Lo que es un atropello al pueblo beniano, será presentado por el gobierno como una “lucha contra la derecha”. Lo que hay que comprender hoy es que es el gobierno del MAS el que encarna lo más concentrado de una política derechista y neoliberal.

El gobierno del MAS, utilizando a una “Justicia” absolutamente sometida, y un acuerdo con el MNR de Beni, destituyó al gobernador Ernesto Suárez. La acusación judicial fue por haber reparado un motor eléctrico sin los procedimientos correspondientes. Es decir, un hecho ridículamente menor, que además no está probado judicialmente, porque está en proceso.

Destituir un gobernador democráticamente electo por ese motivo es un atropello al pueblo de Beni, a la Constitución y a las más elementales libertades democráticas.

Aclaramos que no tenemos absolutamente ninguna afinidad política con el gobernador depuesto, que fue prefecto y diputado por ADN, el partido de Banzer, y no creemos que Suárez represente ahora ninguna propuesta positiva para el país ni para Beni.

Suárez es defensor del latifundio, al igual que Rubén Costas de Santa Cruz, y también de la presencia y dominio de las transnacionales imperialistas. Forman parte de la corte de políticos proimperialistas, defensores de la gran propiedad terrateniente. Pero, en esto no son diferentes del MAS actual y específicamente del gobierno de Evo Morales. Ni tampoco del nuevo gobernador de Beni,¡perteneciente al gonismo!

Repudiamos la destitución de Suárez no porque coincidamos con él, sino porque creemos que es el pueblo de Beni el que debe resolver sobre su gobierno, máxime existiendo las autonomías como dice la Constitución.

Comparemos, por ejemplo, con lo sucedido el 11 de enero del 2007 cuando una gran movilización campesina obligó a escapar a Manfred Reyes Villa, gobernador de Cochabamba. El gobierno del MAS defendió que Manfred volviera al gobierno, pese a que se había apoyado en grupos semifascistas para atacar, herir y matar campesinos.

En ese momento Manfred era, junto a Rubén Costas, Leopoldo Fernández y otros, de la llamada Media Luna que impulsaba una autonomía de hecho divisionista. Pero el gobierno del Evo Morales defendió su restitución porque ya entonces buscaba un pacto con la Media Luna, el que finalmente se produjo en 2008, con la reforma sustancial de la Constitución, introduciendo la constitucionalización del latifundio y de los contratos con las petroleras transnacionales.

La Protesta no está en contra de la destitución de un gobierno nacional, departamental o municipal por la decisión y movilización popular. Los intereses capitalistas, en Bolivia y en otros países, suelen hacer lobbys para que se aprueben leyes y normas que a menudo van contra los trabajadores y el pueblo. Esto lo hacen mediante la captación de los representantes electos, en los que el pueblo deposita su confianza y delega su mandato. Por ello es que se producen rebeliones populares como las del 2003 y 2005 y ellas son legítimas puesto que reflejan la ausencia del cumplimiento de leyes y agendas de amplios sectores de la población.

Pero en Beni la destitución del gobernador se dio “en frío”, es decir sin que hubiera ningún sector social en Beni luchando por destituir al gobernador. Ningún reclamo popular para expulsarlo del poder departamental.

El gobierno del MAS actúa hoy de esa forma para intentar recrear la imagen de que tiene un oposición político de derecha, creando nuevamente una falsa polarización a escala nacional, para intentar así retener la adhesión popular que se le escurre día a día.

Con legítima razón la mayoría popular odia a la vieja derecha política. Y lo que es un atropello al pueblo beniano, será presentado por el gobierno como una “lucha contra la derecha”. Lo que hay que comprender hoy es que es el gobierno del MAS el que encarna lo más concentrado de una política derechista y neoliberal.

Por lo expuesto, y sin que signifique ningún apoyo político, apoyamos el reclamo de sectores populares benianos de que se respete el mandato del gobernador Ernesto Suárez y que sea repuesto en el cargo. Y estamos en contra de la destitución por medio de golpes de estado judiciales de autoridades electas porque respetamos en su real contenido la soberanía popular.

Atropellos “legales”

En 2010, el gobierno del MAS logró aprobación parlamentaria de la que se denominó ley corta de autonomías, que en su artículo 8 establece que un alcalde o gobernador puede ser suspendido del cargo con mera acusación formal, antes de que el juicio concluya y, por tanto, antes de ser hallado culpable. Esto viola la Constitución Política del Estado y un principio legal internacional: nadie puede ser señalado como culpable hasta que un juez emita sentencia después de un juicio que tenga características de debido proceso.

Mediante el uso de esta norma, y la utilización abierta de fiscales adictos, el gobierno del MAS ha destituido a actividades locales o regionales opositoras.

Esta es la norma que utilizó ahora para suspender al gobernador de Beni, Ernesto Suárez, sin que se haya comprobado legalmente que cometiera acciones delictivas. También el alcalde de La Paz, Luís Revilla del Movimiento Sin Miedo, se encuentra amenazado por la misma legislación.

La utilización de la Justicia con fines de intimidación o castigo político no sólo afecta a opositores de los partidos tradicionales. También amenaza al movimiento popular. Se han iniciado acciones legales contra las mujeres indígenas acusadas del “secuestro” del canciller David Choquehuanca, durante la marcha indígena, pese a que el propio canciller dijo que no fue secuestro.

Se ha amenazado a dirigentes obreros y populares con juicios basados en acusaciones absurdas, como a Jaime Solares, dirigente de la COD de Oruro (acusado de haber vuelto a trabajar como minero en Huanuni, pese a que en la “relocalización” había prometido no volver…) y a Fanny Nina (a esta última la acusaron de la espontánea rebelión popular contra el gasolinazo en diciembre del 2010).

El MAS ha impulsado una legislación represiva que aún no ha utilizado plenamente pero que son una amenaza a las libertades democráticas conquistadas por el pueblo.

Entre estas leyes podemos mencionar:

El dominio directo por el gobierno de todas las autoridades judiciales, elegidas por el Parlamento con mayoría masista y que sólo fueron votadas con votos positivos del 34% de los ciudadanos habilitados para votar. Así convirtieron un principio democrático, como lo sería el elegir popularmente las autoridades judiciales en una burla a la democracia, continuando con la nefasta tradición del Estado republicano boliviano de someter a la Justicia a los intereses políticos oficialistas, antes con el “cuoteo” entre los viejos partidos, ahora con la mayoría Parlamentaria oficialista y un fraude electoral.

Hay en agenda masista una modificación a la ley de trabajo que condena toda protesta violenta, sin especificar que es “violenta”. De esta forma se sancionaría cualquier movilización con bloqueos u ocupación del lugar de trabajo. Es decir una criminalización de la protesta como se ha hecho ya legalmente en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y otros países.

Ley Número 003 o “Ley corta” del Órgano Judicial y Ministerio Público. Esta Ley permite y habilita al Poder Ejecutivo al nombramiento de jueces y fiscales de forma temporaria e interina, impidiendo el derecho a un juzgador imparcial de carrera.

Ley número 004 o Ley de Lucha contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, suspende la presunción de inocencia: Con esta característica que posee la Ley desde el 2010 se ha perseguido a todo opositor que haya sacado alguna franja de votos tales como el caso de Joaquino y otros.

Ley número 007 o Ley modificatoria del Código de Procedimiento Penal. En esta ley se incorpora al ordenamiento jurídico figuras que atentan algunas convenciones protegidas por el sistema interamericano de justicia, tales como el hecho de autorizar el juzgamiento retroactivo y el juzgamiento luego de la caratulización en rebeldía.

Ley número 045 o “Ley antirracismo”. En su Artículo 16 se penaliza el derecho a la información y a la libre expresión.

Algunos de estos “avances” legales represivos son poco conocidos e incluso se hicieron, en algunos casos con complicidad de los partidos de la vieja derecha y/o inspirados en ejemplos internacionales (como es el caso de intentar criminalizar la protesta). Pero en todos los casos son un atentado a las libertades populares, por lo que los denunciamos y reclamamos derogación de esta legislación antidemocrática.