifestantes congregados consistía en tomar pacíficamente la Bolsa londinense para reclamar justicia e igualdad social, pero la fuerte reacción policial les obligó a cambiar de rumbo. Desde entonces, la estrategia varió y optaron por una acampada de protesta en la plaza donde se encuentra la representativa ermita anglicana de San Pablo, a unos pasos del fuertemente custodiado centro financiero del país.

Tal reacción tomó por sorpresa a las autoridades del templo protestante, quienes, incapaces de lidiar con el asunto, se sintieron amenazadas ante “el tamaño creciente y la naturaleza del campamento”. Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la imponente parroquia cerró sus puertas ante las persistentes protestas anticapitalistas, en una decisión sin precedentes en los tiempos modernos.

La catedral, al parecer más preocupada por la pérdida de sus donativos valorados en unos 37 mil dólares diarios, interpuso de conjunto con las autoridades municipales de la Corporación de Londres un requerimiento para desalojar a los manifestantes. Pero más tarde retiró la petición y reabrió tras una semana de cierre, después de superar una crisis al interior de la cúpula anglicana que se saldó con la renuncia de dos altos clérigos contrarios a una expulsión forzosa apoyada por la iglesia.

En consecuencia, la Corporación de Londres prosiguió en solitario con su demanda de desalojo ante los tribunales, acción que suscitó -como era de esperarse- rechazo en las 200 tiendas de indignados, emplazadas frente a San Pablo. El compromiso es claro: permanecer acampados hasta que el gobierno conservador del primer ministro, David Cameron, escuche nuestros reclamos, indicaron portavoces indignados.

Y todavía esperan respuestas, ya que Cameron sólo se ha referido al movimiento únicamente para expresar preocupación por las protestas. Ante tal situación, en noviembre Occupy LSX -ramificado con un nuevo campamento en la londinense Finsbury Square- replanteó sus tácticas hacia lo que consideró una ola de reposesiones públicas.

Primero, una docena de inconformes ocuparon el complejo de oficinas vacías del banco suizo UBS en la barriada londinense de Hackney para crear lo que llamaron “un banco de ideas”. La iniciativa consistió en la apertura de locales y salas de reuniones en desuso de la abandonada sede del banco helvético para aquellos que perdieron sus guarderías, centros comunitarios y clubes juveniles, debido a los recortes gubernamentales del gasto público.

En consecuencia, el fundamento de las reposesiones resultó entonces mucho más obvio: cuando los bancos embargan las casas de las familias, las propiedades vacías de los bancos deben ser reposeídas por el público, afirmaron los indignados. Partidarios de esa lógica, unos 200 inconformes irrumpieron también en Panton House, la sede de la compañía minera global Xstrata, en una incursión abonada con mano dura por la policía.

Tal acción permitió a los indignados protestar contra los altos salarios del sector corporativo, ante lo que consideraron una desigual distribución de los ingresos en favor del empresariado financiero. Mientras el Gobierno nos impone medidas de austeridad, recorta nuestras pensiones, se deterioran los servicios de salud y cierra centros juveniles, estos ejecutivos se llenan los bolsillos de dinero todos los días, denunciaron manifestantes.

No obstante, si bien la ola de reposesiones reafirmó la voluntad de acción del movimiento, en términos legales Occupy LSX afronta serias dificultades, ya que los tribunales desestimaron argumentos y cuestionaron en presunta complicidad con el capital financiero los reclamos de justicia social.

Pero la lucha continúa, en tanto diciembre se erige como un mes importante para los inconformes, con apelaciones por hacer y decisiones judiciales por escuchar en torno a las peticiones de desalojo que determinarán el curso de los próximos acontecimientos.

Por ello, mientras en la City algunos brinden con champaña la llegada del Año Nuevo, a unos metros de allí, a los pies de la catedral de San Pablo, en medio de la incertidumbre, el llamado 99 por ciento quizás no tenga copas finas para festejos, ni razones halagüeñas a fin de celebrar en unas Navidades austeras.

Italia impone austeridad versus protestas

El paro protagonizado el 6 de septiembre último por la Confederación General del Trabajo (CGIL) paralizó el país durante ocho horas por tierra, aire y mar tras la participación de miles de trabajadores del transporte, la producción y los servicios. Las ciudades con mayor convocatoria fueron Roma, Milán, Nápoles y Turín, seguidas de decenas de otras urbes italianas que marcharon en protesta por los planes del ex primer ministro Silvio Berlusconi, de reducir en más de 45 mil millones de euros el gasto público.

Al igual que España, el senado italiano dio el visto bueno, en primera instancia legislativa, al plan gubernamental, lo cual fue otro motivo de manifestaciones en las calles de Roma y de la intervención de la policía con gases lacrimógenos y porras. Nunca antes brotó en Europa una expresión contestataria de tal afinidad y fuerza como hoy contra las elites en el poder. Una marea de descontento social rebasa fronteras y tintes políticos frente a las políticas económicas.

Con poco más de un mes en el poder, el gobierno tecnócrata del primer ministro italiano, Mario Monti, ya enfrentó la dura realidad de las calles, donde miles de trabajadores, convocados por los sindicatos, protestaron contra un nuevo plan restrictivo. La CGIL, la Confederación Italiana de Sindicatos (CISL) y Unión del Trabajo (UIL), los tres principales gremios del país, se unieron por primera vez en muchos años para rechazar medidas vistas como incomprensibles y desiguales.

Los trabajadores salieron a las calles luego de que fracasaran negociaciones con el Gobierno, empeñado en promover ajustes superiores a los 33 mil millones de euros para sanear las finanzas públicas italianas, a más tardar en 2013. Las principales preocupaciones de las asociaciones obreras radican en los efectos de los aumentos de impuestos y los recortes de jubilaciones a las personas de bajos ingresos, que entrarán en vigor en enero próximo.

Tras concluir las recientes negociaciones con el Ejecutivo, la secretaria general de la CGIL, Susanna Camusso, afirmó que de Monti solo obtuvieron un compromiso genérico de lo que tendría en cuenta respecto a las modificaciones solicitadas por los sindicatos. Camusso señaló que Italia se encuentra ante una situación de extrema gravedad en el plano social. Los trabajadores y los jubilados son las categorías que pagarán el precio más alto por esta crisis, agregó.

En un distendido diálogo, efectuado una semana atrás, el jefe del Gobierno trató en vano de convencer a las confederaciones sindicales sobre su proyecto anticrisis para hacer frente a la colosal deuda de la nación, estimada en 120 por ciento de su Producto Interno Bruto.

La situación es de extrema urgencia financiera y requiere de reformas, declaró Monti, cuyo gabinete sancionó el pasado 4 de diciembre su primer plan de austeridad. Los principales desacuerdos entre Gobierno y sindicatos radican, precisamente, en los cambios al sistema de pensiones y jubilaciones, que registraría un aumento de los años de cotización.

El gabinete también quiere recortar el gasto de las administraciones locales en unos cinco mil millones de euros, reducir las prestaciones de sanidad en otros dos mil 500 millones y subir los impuestos en tres puntos porcentuales. Esa última medida ya estaba contemplada en uno de los dos programas de austeridad adoptados por el ex primer ministro Silvio Berlusconi, aunque en el actual caso se adelanta para el próximo año. Inicialmente la poda estaba prevista para 2013.

Italia está en una disyuntiva; o elige los sacrificios necesarios o un Estado en bancarrota y un euro destruido, subrayó el primer ministro al tiempo que pidió a los trabajadores y al empresariado tirar de una misma cuerda. Los ciudadanos, que exigieron y luego celebraron la caída de Berlusconi, saludaron la llegada al Palacio Chigi de un hombre serio, aunque ya empiezan a preocuparse.

Los sindicatos aceptan la necesidad de más austeridad, pero manifiestan que el plan de Monti es injusto al buscar recaudaciones de dinero a costa de las personas con menores ingresos, en lugar de aumentar las contribuciones a los ricos, muchas de las cuales siguen intactas.

Es catalogada Italia como la nación de la evasión fiscal. Según los últimos cálculos, el efugio se ha multiplicado por cinco en los últimos 30 años. Recientes declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Enrico Giovannini, confirman que el dinero salido a modo de subterfugio de las arcas públicas supone entre el 16,3 por ciento y el 17,5 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Monti, economista y ex comisionado europeo, tomó el poder en noviembre y en pocos días preparó un durísimo plan de ajuste, para dar respiro a la alicaída economía italiana. El primer ministro sigue repitiendo que el ajuste es indispensable para evitar el derrumbe de Italia y con ella de toda Europa, los sindicatos manifiestan su descontento con jornadas masivas de huelgas como la de tres horas, ocurrida el lunes último.

Esa fue la primera gran movilización contra el plan de Monti, pero proseguirán, afirman los sindicatos de casi todos los sectores del país, salvo los que por razones legales no pueden participar en los paros. Durante el transcurso de la semana también detuvieron temporalmente sus labores los trabajadores de los diferentes medios de transportes.

A diferencia de Grecia, Irlanda o Portugal, Italia constituye la tercera mayor economía de la zona euro, pero posee una deuda demasiado alta como para que Europa y el FMI intenten un rescate financiero. Tal situación genera incertidumbres en los mercados, los cuales reclaman la aplicación de medidas de austeridad dirigidas a contener el gasto público y a despertar una economía que hace una década oscila entre el estancamiento y la recesión.

España despide 2011 eclipsada por las protestas

Los españoles pasarán la página de 2011 y se adentrarán en el próximo año con un abanico de reivindicaciones que, abanderadas por el Movimiento 15-M, abogan por cambios profundos en el modelo político y económico vigente. Entusiastas defensores de las revueltas árabes, los políticos de este país europeo, salvo algunas excepciones, llevan meses haciendo oídos sordos a los pedidos de sus ciudadanos por una democracia más participativa y una salida social a la crisis.

Desde las sonadas protestas del 15 de mayo último en más de medio centenar de ciudades, que dieron la vuelta al mundo, las calles y plazas de España no han dejado de abarrotarse de multitudes que expresan, casi a diario, su desilusión con el actual estado de cosas.

Justo fueron esas manifestaciones, convocadas por Democracia Real Ya, plataforma nacida en las redes sociales de Internet, el origen de lo que luego se denominó el Movimiento 15-M y su espontánea acampada de un mes en la emblemática Puerta del Sol de Madrid.

Los indignados, como también se conocen a los simpatizantes del 15-M, han traspasado incluso las fronteras y sirvieron de inspiración a Ocupa Wall Street, plataforma que en septiembre inició sus protestas en el mismísimo corazón financiero de Estados Unidos. Sus demandas son claras: cambios profundos en el actual sistema electoral, político y económico, al cual califican de corrupto.

Consideran que los partidos Socialista Obrero Español (PSOE) y Popular (PP), vencedor en las elecciones generales de noviembre último, sólo se preocupan de seguir en el poder o de alternarse en el mismo sin ofrecer efectivas soluciones a las necesidades de la gente.

Los desencantados propugnan, además, una democracia más participativa, la abolición de la monarquía parlamentaria y una reforma de la ley electoral que, sostienen, favorece el bipartidismo (PSOE-PP). Denuncian que las instituciones que dicen representarlos se han convertido en meros agentes de administración y gestión al servicio de las fuerzas del poder financiero nacional e internacional. La democracia, subrayan, emana de corruptos aparatos burocráticos que impiden la participación ciudadana.

Como culpables de esta situación señalan a quienes contribuyen al descrédito de la política y al rechazo y hastío de la sociedad: el FMI, la OTAN, la UE, las agencias de calificación y, ya en España, partidos como el PP y el PSOE.

El 15-M respaldó, además, las huelgas y movilizaciones contra los recortes en la enseñanza pública y la sanidad decretados en varias comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por la derecha, que encarnan los populares. Según las plataformas ciudadanas, los servicios públicos de los países occidentales están en el punto de mira de los mercados y el objetivo es privatizar las partes rentables y transformar el resto en sistemas de beneficencia.

El estallido de las protestas, sin precedentes en España, se relaciona con la prolongada crisis que sufre la nación ibérica y sus expresiones más visibles: casi cinco millones de desempleados y miles de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder pagar las hipotecas.

En vísperas de los comicios del pasado 20 de noviembre, este inédito movimiento popular dio a conocer una primera declaración de intenciones, consensuada por numerosas asambleas de barrios, hacia donde trasladó los debates tras abandonar su campamento en Sol.

En el texto, pide la potenciación de lo público frente a lo privado, una democracia no secuestrada por los mercados, en la que paguen impuestos los poderosos, y una persecución real de la corrupción, con la incompatibilidad, por ejemplo, de cargos públicos y privados. También solicita un cambio de modelo urbanístico alejado de la especulación y la puesta en marcha de políticas de vivienda digna, con alquiler social de las casas vacías, moratoria de desahucios y la eliminación de ayudas a la compra.

Los inconformes estiman que la llamada burbuja inmobiliaria fue el disparador de la debacle financiera en España, como antes ocurrió en Estados Unidos. Sostienen que es un problema sistémico y transversal que se sitúa en la raíz de los asuntos asociados a la vivienda, de la estafa y crisis de la banca, del recorte en inversión y deuda pública, del déficit en servicios básicos y de la corrupción política generalizada.

Creen que el movimiento es imparable y que irá a más, porque recoge la desilusión de mucha gente exasperada por la corrupción de un modelo de sociedad agotado, que no funciona -denuncian- porque el poder se lo impide. Por eso, el 15-M ya piensa en mantenerse como un foro donde pueda tener voz la sociedad civil.

Queremos recoger la indignación ciudadana de forma coordinada con otros países, para que la clase dirigente europea vea que la globalización no es sólo económica, sino también de las personas y las redes sociales, señalan sus miembros.

El creciente malestar ciudadano con las medidas de ajuste, puestas en marcha en 2010 bajo presión de la Unión Europea (UE), se evidenció, además, en las numerosas huelgas convocadas por maestros y médicos en defensa de esas prestaciones públicas.

La gota que colmó el vaso fue la aprobación de una controvertida reforma constitucional, pactada entre el PSOE y el PP, que prioriza el pago de la deuda y los intereses a los bancos por encima de cualquier gasto social. Para los principales dirigentes de la izquierda española, establecer por ley un límite de déficit fiscal es incorporar a la Carta Magna la ideología neoliberal, sin someter esa decisión a referendo y despreciando la voluntad del pueblo.

A juicio del 15-M, la medida negociada entre las dos fuerzas políticas mayoritarias fue redactada al dictado de los mercados financieros y de los gobiernos neoliberales europeos. Advirtieron que la iniciativa se toma en un país cuyo principal problema no es la deuda pública, sino la privada, fundamentalmente de los bancos.

El 14 de diciembre, miles de personas abarrotaron la plaza de Sant Jaume de Barcelona, capital de la comunidad autónoma española de Cataluña, en rechazo a los recortes de salarios y plantillas previstos por el gobierno catalán en 2012. Además de en la ciudad Condal, funcionarios y empleados públicos salieron a las calles de las otras tres capitales provinciales (Tarragona, Lérida y Gerona) para protestar contra las medidas de austeridad con las que el ejecutivo autonómico quiere ahorrar 625 millones de euros.

No a los despidos en el sector público fue el lema de las concentraciones contra el gobierno del presidente Artur Más, del partido Convergencia y Unión (CyU, derecha nacionalista catalana), que este año ya puso en marcha un severo plan de ajuste. Aumentos de tarifas en servicios básicos como el agua, la sanidad, el transporte y las matrículas universitarias forman parte del paquete con el cual Mas busca reducir el déficit fiscal.

Mediante ese impopular programa de rigor, la administración conservadora catalana estima que podría cumplir la meta de llevar el déficit público al 1,3 por ciento del Producto Interno Bruto el próximo año, como exige la Unión Europea. El gobierno regional ya aplicó en 2011 importantes recortes presupuestarios, sobre todo en el sector de la salud pública. Precisamente, esa poda fue el motivo de las dos jornadas de huelga protagonizadas en noviembre pasado por los médicos de Cataluña.

Un total de 16.500 galenos fueron llamados entonces a secundar la medida de fuerza en los 65 hospitales y 427 centros de atención primaria de ese territorio, segundo en importancia de España después de la Comunidad de Madrid. Los sindicatos consideran injusto que se pidan más sacrificios a los trabajadores, quienes en 2010 sufrieron un recorte de cinco por ciento en sus pagas y la congelación de las mismas este año.

En las protestas los manifestantes reclamaron al gobierno aplicar las tijeras en otras cuestiones, como el fraude fiscal, las dietas de los altos cargos o los automóviles oficiales. Políticos y banqueros seguirán estando en la mira de este heterogéneo movimiento popular, ante el temor de que los ajustes, iniciados por varias comunidades autónomas administradas por el PP, se extiendan a todo el país con la llegada de la derecha al poder.

* Odalys Buscarón es jefa de la redacción de Europa de Prensa Latina; Jorge Hernández y Pablo Osoria son periodistas de la Redacción Europa y Eduardo Rodríguez es corresponsal en España.